La Guardia Civil se incauta de bienes de 57 exetarras para resarcir a sus víctimas

Se han bloqueado 30 nóminas, 45 cuentas y 14 inmuebles, pero los agentes se ha quedado muy lejos de los 8 millones que buscaban

MELCHOR SÁIZ-PARDO MADRID.

La Guardia Civil desató ayer una operación inédita con el objetivo de incautarse de bienes de miembros condenados de ETA y la kale borroka para hacer frente a las condenas por su responsabilidad civil adeudadas a sus víctimas y que en su día adelantó el Estado.

El novedoso operativo, bautizado como 'Zerga' ('impuesto' en euskera), no obstante, dejó un sabor agridulce tras un año de intenso trabajo de los agentes codo con codo con el Servicio Común de Ejecutorias de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el archivo donde se registran todas las condenas y sus penas. El operativo no llegó tan lejos en el plano económico como esperaban.

Los funcionarios lograron incautarse de bienes de 57 expresos de ETA y de condenados por la kale borroka (17 presos de la organización terrorista y 40 miembros de la violencia callejera), según el recuento final de la Jefatura de Información (UCE1) y de los grupos de información de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra.

«Trabajaremos para que los terroristas salden sus deudas con la Justicia», asegura Interior«Buscan seguir manteniendo a este pueblo anclado en el pasado», critica Sortu

En total, los agentes se incautaron de cuatro vehículos (entre ellos un todoterreno y una caravana); se inmovilizaron 45 cuentas bancarias y depósitos y se bloquearon 14 propiedades inmobiliarias (viviendas, locales comerciales y plazas de aparcamiento) con anotaciones en los registros de Gipuzkoa, Bizkaia, Álava, Navarra y La Rioja. Y además, la Audiencia Nacional ordenó la retención de todo lo que supere el salario mínimo interprofesional de una treintena de nóminas de aquellos investigados que han resultado estar asalariados.

Sin embargo, según las primeras estimaciones, los bienes incautados no se acercan, ni mucho menos, a los ocho millones de euros que los agentes buscaban. Esa cifra es el montante de las responsabilidades civiles que el Servicio Común de Ejecutorias y la Guardia Civil habían localizado tras examinar durante meses un total de 59 sentencias cuyas responsabilidades pecuniarias no habían prescrito al no haber pasado más de 15 años desde el fallo. Solo en dos casos, los acusados habían satisfecho el pago.

Según mandos de la investigación, la operación desatada ayer tuvo que ser «limitada» porque las grandes responsabilidades civiles pendientes, decenas de millones de euros, corresponden a los miembros de ETA que se enfrentan a grandes penas, por lo que cuando salen a la calle y comienzan a trabajar sus responsabilidades ya han prescrito.

Aun así, sí que hay algunos nombres notables en la lista de embargados como Idoia López Riaño, 'La Tigresa', en libertad desde 2017 tras 23 años presa y que se desmarcó de la organización terrorista. 'La Tigresa' integró uno de los comandos más sangrientos de la historia de ETA, el comando Madrid de mediados de los 80, en el que figuraban Iñaki de Juana Chaos, Juan Manuel Soares Gamboa, Antonio Troitiño o Inés del Río. Entre la lista de embargados también se encuentra Mercedes Galdos Arzuaga, 'Bitxori', exintegrante del comando Nafarroa y libre desde 2005 tras cumplir 19 años de prisión o Enrique Letona, libre desde 2004.

Interior, contundente

Entre los miembros de la kale borroka que también vieron sus bienes bloqueados está Roberto Carlos Vecino Santamaría, que participó en un atentado en unas oficinas de la BBK en Barakaldo en 2001, quien vio cómo la Guardia Civil retiraba su todoterreno de un polígono de esa misma localidad vizcaína; o Juan Pablo Montoya Galar, condenado a siete años en 2007 por participar en varios actos vandálicos en Navarra. Este último depositó ayer en la Audiencia Nacional la cantidad que adeudaba para evitar el embargo de su vehículo.

«Esta operación pone de manifiesto que las Fuerzas de Seguridad del Estado, tras el anuncio de ETA de su disolución, seguirán trabajando para que los terroristas salden sus deudas con la Justicia, incluidas las económicas», apuntó Interior. Por ello, prometen investigar la localización y detención de todos aquellos que tengan causas pendientes.

El secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, denunció «firmemente» la operación del Ministerio del Interior para incautarse de bienes de 50 expresos de la banda ya desaparecida y consideró que es «la respuesta del Estado a la desaparición de ETA». En ese sentido, acusó al Gobierno central de querer «seguir manteniendo a este pueblo anclado en el pasado», cuando la sociedad vasca lo que quiere es «mirar hacia delante», señaló en una comparecencia urgente en Donostia.

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