Iñaki Subijana: «Si los presos de ETA no admiten el daño causado, victimizarán otra vez a las víctimas»

El presidente de la Audiencia de Gipuzkoa, Iñaki Subijana, en las instalaciones de DV. / MIKEL FRAILE
Iñaki Subijana, presidente de la Audiencia de Gipuzkoa

Niega que los reclusos de ETA padezcan una legislación excepcional y considera que «el Estado debe tomar medidas, sí, pero el preso tiene libertad para decidir qué opción elige»

ANA VOZMEDIANOSAN SEBASTIÁN.

Es el presidente de la Audiencia de Gipuzkoa, donostiarra, y cree que es necesario hacer pedagogía en aquello que se refiere al sistema jurídico. En especial con lo que tiene que ver con las penas de privación de libertad, que tantos debates y discursos acaparan en este país. Prefiere no utilizar la palabra arrepentimiento. Él es partidario del término justicia.

-Un especialista en justicia restaurativa como usted, ¿tiene confianza en que la decisión de los presos de acogerse a las vías legales pueda desembocar en un cambio de la situación penitenciaria?

-Es un cambio importante, eso está claro. Se pasa de un planteamiento grupal a un escenario con peticiones diferenciadas de cada persona, de cada preso, y eso va a generar cambios aunque debo reconocer que no sé en qué plazos

«No entiendo por qué ETA no opta por la disolución, que además beneficiaría a su propia gente»

-¿Por qué la izquierda abertzale habla de sistema excepcional cuando el reglamento ofrece margen para un tratamiento individualizado de cada recluso, eso sí, siempre que él quiera?

-No lo sé. No hay excepcionalidad respecto a los penados provengan de donde provengan. El tratamiento es el mismo como lo es también la clasificación penitenciaria y las decisiones que se toman en este sentido. Lo que se les ha pedido es que asuman la Ley General, una Ley que, por cierto, data de 1979 y en la que se introdujo un término que es el de la individualización científica.

-¿Qué quiere decir eso?

-Supone que la decisión es específica para cada penado, indica que hay que pensar en un marco individual para cada caso. Pero claro, eso implica que el preso tenga que hacer su petición individualizada, algo habitual en los llamados reclusos comunes. La administración clasifica qué grado tiene cada penado, desde el régimen cerrado a la libertad condicional pasando por el ordinario y por el abierto. Hay una revisión cada seis meses, y se evalúa si esa persona va a peor o a mejor.

-Si la Ley es la misma para todos, ¿de donde surge esa creencia popular tan extendida en el País Vasco de la excepcionalidad de trato?

-No sé si denominarlos como bulos o leyendas, pero el caso es que dentro del sistema jurídico todo lo relativo a las penas es el ámbito más desconocido de todos. Por eso, en materia de derecho penitenciario es fácil crear un clima de opinión preciso sobre cuestiones que después nada tienen que ver con la legalidad. Por eso es tarea de todos utilizar la pedagogía cuando hablamos del sistema jurídico. Hay además otra cuestión, esta de tipo sociológico, y es que en las cárceles están personas del segmento social más débil y por tanto, más olvidado y con menos voz. Otra cosa son los presos de ETA, con un estatus diferenciado y con mucha repercusión y mucha visibilidad.

-Hay quienes dicen que el arrepentimiento de los presos debe ser previo a cualquier medida de beneficios penitenciarios. Otras voces consideran que el arrepentimiento es parte del camino, no el arranque inicial. ¿Cuál es su postura?

-Cualquier decisión de reinserción tiene que venir de la mano de la justicia restaurativa, con el reconocimiento del daño causado a otros. Yo no utilizaría la palabra arrepentimiento porque tiene connotaciones místicas, religiosas... Prefiero siempre el concepto de justicia, desprovista de elementos espirituales. Soy más partidario de hablar de justicia que de arrepentimiento..

-No voy a dármelas de entendida en el Código Penal, ¡solo faltaba! pero su artículo 90.8 dice que el recluso debe repudiar la violencia, colaborar con la Justicia y reparar a las víctimas si quiere mejorar su situación penitenciaria. ¿Cabe un acortamiento de las penas cuando el portavoz de los presos de ETA, 'Kubati', dice que no hay ni habrá asunción del daño causado?

-No asume las claves fundamentales de la justicia. Ya no digo de la restaurativa, fíjese, sino de que un proceso así tiene que transitar por reconocer un daño injusto.

«Prefiero la palabra justicia a arrepentimiento, que tiene connotaciones espirituales y religiosas»

-Perdone pero, ¿qué le parece que sea 'Kubati', condenado entre otros por el asesinato de Yoyes, el que represente a los presos?

-No voy a opinar sobre la decisión de un colectivo al que no pertenezco, pero está claro que la elección de 'Kubati' significa algo.

-¿En qué plazos nos movemos si los presos tienen que asumir ese reconocimiento del daño causado? No falta quien augura que pasará al menos una década.

