El Gobierno Vasco multará con 12.000 euros a los cargos que incumplan la Ley de Transparencia

El lehendakari Urkullu saluda a la secretaria general del PSE, Idoia Mendia.
El lehendakari Urkullu saluda a la secretaria general del PSE, Idoia Mendia. / IGOR AIZPURU

PNV y PSE registran en el Parlamento el tercer anteproyecto de la norma después de que su tramitación fracasara dos veces en dos años

OCTAVIO IGEA

El Gobierno vasco pone en marcha su tercer intento para aprobar la Ley de Transparencia tras fracasar en 2015 y en 2016. PNV y PSE han remitido al Parlamento un nuevo borrador de la norma que, como mayor novedad, contempla sanciones económicas para los altos cargos de la Administación que incumplan el ‘decálogo’ que establece el nuevo ordenamiento. Una lista de requerimientos sobre su actividad profesional, salario y relaciones con el sector privado y la ciudadanía que ya son de obligado cumplimiento pero al que se quiere dar ahora máxima importancia. Además de multas de hasta 12.000 euros, ocultar información puede llegar a provocar el cese automático del infractor.

Pese a que el Gobierno autonómico lidera con asiduidad rankings internacionales de transparencia, a que ya existe un código de conducta para altos cargos desde la pasada legislatura y a que hace ya siete años que el Ejecutivo, entonces encabezado por Patxi López, puso en marcha ‘Open data’, la web que permite acceder libremente a miles de datos internos, la ley que debe regular y organizar los procesos definitivamente no consigue salir adelante.

El primer anteproyecto fue presentado a finales de 2014. El documento anunciaba que la respuesta a cualquier duda de la ciudadanía sobre el sector público y sus altos cargos sería resuelta en un máximo de 15 días, se establecía la obligación de que la Administración diera «publicidad» a su gestión –salarios, adjudicaciones, subvenciones...–, establecía un nuevo reglamento para las iniciativas ciudadanas y exigía a partidos, sindicatos, patronales y partidos que revelasen todas las ayudas públicas que reciben. También preveía la creación de Gardena, la Agencia Vasca de la Transparencia, un órgano independiente que velase por el cumplimiento de todos esos preceptos.

Pero la norma no llegó ni a votarse en el Parlamento vasco. El Gobierno la retiró a mediados de 2015 para «darle una pensada» al constatar que no iba a tener los apoyos suficientes para sacarla adelante: EH Bildu, PSE y UPyD anunciaron su oposición frontal. Entre otros asuntos, porque evitaba regular la labor de diputaciones y ayuntamientos. Mínimamente matizada, la Ley de Transparencia volvió a la Cámara de Vitoria el año pasado, pero la convocatoria de elecciones impidió su tramitación.

Registro de 'lobbies'

La ‘versión 2017’ del anteproyecto de la Ley de Transparencia, que iniciará en septiembre el proceso hacia su aprobación definitiva con la apertura del plazo para que la oposición presente enmiendas, sí que incluye cambios de calado respecto a las redacciones anteriores. Aparecen las multas pecuniarias para los altos cargos que no revelen la información requerida y se anuncia la creación de un registro de ‘lobbies’ que tengan contacto con la Administración. Es fruto de una propuesta de Elkarrekin Podemos que apoyaron a comienzos de la legislatura PNV, PSE y PP, aunque se obvia la petición de que las agendas de los altos cargos del Ejecutivo sean públicas. También se mantiene el criterio de que las declaraciones de bienes del lehendakari y sus consejeros se consideren «información reservada», por lo que no se harán públicas. Unos datos que sí pueden consultarse libremente en otras comunidades.

También llaman la atención las propuestas que desaparecen del nuevo anteproyecto. Para evitar que el entramado público se incremente se renuncia a la creación de Gardena, y la labor de control que iba a tener atribuida se encomendará a la Agencia de Protección de Datos. En una norma bastante más corta que en los intentos anteriores –con menos artículos–, se abandona además la idea de crear la figura de la Iniciativa Reglamentaria Popular para regular la participación ciudadana en los procesos legislativos.

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