Un informe confidencial revela las diferencias entre ETA y Urkullu en la gestión del desarme

En las aportaciones remitidas al Foro Social por el entonces interlocutor de la organización, David Pla, la banda defiende que la participación de las instituciones vascas en el desarme, entre ellas la del Ejecutivo autonómico, debía estar «más relacionada con dar seguridad institucional al proceso y a su seguimiento, que al nivel operativo». Pla lamenta, eso sí, la falta de «compromisos» concretos del gabinete Urkullu y la interpreta en un intento de hacer ver que «ETA es la que tiene la culpa de que no se avance». El exdirigente ahora preso expresa también su rechazo a «situar el desarme bajo la presión de un calendario». Y, sobre todo, reclamaba garantías de «seguridad» para los participantes en el marco de un acuerdo global de «resolución de las consecuencias del conflicto», entre las que citaba la situación de los presos.

Por contra, en las aportaciones al mismo organismo por parte del Gobierno Vasco, se reclama como garantía, entre otras, la existencia de un «calendario definitivo» de la entrega de armas, se planteaba un Comité de Desarme en el que participara el Ejecutivo de Vitoria junto a los verificadores internacionales, y se exigía a ETA que su desarme fuera una expresión de «su voluntad de desaparición», en línea con los acuerdos de gobierno de PNV y PSE-EE. Asimismo, el Ejecutivo de Vitoria quería que la entrega de armas fuera «incondicional» y se hiciera «de un modo no público», y no en un acto con miles de personas, como así ocurrió. También solicitaba un «inventario» de armas y la «geolocalización de zulos quemados». Figuran asimismo las propuestas de Sortu, que apoyaba la «implicación» de los gobiernos vasco y navarro aunque denunciaba la actitud «cicatera» del Ejecutivo de Urkullu.

Estas reflexiones, recogidas en un libro sobre el desarme publicado por el periodista guipuzcoano Enekoitz Esnaola, forman parte de las aportaciones recabadas por el Foro Social Permanente. Este organismo las incluyó en un informe confidencial que elaboró dirigido a la Comisión Internacional de Verificación. Fechado el 20 de octubre de 2016, fue entregado ese mismo día a los verificadores en París.