El informe sobre torturas cuesta al Gobierno Vasco más de 330.000 euros

Las partidas se han abonado a lo largo de los últimos cuatro ejercicios en el marco de los planes de Convivencia del Ejecutivo de Urkullu

AINHOA MUÑOZ SAN SEBASTIÁN.

El polémico informe sobre torturas presentado por el Gobierno Vasco el pasado diciembre ha costado a las arcas públicas más de 330.000 euros.

Fue el PP de Euskadi quien presentó una iniciativa para su respuesta escrita en el Parlamento Vasco en la que exigía conocer el dinero pagado por el Ejecutivo de Iñigo Urkullu al Instituto Vasco de Criminología y a las diferentes personas e instituciones participantes en el informe 'Proyecto de investigación de la tortura y los malos tratos en el País Vasco entre 1960 y 2014'. Un informe que, más allá de su coste, supuso un gran revuelo en el seno de la Cámara de Vitoria por sus alusiones a la Ertzain-tza y por alimentar, según el PP y en su día el PSE, la teoría del conflicto en Euskadi.

El propio lehendakari ha sido el encargado de desgranar los 330.083 euros exactos que ha supuesto para su gabinete el citado estudio. Lo ha hecho a través de una solicitud de información documentada, ya que la pregunta para su respuesta escrita no fue admitida a trámite. Según se desprende del documento, el encargo de la investigación, que se realizó al Instituto Vasco de Criminología, se enmarca en el desarrollo de las previsiones establecidas por el Gobierno autonómico en el Plan de Paz y Convivencia 2013-2016 y en el Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2017-2020. Y, según Urkullu, por la «complejidad» y «extensión» del informe, su desarrollo se ha llevado a cabo a lo largo de los últimos cuatro ejercicios presupuestarios.

En 2014 se destinaron 30.000 euros; en 2015, 100.000; en 2016, 110.000; y el año pasado 60.000. Además, se han destinado 26.061 euros a la traducción en euskera, inglés y francés del documento y otros 4.022 a los trabajos de edición y maquetación. En total, 330.083 euros que salen de la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación que lidera Jonan Fernández.

Un estudio criticado

El estudio, que ya en su presentación en diciembre pasado levantó ampollas, censa en 4.311 los casos de torturas en Euskadi durante el periodo 1960-2014. De ellos, 336 están atribuidos a la Ertzaintza -frente a los 1.785 de la Policía Nacional y 1.792 a la Guardia Civil-. Este último dato que apunta directamente a la Policía autonómica desató tal tormenta en el Parlamento Vasco que el PP llegó incluso a exigir la retirada del informe. En la iniciativa, los populares instaron también a la Cámara de Vitoria a «defender el honor de la Er-tzaintza frente a cualquier ataque que vaya contra su dignidad».

La postura crítica del partido dirigido por Alfonso Alonso no fue, sin embargo, la única. El PSE se descolgó en un principio del estudio por avalar la «teoría del conflicto». Aunque tres meses después rectificó su rechazo al informe y apoyó trabajar sobre él en la ponencia de Memoria y Convivencia del Gobierno Vasco. Aun así, dejó claro la necesidad de evitar que algunos sectores «utilicen» el informe para «justificar a ETA» y caer en «equidistancias».

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