La Guardia Civil se incauta de bienes de 50 exreclusos de ETA para indemnizar a las víctimas

La Guardia Civil se incauta en Barakaldo de un vehículo propiedad de uno de los etarras condenados.. / Guardia Civil

Los agentes de la Guardia Civil han intervenido cuentas corrientes, vehículos y propiedades de más de 50 personas para intentar cubrir una deuda de 8 millones de euros

AGENCIAS

Agentes de la Guardia Civil, en colaboración con el Servicio Común de Ejecutorias de la Audiencia Nacional, están desarrollando una operación para la intervención de numerosos bienes muebles e inmuebles propiedad de más de 50 personas condenadas por diferentes delitos de terrorismo relacionados con ETA por una deuda que superaría los ocho millones de euros.

Se trata de expresos de la banda terrorista tanto autores de atentados terroristas como de acciones de 'kale borroka', según ha informado Interior, sobre quienes pende una deuda contraída con el Estado por el pago de la responsabilidad civil a la que habían sido condenados por sus acciones terroristas. Dicha deuda ascendería a más de ocho millones de euros.

Entre los investigados para la intervención de sus bienes se encuentran al menos diez miembros de ETA, entre ellos algunos históricos de la banda. El resto, más de 40, son responsables de acciones de violencia callejera, constitutivas también de acciones terroristas al formar parte de la estrategia diseñada por la banda criminal. Idoia López Riaño. 'La Tigresa', Enrique Letona Viteri, 'Masilla' o Mercedes Galdós son algunos de ellos.

'La Tigresa' abandonó el 13 de junio de 2017 la cárcel de Álava tras cumplir todas sus condenadas por integrar uno de los comandos más sangrientos de la historia de ETA, el 'comando Madrid' de mediados de los 80, en el que figuraban otros conocidos terroristas como Iñaki de Juana Chaos, Juan Manuel Soares Gamboa, Antonio Troitiño o Inés del Río.

Sare: «Evidencia la apuesta del Estado español por perpetuar la confrontación»

Sare ha afirmado que la operación policial «Zerga» evidencia que el Estado español apuesta «por la continuidad y perpetuación de la confrontación y el sufrimiento vivido hasta ahora».

En un comunicado, Sare ha indicado que, «como si nada hubiera cambiado, el Estado sigue en el pasado, dando la espalda a la mayoría de la sociedad vasca y al conjunto político y sindical, aplicando políticas de odio y venganza». «La operación de hoy lo demuestra. Tanto estando en prisión como una vez cumplida la condena, estando en libertad, siguen profundizando en la vulneración de derechos humanos», ha añadido.

Sare ha indicado que, tras la declaración del 4 de mayo con la disolución de ETA, se ha abierto un «nuevo tiempo en Euskal Herria»para «crear una sociedad basada en la convivencia y la paz». «Pero el Estado, ante el importante e irreversible paso dado por ETA, responde con actitudes inmovilistas, con más sufrimiento y profundizando en la represión», ha reprochado. Por ello, ha denunciado esta actitud «basada en la venganza y quemantiene la vulneración de los derechos humanos» y ha llamado a toda la ciudadanía a «activarse ante esta oportunidad única para crear una sociedad en paz y en convivencia». «Sare se compromete a seguir trabajando en ello», ha concluido.

Otra histórica etarra es Mercedes Galdós, que salió en libertad de la prisión de Topas (Salamanca) en 2005 tras haber cumplido 19 de los 700 años a los que fue condenada por 21 atentados. La integrante del 'comando Nafarroa' logró redimir 11 años por buen comportamiento.

En el caso de Enrique Letona Viteri, 'Masilla',, salió de prisión en 2003 y también se acogió a beneficios penitenciarios tras cumplir algo más de 15 años. En todos estos casos la Guardia Civil ha detectado que tienen ingresos y bienes, alertando de ello a la Audiencia Nacional.

Agentes se han incautado esta mañana de un vehículo Toyota RAV4 propiedad de Roberto Carlos Vecino Santamaría, que estaba aparcado en el polígono industrial Beurko de Barakaldo. También ha retirado en el boulevard de Salburua, en Vitoria, una furgoneta blanca propiedad de un condenado por terrorismo , según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno en el País Vasco.

Las investigaciones, realizadas por la Guardia Civil durante el último año en el marco de la operación 'Zerga', permitieron comprobar cómo numerosos miembros de ETA y su entorno, a pesar de no haber satisfecho las deudas económicas contraídas, eran titulares de bienes o desarrollaban actividades laborales y económicas sin que realizaran acción alguna para satisfacer las referidas obligaciones.

Por ello, Interior ha explicado que se está procediendo al bloqueo y embargo de más de 45 cuentas bancarias de diferentes entidades financieras. Igualmente, se está actuando sobre una treintena de nóminas de aquellos investigados que han resultado estar asalariados. Para ello, se ha oficiado a las empresas para las que trabajan, a fin de que se les retenga la parte de la nómina que supere el salario mínimo interprofesional.

Cuatro vehículos

En cuanto a medios de transporte, la Guardia Civil está procediendo a retirar de la vía pública un total de cuatro vehículos, entre ellos el embargo de una autocaravana. Asimismo, la Guardia Civil ha identificado 14 propiedades inmobiliarias, la mayoría de ellas viviendas de las que los investigados serían propietarios, aunque también se ha actuado sobre locales comerciales y plazas de aparcamiento.

Por ello, el Servicio Común de Ejecutorias de la Audiencia Nacional ha emitido escritos dirigidos a los respectivos registros de la propiedad para que procedan a hacer el apunte correspondiente, lo que impedirá su venta o transmisión si no se procede previamente al pago de la deuda. Las propiedades inmobiliarias se encuentran en las provincias de Gipuzkoa, Bizkaia y Álava, así como en la Comunidad Foral de Navarra y en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Según Interior, esta operación de la Guardia Civil pone de manifiesto que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tras el anuncio de ETA de su disolución, «seguirán trabajando para que los terroristas salden sus deudas con la Justicia, sean estas del tipo que sean, incluidas las económicas». Por ello, prometen investigar la localización y detención de todos aquellos terroristas que tengan causas pendientes.

La Jefatura de Información (UCE1) y los grupos de información del País Vasco y Navarra desarrollan esta operación para la incautación de bienes relacionados con delitos de terrorismo en colaboración con el Servicio Común de Ejecutorías de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, según las mismas fuentes.

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