El independentismo se debate entre una declaración firme o con moratoria

Puigdemont, Junqueras y Turull se dirigen el pasado lunes a la reunión del Gobierno catalán. / AFP

El Gobierno y la Generalitat coinciden en que los peores momentos del proceso están por llegar

RAMÓN GORRIARÁNMADRID.

Después de las convulsas jornadas del día 1 (votación), 2 (protestas por la actuación policial) y 3 de octubre (huelga general), el proceso independentista de Cataluña se ha tomado un respiro callejero, que no político. Como dice el tópico, es la calma que precede a una tormenta cuyas dimensiones son impredecibles. Todo se juega esta semana, pero las cartas no están echadas porque los protagonistas esconden con celo sus próximos movimientos.

En medio de esta incertidumbre, hay una certeza: falta lo peor. En eso coinciden el Gobierno central, la Generalitat, las formaciones políticas de uno y otro bando, las fuerzas de seguridad y las plataformas cívicas. Las tensiones vividas en los últimos días podrían convertirse en un asunto menor, tanto si el Parlamento de Cataluña proclama la independencia, como si recula y no lo hace. Porque en este momento nadie sabe qué va a pasar el martes con la comparecencia ante la Cámara legislativa de Carles Puigdemont. El presidente de la Generalitat escucha a unos y otros, y ha constatado que el soberanismo no sabe qué hacer. Salvo la CUP, para la que la independencia ya está tardando porque se debería haber proclamado hace varios días, en el PDeCAT, el partido de Puigdemont, y Esquerra Republicana hay criterios contrapuestos. Saben que no pueden dar marcha atrás, y lo reconocen en público y privado, el dilema es cómo dar el paso adelante. Después de la votación del domingo, estaba claro, tenía que ser un movimiento contundente, con una declaración de independencia pura y dura, y que pase lo que tenga que pasar. Pero el último toque de atención de Artur Mas sobre la falta de preparación para la ruptura afloró el soterrado debate del soberanismo. Declarar la ruptura con España, pero qué pasa después si no hay reconocimiento internacional ni control de fronteras ni del territorio y sin estructuras estatales. La declaración de independencia de Cataluña, dicen los más cautos, sería una anécdota en la historia, una nota a pie de página sin más trascendencia ni impacto real.

Todo ello sin contar con las seguras responsabilidades penales para sus promotores. El anterior presidente de la Generalitat que se arrojó a una aventura secesionista fue Lluis Companys en 1934 y acabó, junto con sus consejeros, en la cárcel. Un futuro similar auguran sin excepción los profesionales del derecho para Puigdemont, Oriol Junqueras, el resto del Ejecutivo, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la Mesa de la Cámara.

Es inevitable que el camino que tome Puigdemont contente a unos y disguste a otros

No es despreciable la idea de que Puigdemont, Junqueras y Forcadell ingresen en prisión

La CUP ha prometido que llevará la lucha a la calle si las circunstancias se tuercen para el soberanismo

Una independencia sin efectos jurídicos ni políticos también acarrearía una inmensa frustración para esos dos millones y medio o tres de catalanes que por ahora son el techo demográfico del soberanismo. Cinco años de movilizaciones sin descanso y con fe en las promesas gubernamentales se irían al cubo de la basura. Por todo ello, Puigdemont está persuadido de que no puede recular pero tampoco dar un paso en el vacío. Tiene 48 horas para encontrar una solución que, eso seguro, si contenta a unos disgustará a los otros. El debate entre las fuerzas independentistas se libra entre los partidarios de una declaración firme y los que abogan por incluir una moratoria en la aplicación de la ruptura con el Estado.

El Gobierno de Mariano Rajoy, como ha hecho en todo el proceso, va a rebufo de los movimientos de la Generalitat. La aplicación del artículo 155 de la Constitución es objeto de sesudos debates jurídicos y políticos en la Moncloa. La falta de un desarrollo reglamentario de ese capítulo constitucional hace que las dudas asalten a los miembros del Gobierno y a la Abogacía del Estado. ¿Puede, por ejemplo, el Ejecutivo central, en aplicación de este artículo, disolver el Parlamento de Cataluña y convocar elecciones, que es una potestad del presidente de la Generalitat? Es una de las muchas interrogantes sin respuesta.

Rajoy insiste en que no habrá independencia, pero también garantizó que no habría referendos en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre pasado, y en ambos casos votaron más de dos millones de personas. Sin cumplir los estándares internacionales y sin garantías jurídicas, cierto, pero hubo urnas y votos. Dos a cero a favor de la Generalitat, admiten incluso en el Gobierno central, aunque solo se tratara por una cuestión de imagen internacional.

En el Ejecutivo confían casi más para evitar la independencia en el desestimiento de Puigdemont que en las medidas coercitivas a su alcance. La vuelta a la legalidad es la principal exigencia de Rajoy, y a partir de ahí, hablamos. De qué, no se sabe. La Moncloa no ha mostrado en este sentido ni un solo naipe. Se habla de financiación o de singularidad nacional, pero son ofertas -y Rajoy como presidente del PP lo sabe mejor que nadie- implanteables en un Estado de las autonomías en el que ningún territorio quiere quedarse atrás respecto a otro.

De momento, la estrategia es ir día a día y con el mayor apoyo posible de otras fuerzas políticas. Perdido sin remedio el de Podemos y el PNV, como era de esperar, Rajoy se afana por atar la complicidad del PSOE y Ciudadanos y habla como nunca ha hecho con Pedro Sánchez y Albert Rivera. Con este tiene la tranquilidad de que contará con su respaldo haga lo que haga porque el presidente de Ciudadanos quiere ser el más duro de la escena. No así con el secretario general del PSOE, protagonista de varios zigzagueos que hacen presumir que su colaboración no va ser incondicional.

Un movimiento embridado

El tercer actor en el proceso es colectivo. Se trata de las plataformas civiles soberanistas, auténtico motor del proceso, y decantadas sin remisión hacia la secesión. La Asamblea Nacional Catalana y Òmnium han sacado a la gente a la calle, organizaron la votación del domingo con su legión de voluntarios y marcan el ritmo de las movilizaciones ante las que los partidos catalanes son convidados de piedra. Hasta el momento, mantienen embridado el movimiento con sus consignas de no violencia y resistencia pacífica, pero nada garantiza que vaya a ser así si la independencia se frustra o si se proclama y el Gobierno descarga el artículo 155.

La CUP hace además de voz de la conciencia y ha prometido llevar la lucha a la calle si las circunstancias se tuercen para el soberanismo. La nada despreciable posibilidad de que los líderes de ambas organizaciones ingresen en prisión si la Audiencia Nacional ve indicios de un delito de sedición en las protestas que organizaron tras las detenciones del 20 de septiembre puede destapar lo más temido, los disturbios.

Aguardan horas difíciles sin que nadie sepa a ciencia cierta qué va a pasar. Puigdemont promete que llegará la independencia, pero en su propio Gobierno hay dudas. Rajoy garantiza que no habrá secesión, pero no hay claridad sobre cómo evitar su proclamación. Las plataformas civiles quieren mantener la paz callejera, pero no tienen certezas de conseguirlo.

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