-Es muy complicado hacer una previsión. Habrá pasos graduales, se tomarán decisiones. ¿Una década? Pienso que el acercamiento se hará en plazos más cortos que diez años y en el caso de personas enfermas hablamos de estricta humanidad. Lo más tardío considero que tendrá que ser el tercer grado, teniendo en cuenta que la mayoría están en el primer grado, el de régimen cerrado. Las cosas tienen que cambiar mucho durante los próximos años, porque es cierto que el Estado tiene que tomar decisiones en diferentes sentidos, pero también tiene que optar el propio preso. Tiene la libertad de decidir, sí, pero cada opción tiene sus consecuencias y depende de cuál sea, no estará en condiciones de incorporarse a la comunidad. Hacerlo sería como volver a victimizar a las víctimas con alguien que no reconoce que hizo algo injusto.

-Lo ocurrido en Alsasua, ¿se puede calificar de terrorismo? Para algunas voces, la calificación de la instrucción es excesiva.

-Yo no puedo decirlo, es el Tribunal Supremo el que dice que hay indicicios y será un tribunal el que lo juzgue. De todas formas, sobre este asunto, hay que precisar que los planteamientos hay que entenderlos en el momento del proceso en el que se producen. El Supremo señala que aprecia indicios, pero éstos deberán ser juzgados por la Audiencia Nacional que es a la que le corresponde el caso y el Supremo deberá responder al recurso de casación. Insisto. No es lo mismo decir quién tiene la competencia para enjuciar un caso, que es lo que ha hecho el Supremo, a decir que hay responsabilidad penal por terrorismo.

-¿Se puede imputar por terrorismo a alguien por su relación con una banda inactiva y desarmada?

-Plantea dificultades, claro. ETA lleva más de cinco años sin actuar, así que es complicado establecer la vinculación.

-¿Qué podría suponer la disolución de ETA? ¿Exigiría modificaciones penales? Le pongo un caso concreto... La banda se disuelve y a los cuatro días detienen a una persona por su vinculación con ella. ¿Qué ocurre?

-La situación se complica todavía más porque la disolución es la decisión simbólica de que ETA ha desaparecido del mundo. Eso es muy importante, ya que indica que alguien que decidió organizarse para sembrar el terror deja de hacerlo. No cabe duda de que la disolución es más potente que el cese de actividad y que la entrega de armas por importante que eso sea.

-¿Por qué la banda no da ese paso si beneficiaría a su propia gente?

-(Subijana se encoge de hombros y pone gesto de duda) De verdad que no lo sé ni lo entiendo, no sé por qué existe esa dificultad. La disolución es un mensaje público de gran importancia y hasta entonces ETA es un vivo agónico, pero vivo.

Cuestión de legalidad

-¿Cuál es la situación de sus compañeros, de la judicatura en Cataluña?

-No le voy a engañar, los jueces catalanes están preocupados porque lo que está ocurriendo también es una cuestión de legalidad y en un Estado de Derecho quienes deben velar por esa legalidad son los jueces. La independencia y la sujeción a la ley son los dos votos que caracterizan al juez, uno no puede imponer su voluntad a la ley.

-Habra jueces independentistas...

-¡Claro! Un juez como ciudadano que es puede votar a opciones independentistas, ¡faltaba más! Pero como profesional solo puede aplicar la legalidad.

-Como jurista, ¿cuál es la salida para este país, región o lo que sea?

-¡Cualquiera lo sabe! De verdad, es complicado y difícil. Hay un choque de agentes políticos, decisiones de la Generalitat que son incompatibles con la legalidad. A mi juicio sería deseable respetarla y, con esa premisa siempre presente, establecer diálogos que tengan como objetivo crear el marco más cómodo posible para las personas. Es importante que cualquiera pueda desarrollar su vida dentro del marco constitucional. Me preocupa también lo que está ocurriendo en la propia sociedad catalana y creo que es necesario articular una convivencia en esos términos.

«Un juez, como persona, puede votar opciones independentistas, pero tiene que aplicar la ley»

-Seguimos hablando de terrorismo. La última entrevista que le hicimos en este periódico estuvo relacionada con la entrega de las armas de ETA, y en apenas unos meses el escenario está invadido por la amenaza yihadista.

-El yihadismo es una realildad palpable, aunque se trata de un terrorismo muy diferente al de ETA, no tan local y mucho más global. Uno tenía un perfil basado en la etnia y la patria, el otro es más religioso, con ideas fanáticas y con un sustento fundamental que le caracteriza. Porque el yihadista está dispuesto a inmolarse, mientras que el otro partía de su propia seguridad personal.

-Puede que sea una sensación personal, pero tengo la impresión de que los vascos creemos que tantos años de terror nos ha hecho inmunes, que tenemos una especie de bula ante este nuevo fenómeno.

- No hay vacuna para prevenir que no nos afecte, pero es cierto también que hay una experiencia de lucha contra el terrorismo que es una herramienta importante, porque la experiencia en estos casos es fundamental.

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