El Gobierno Vasco exige el fin de la dispersión por «innecesario» e «injusto»

Un informe recoge la situación de familiares de presos y concluye que el alejamiento «dificulta» la reinserción social y la reeducación

AINHOA MUÑOZ SAN SEBASTIÁN.

«Igual la carga más potente ha sido la psicológica. (...) Llegas a un punto de inflexión, que a mí me llegó con 13 años. Hubo un año y pico en el que no fui a visitar a mi padre. (...) Llegué a una edad en la que me sentía castigada, pero no sabía por quién, primero me enfadé con mis padres... (...) Me enfadaba con todos (...) pero para ellos también es igual, ellos tampoco han tomado ninguna decisión y también se les está obligando a hacer tantos kilómetros, poniendo en peligro su vida...».

Este es tan solo uno de los testimonios que recoge el informe 'El impacto de la política penitenciaria de alejamiento en las familias de las personas presas' que presentó ayer el Gobierno Vasco. Y Jonan Fernández, el secretario general de Derechos Humanos y Convivencia, fue tajante: defendió «como argumento definitivo» para pedir al Gobierno central cambios en las política penitenciaria «el impacto innecesario e injusto que tiene en las familias desde un punto de vista humanitario y humano».

El documento, elaborado por el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto por encargo del Ejecutivo de Iñigo Urkullu, recoge un análisis cuantitativo y cualitativo de las vivencias de personas que tienen un familiar cumpliendo condena lejos de Euskadi.

A través de entrevistas a catorce familias de reclusos encarcelados por terrorismo, se ha hecho un seguimiento de las consecuencias que tienen el alejamiento en cuestiones, según dio a conocer Fernández, como los «peligros» del trayecto por carretera, el coste económico o la conciliación laboral y familiar. «La política generalizada de alejamiento plantea dificultades importantes» en las familias de los presos y, de esa manera -reza el informe- «dificulta la labor de reinserción social y reeducación».

Fernández, en este sentido, defendió que cambiar la política de alejamiento «no tiene costes» y, sin embargo, sí tiene beneficios. Así, mostró su «esperanza y convicción» de que la dispersión de los presos de ETA se encuentre ya en su recta final. «El paso del tiempo y las circunstancias van a ayudar a que se produzca a medio o a corto plazo», aseguró. A su juicio, se trata de un «sufrimiento añadido» a las familias. Además, propuso un tratamiento individualizado de cada recluso.

El informe destaca que hay un total de 322 personas cumpliendo condena en cárceles de los Estados español y francés, de las cuales alrededor de 200 lo hacen a más de 1.200 kilómetros «de su lugar de residencia habitual».

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