El Gobierno Vasco asume sus «diferencias» sobre las torturas, pero no se plantea romper

Erkoreka reconoce que el Consejo de Gobierno de ayer trató el asunto, pero afirma que PNV y PSE comparten «el fondo» de que se debe reconocer a las víctimas policiales. El Ejecutivo enviará el informe al Parlamento y no tiene previsto emprender acciones legales

MIGUEL VILLAMERIELSAN SEBASTIÁN.

Las diferencias expresadas por el PSE ante el informe sobre torturas presentado el lunes por el Gobierno Vasco han apretado la relación entre los socios del ejecutivo de coalición, pero no llegan a ahogarla. El portavoz del gabinete de Urkullu, Josu Erkoreka, reconoció que el Consejo de Gobierno de ayer puso de relieve que existen «diferencias» de criterio entre los consejeros jeltzales y socialistas, pero descartó cualquier posibilidad de «ruptura» porque esas discrepancias se centran en la «metodología» empleada por el informe sobre torturas, pero no en la necesidad de reconocer y reparar a las víctimas de abusos policiales a través de la ley aprobada por ambos partidos en el Parlamento Vasco en 2016. «Si hubiese discrepancias en el fondo de ese reconocimiento a las víctimas sí se produciría una quiebra fundamental» en el seno del Gobierno, apuntó Erkoreka, pero la crítica del PSE a algunos aspectos del trabajo liderado por el forense Francisco Etxeberria no lleva a una fractura.

El informe sobre la incidencia de la tortura y los malos tratos entre 1960 y 2014 fue encargado por el Gobierno Vasco al Instituto Vasco de Criminología hace tres años, en la anterior legislatura, y fue presentado este lunes por el secretario general de Derechos Humanos y Convivencia, Jonan Fernández, y el director del estudio, Francisco Etxeberria. El PSE, que ya había anunciado en privado su disconformidad con unas conclusiones que apuntan a la existencia de 4.113 casos documentados de torturas, el lunes criticó el estudio de forma pública nada más ser presentado, al considerar que abona la 'teoría del conflicto'. Otros partidos, como el PP, y sindicatos de la Ertzaintza como Erne también lo censuraron (el informe incluye 310 casos relacionados con la Policía vasca). EH Bildu y Elkarrekin Podemos, mientras, acogieron el estudio como una aportación positiva para el reconocimiento de las víctimas de abusos policiales.

La posición crítica mostrada el lunes por el PSE fue tan contundente que el Consejo de Gobierno de ayer no pudo soslayar la polémica sobre el informe. Fuentes de ambos partidos, sin embargo, destacaron que el debate que se produjo entre los consejeros jeltzales y socialistas fue breve y en ningún caso acalorado. Asumieron que hay una diferencia de base porque el PSE considera que la «metodología» del informe no es la más apropiada para abordar este tipo de delitos. Fuentes socialistas señalaron, además, que si el Gobierno Vasco fuera «consecuente» con el informe, debería investigar los casos de torturas que le afectan directamente o ponerlos en conocimiento de la Fiscalía.

«PNV y PSE discrepamos en la metodología del informe, pero estamos de acuerdo en lo fundamental» Josu Erkoreka | Portavoz del Gobierno Vasco

«Es un gran trabajo que empieza a hacer justicia con miles de víctimas; hay que seguir investigando» Julen Arzuaga | EH Bildu

ñigo Martínez Elkarrekin Podemos «Respaldamos todo lo que contribuya a garantizar la verdad y reparación de las víctimas de vulneraciones» iñigo Martínez | Elkarrekin Podemos

«El informe pretende desacreditar a la Policía democrática española y carece de independencia» Javier de Andrés | Delegado del Gobierno en Euskadi

«El trabajo da sustento documental y científico a una realidad siempre execrable y rechazable» Uxue Barkos | Presidenta de Navarra

«Ofrece un mecanismo para afrontar la verdad e, incluso, la reparación institucional futura» Foro Social

Poco recorrido

En principio, nada de eso va a pasar. El portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, defendió que «el prestigio local e internacional» de los autores del informe -mencionó a la UPV, al Instituto Vasco de Criminología y al propio Etxeberria- «es incuestionable» y valoró que, con la presentación de este trabajo, el Gobierno Vasco cumple el compromiso adquirido en el anterior plan de Paz y Convivencia. «El informe tiene un aval científico firme y muestra que el Gobierno Vasco es maduro desde el punto de vista democrático y no tiene ningún problema en arrojar luz sobre posibles vulneraciones de derechos humanos que ocurrieron en el pasado», añadió Erkoreka. Pero una vez conocidos los datos sobre la tortura, el Ejecutivo se limitará a enviar el informe a la ponencia de Memoria del Parlamento y no tiene previsto iniciar ninguna acción legal.

Erkoreka fue preguntado en concreto por los más de 300 casos de torturas que el informe atribuye a la Ertzaintza y sobre si el Ejecutivo vasco tomará alguna iniciativa para investigarlos. El portavoz indicó que «el trabajo se ha elaborado desde el anonimato de los testimonios», por lo que tendrían que ser las personas que han relatado esas torturas en el estudio las que las pusieran en conocimiento de la Justicia, en el caso de que esos delitos no hayan prescrito penalmente. Si por el tiempo transcurrido desde que se cometieron hubieran prescrito, «podrían acogerse a las previsiones de la ley de abusos policiales aprobada en 2016», apuntó Erkoreka. Es decir, el informe no tendrá ningún efecto por sí mismo porque «utiliza una metodología de aproximación genérica, pero no individualizada, ya que no se ha elaborado caso a caso». Ahora deberá ser la ponencia de Memoria la que decida si emprende alguna acción.

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