Interior encarga un censo sobre los presos de ETA en segundo grado y su reinserción

Interior encarga un censo sobre los presos de ETA en segundo grado y su reinserción

La anterior ocasión en la que se hizo algo similar fue en la época de Aznar y acarreó el acercamiento de varios reclusos

MELCHOR SÁIZ-PARDO MADRID

Instituciones Penitenciarias encargó el pasado febrero, poco más de dos meses antes de que ETA anunciara su disolución, un censo pormenorizado y con datos personales de los internos de la banda terrorista que se encuentran en segundo grado y sus progresos en la reinserción, así como de la situación de los reclusos enfermos.

Según informan fuentes penitenciarias, la información, totalmente reservada, fue requerida, de forma confidencial, por un alto responsable de tratamiento de estos reclusos en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias -un alto funcionario de grado 28- a los directores de los centros en los que hay reclusos en segundo grado, que están situados casi todos en la mitad norte de la península.

Según la última información remitida por el Gobierno al Parlamento sobre la colonia penitenciaria etarra, el pasado abril había en las cárceles españolas un total de 235 miembros de ETA. De ellos, solo 29 reclusos estaban en segundo grado. La inmensa mayoría, 209, era presos penados en primer grado; 6 preventivos en diferentes categorías, un preso más sin clasificar y ninguno en tercer grado (régimen de semilibertad).

Fuentes del departamento que dirige Juan Ignacio Zoido reconocieron ayer la existencia de esos mails requiriendo información sobre los presos de la banda terrorista en segundo grado, aunque insistieron en que se trata de un «recuento habitual», del que no estaba al tanto los máximos responsables del ministerio. Desde Interior explicaron que se hizo esa encuesta para responder a las preguntas parlamentarias sobre la situación penitenciaria de la colonia etarra.

Gobierno Vasco: «Es un procedimiento habitual»

El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández, ha considerado que la petición de Interior de información sobre presos de ETA es un «procedimiento interno habitual ordinario de actualización» de la situación en que se encuentran los reclusos.

Fernández, en declaraciones a los periodistas en Arrasate, donde ha inaugurado junto al Rector de Mondragón Unibertsitatea, Vicente Atxa, la exposición Memoriaren Plaza Unibertsitatean, ha explicado que «hasta el momento y con la información de la que nosotros disponemos creemos que hay que interpretarlo más como un procedimiento interno ordinario habitual de actualización de la situación en la que se encuentran los presos».

En esa línea, el secretario general de Derechos Humanos del Gobierno Vasco ha apuntado que «las filtraciones siempre tienen algún tipo de intención y solo quien ha filtrado puede saberlo», pero, en su opinión, «no parece que la filtración tenga una intención muy constructiva».

Sin embargo, esta versión no casa con el requerimiento de información para responder con simples estadísticas a las preguntas que, sobre todo desde Bildu en el Senado, se han venido realizando en los últimos meses. En primer lugar porque desde el Parlamento se requirieron datos sobre todos los internos, con independencia de su grado, y en segundo porque la encuesta a los directores de las prisiones iba mucho más allá de que informaran del simple número de internos de ETA en segundo grado sus cárceles.

Seis preguntas

En el documento remitido en febrero a los directores de las cárceles concernidas se incluían seis cuestiones precisas sobre el comportamiento individual de cada interno en segundo grado, que nada tenían que ver con las preguntas parlamentarias ni con las respuestas que se han facilitado a las cámaras. Instituciones Penitenciarias preguntaba desde el grado de colaboración con la justicia a su comportamiento en prisión, pasando por otras cuestiones como los años de cárcel o su estado de salud y, sobre todo, su grado de arrepentimiento. La dirección de prisiones, incluso, reclamó que se enviaran a Madrid documentos escaneados de cada uno de los presos sobre sus peticiones de progresión de grado o de beneficios.

Covite exige a Rajoy que «evite los atajos legales» para «facilitar» excarcelaciones

La presidenta del colectivo de víctimas del terrorismo, Covite, Consuelo Ordóñez, ha exigido al Gobierno central que «evite los atajos legales» para «facilitar excarcelaciones» de presos de ETA que «contenten al nacionalismo». Ordóñez se ha referido en estos términos en Mallorca donde ha recibido el Premio Compromiso y Lealtad que concede la Confederación Española de Policía (CEP).

En el acto, al que también ha asistido el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, la presidenta de Covite ha apuntado que «no caben malabarismos, ni negociaciones indecentes, ni atajos para facilitar excarcelaciones que contenten al nacionalismo».

Ordóñez ha afirmado que «los derechos de las víctimas y la dignidad de la sociedad no pueden convertirse en monedas de cambio» y ha mostrado su «preocupación por el hecho de que el Gobierno esté »invadiendo competencias del poder judicial«. A su juicio, »lo único que compete al Gobierno es pedir información sobre su plan de reinserción individual que exige a los etarras el rechazo a la violencia para ser acercados«. »Los demás datos que, al parecer, ha recabado, están fuera de sus competencias«, ha indicado.

La presidenta de Covite ha pedido al Ejecutivo central compromiso «con las víctimas» y «sus legítimos derechos a la verdad, la justicia y la memoria» y lealtad «para que no decaigan los esfuerzos por resolver los más de 300 asesinatos de ETA que aún están impunes, por frenar los actos de culto al terrorista y de enaltecimiento que se repiten con total libertad en el País Vasco y en Navarra, y por detener a los miembros de la banda terrorista que siguen campando a sus anchas por Europa». Por último, ha recordado a los agentes de la Guardia Civil Diego Salvá y Carlos Sáenz de Tejada, asesinados por ETA en la isla balear, y ha agradecido el galardón a la Confederación Española de Policía en nombre de Covite.

La versión de altos funcionarios de Instituciones Penitenciarias es bien diferente a la de Interior. Aseguran que hacía años que no ordenaba desde el departamento que dirige Ángel Yuste un censo «expreso» y «personal» de los internos de ETA. Es más, recuerdan que un censo idéntico -exactamente con las mismas preguntas- se realizó en vísperas de que el Gobierno de José María Aznar (en el que también Ángel Yuste era el principal responsable de Instituciones Penitenciarias) acercara entre septiembre 1998 y septiembre de 1999 a unos 135 presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco y acabara con la dispersión de los reclusos de la banda fuera de la península. Entonces -explican estas fuentes- Yuste encargó, como ahora, un censo pormenorizado e individualizado de los 150 presos de la banda que se encontraban por entonces en segundo grado.

El portavoz de Interior de Podemos en el Congreso de los Diputados, Juan Antonio Delgado, que ha ejercido como Guardia Civil durante 25 años, ha emplazado a tratar con «mucha cautela» el tema del acercamiento de los presos de ETA, y ha considerado que, tras la desaparición de ETA, «habrá que tomar decisiones» y se tendrá que «seguir apostando por la paz».

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