El Gobierno Vasco reclama al Ejecutivo de Rajoy que afronte un cambio en la política penitenciaria

El secretario general de Derechos Humanos y Convivencia, Jonan Fernández.
El secretario general de Derechos Humanos y Convivencia, Jonan Fernández. / BLANCA CASTILLO

Considera «impostergable» adaptarse al «nuevo contexto» y reclama compartir entre ambos gobiernos las modificaciones

MIGUEL VILLAMERIEL

El Gobierno Vasco ha reclamado esta mañana al Ejecutivo central que impulse "un cambio en la política penitenciaria" que se adapte al "nuevo contexto" producido tras la decisión del colectivo de presos de ETA de aceptar las vías legales de forma individualizada. El secretario general de Derechos Humanos y Convivencia del Ejecutivo de Urkullu, Jonan Fernández, ha calificado en una rueda de prensa en Lehendakaritza de "impostergable" que los gobiernos central y vasco establezcan una "colaboración" para definir la política penitenciaria más adecuada. A su juicio, ésta pasaría por un acercamiento de los reclusos a cárceles vascas.

El Gobierno Vasco ha realizado un pronunciamiento tras conocerse ayer la decisión mayoritaria dentro del colectivo EPPK para que los presos de ETA puedan acogerse a las vías legales. La nota que ha leído Jonan Fernández consta de cuatro puntos. El primero destaca que la decisión de los reclusos es un "paso positivo en la buena dirección". A juicio del Ejecutivo Vasco, "rectifica una situación anómala como la que representa que durante décadas las personas presas no pudieran acogerse a las posibilidades legales existentes de mejora de su situación penitenciaria".

En segundo lugar, la declaración destaca que nos encontramos ante un "nuevo contexto", como ya expresó el lehendakari en la carta remitida hace algunas semanas a los presos. En ella, subrayaba que “el cambio en la política penitenciaria requiere crear un contexto favorable al mismo” y que este nuevo contexto también necesita “de la contribución de las personas presas y de su entorno político”. En ese sentido, el Gobierno Vasco considera que la decisión del colectivo EPPK "avanza en la creación de ese contexto favorable para el cambio de la política penitenciaria también por parte del Gobierno español".

El tercer punto habla de pasar "de las palabras a los hechos". "Esta votación debe traducirse en hechos concretos que conllevan dar pasos", afirma el Ejecutivo vasco, que demanda que "estos pasos no vuelvan a demorarse durante años y que afronten la realidad de las vías legales". También recuerda que, "desde el punto de vista legal, el acercamiento de las personas presas a cárceles próximas a su entorno familiar no requiere el cumplimiento de condición previa. Sin embargo, las vías legales e individuales para la progresión de grados y la resocialización requieren un reconocimiento crítico del daño causado". Por tanto, recalca que "el camino no termina con esta decisión, sino que empieza ahora", y reclama profundizar en la autocrítica.

Por último, el Gobierno Vasco defiende un "cambio en la política penitenciaria" tras el cese de la violencia de ETA en 2011 y el desarme definitivo producido este año. "Esta decisión del colectivo de presos confirma un cambio sustancial de las circunstancias. En este contexto, el Gobierno Vasco considera que es impostergable que el Gobierno español comparta con el Gobierno Vasco una reflexión sobre el cambio de la política penitenciaria, tal y como este pasado jueves expresó el Parlamento Vasco", reza la declaración.

Un cambio que, como primer paso, "debe contemplar el acercamiento de las personas presas a prisiones cercanas a su entorno familiar y atender prioritariamente las problemáticas de mayor incidencia humanitaria", en opinión del Gobierno Vasco.

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