Los gobiernos central y vasco chocan por la congelación de las transferencias pendientes

La respuesta del Gobierno Vasco no se hizo esperar, porque la consejera de Trabajo y Justicia, la socialista María Jesús San José, asistió al desayuno informativo que Catalá protagonizó en el Fórum Europa. San José se mostró «muy preocupada» por las declaraciones del ministro y dijo estar sorprendida por «el giro» detectado en relación a anteriores visitas de Catalá a Euskadi. Puntualizó que reclamar las transferencias pendientes de Prisiones -que afecta directamente a la consejería de Justicia- o del régimen económico de la Seguridad Social no supone «una ampliación competencial, sino cumplir el Estatuto de Gernika», por lo que pidió al ministro que «reconsidere su posición».

La polémica saltó cuando, al final de su conferencia en el Fórum Europa, el ministro de Justicia fue cuestionado por la posible transferencia de la competencia de Prisiones al Gobierno Vasco, una de las prioridades fijadas por el Ejecutivo de coalición de PNV y PSE. En su respuesta, Catalá expresó sus dudas sobre la conveniencia de ampliar «en este momento» el marco competencial de las comunidades autónomas debido a que «ahora se han puesto de manifiesto disfuncionalidades propias de una gestión diferenciada donde no existen diferencias en España». Por tanto, insistió en que «no sé si estamos en el momento de ampliar competencias o de fortalecer los instrumentos de colaboración y cooperación o, incluso, de que el Gobierno central vuelva a asumir políticas públicas esenciales».

El ministro de Justicia aseguró que el sistema competencial de Euskadi «no tiene parangón en Europa». Reconoció que «pueden quedar algunas competencias susceptibles de ampliación» y aclaró que «no retiramos ese debate de la mesa», aunque añadió que «algunas políticas que tuvieron sentido en un momento inicial de consolidación del Estado de las autonomías, han puesto ahora de manifiesto disfuncionalidades y algún resultado disonante».

Esta contestación de Catalá alarmó a la consejera de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco, que seguía la conferencia desde una de las mesas y que incluso había posado junto al ministro al inicio del acto. San José replicó poco después a los medios de comunicación que traspasar a Euskadi la transferencia de Prisiones no supone «una ampliación competencial», sino cumplir con una ley orgánica como el Estatuto de Gernika. Se mostró «muy preocupada» por las declaraciones de Catalá que, a su juicio, suponen «un giro» en la posición que sobre esta cuestión ha mantenido el ministro en anteriores visitas a Euskadi. Por ello, pidió al ministro que «reconsidere su posición» y deje de «poner excusas para no cumplir la ley en lo que afecta a la transferencia de la totalidad de los servicios penitenciarios».

San José aseguró que el Gobierno Vasco «sigue esperando a que el Ejecutivo central abra la puerta de la negociación», y recordó que, «a finales de julio, parecía que todo estaba a punto» para concretar la transferencia, «pero han pasado ya tres meses y no se debe esperar mucho más». También recordó que, «en la actualidad, están en vigor dos convenios con Instituciones Penitenciarias para la implementación de procesos de inserción y para el cumplimiento de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad, de las suspensiones de las penas privativas de libertad y de las sustituciones de condenas». Una circunstancia que llevó a la consejera a concluir que el Gobierno Vasco está perfectamente capacitado para hacerse con la competencia completa de los servicios penitenciarios.

Otra cuestión que abordó el ministro Catalá en el turno de preguntas fue la gestión del final de ETA y el posible acercamiento de los presos de esta organización a cárceles vascas. El titular de Justicia consideró que se trata de un proceso «bien complejo y lleno de matices y dificultades», aunque recalcó que el hipotético acercamiento de los reclusos está vinculado a la desaparición de ETA, la entrega de todas las armas y la disolución de la banda.

«Ese es el único camino y lo único que podemos esperar en los próximos tiempos en relación con esta cuestión», afirmó Catalá, que también sostuvo que el planteamiento del Gobierno respecto a la denominada vía Nanclares -para a reinsertar a presos que se han alejado de ETA- es que «se siga aplicando».