Interior intensificará el control de fronteras, alquiler de vehículos o casas y la venta de bombonas

Zoido preside la reunión del pacto antiyihadista./EFE
Zoido preside la reunión del pacto antiyihadista. / EFE

Las medidas del Pacto Antiterrorista buscan «evitar vacíos» tras el informe del CITCO sobre el atentado en Cataluña y una «novedosa» instrucción en seguridad

AGENCIASMadrid

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha anunciado en el marco del Pacto Antiterrorista convocado este miércoles que impulsará una batería de medidas consensuadas con el resto de partidos políticos para mejorar el control en fronteras con cambios en la Ley de Extranjería que "eviten vacíos legales como el que impidió la repatriación tras salir de la cárcel de Castellón del imán de Ripoll", cerebro de los atentados de agosto en Cataluña.

Entre las once medidas legislativas y la "novedosa" instrucción de la Secretaría de Estado se incluye la creación de un registro documental de las personas físicas o jurídicas que hospedan en viviendas o alquilan vehículos de motor, así como mejorar el control sobre la distribución de bombonas de butano y otros elementos potencialmente peligrosos, con especial atención para que el "tráfico ilícito no financie actividades terroristas".

La intención de Zoido es que "a lo largo del próximo año vean la luz la mayoría" de estas reformas legislativas que están ya "preparadas o en fase de conclusión", lo que implica aprobación de leyes orgánicas o transposiciones de normativas europeas para mejorar la eficacia en otros aspectos como el control de pasajeros de aviones o para "identificar a personas que muestran patrones de conducta compatibles con terroristas".

Firmantes y observadores

Al Pacto Antiterrorista se ha convocado a los partidos firmantes y a los observadores, que han analizado un informe del director del Centro de Información contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), el comisario José Luis Olivera, y una instrucción en materia de seguridad del director del Gabinete de Estudios del Ministerio del Interior, coronel Diego Pérez de los Cobos.

El primero ha informado de unas conclusiones centralizadas por el CITCO en base a la documentación remitida por los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil sobre los atentados de agosto en Cataluña. Zoido se ha referido a informaciones que ya se han contado en "noticias escritas", sin entrar en detalles por tratarse de una cuestión que se mantiene bajo secreto de sumario en la Audiencia Nacional.

El imán de Ripoll

Otro aspecto polémico es si el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, era confidente policial y cómo pudo captar a los jóvenes que perpetraron la acción criminal. Sobre el cerebro del atentado, al que contactó el CNI, Zoido ha dicho que no se ha hablado "nada en absoluto". "El director del CITCO ha puesto en conexión todo lo que había pasado esos días y que no está sujeto al secreto de las diligencias", ha matizado el ministro. De todas maneras, el Gobierno contempla también distintas medidas relativas a los llamados ministros de culto de las confesiones religiosas inscritas en el Registro de Entidades Religiosas.

Aunque sin citarlo explícitamente, Zoido se ha referido a diferentes cuestiones estudiadas por el CITCO para mejorar la eficacia de la lucha antiterrorista tras el atentado en Cataluña, donde se alquilaron varios furgonetas y se utilizó la casa de Alcanar como laboratorio para fabricar el TATP (o madre de Satán), usando bombonas de butano.

El ministro ha presentado una propuesta para modificar el Reglamento de la Actividad de Distribución de Gases Licuados del Petróleo para mejorar el control de bombas de butano, así como la necesidad de abordar la nueva Ley General Penitenciaria y "algunas otras reformas para dotar de mayor eficacia a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Zoido ha anunciado que se conformará un grupo de trabajo para las reformas legales basadas en una "muy novedosa" instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad, en concreto de Pérez de los Cobos, con recomendaciones "pormenorizadas" para hacer frente a la amenaza yihadista por parte de cuerpos policiales, corporaciones locales o miembros de la seguridad privada.

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