El Gobierno Vasco ve «anómalo» que haya candidatos catalanes en prisión

Los consejeros Arantza Tapia y Josu Erkoreka revisan unos documentos en Lehendakaritza tras el Consejo de Gobierno de ayer./M. ARRAZOLA
Los consejeros Arantza Tapia y Josu Erkoreka revisan unos documentos en Lehendakaritza tras el Consejo de Gobierno de ayer. / M. ARRAZOLA

Erkoreka asegura que el encarcelamiento de dirigentes políticos es «contraproducente» si se quiere recuperar la «normalización política»

MIGUEL VILLAMERIELSAN SEBASTIÁN.

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, calificó ayer de «anómalo» y «contraproducente» que la campaña electoral en Cataluña se haya iniciado con varios candidatos de formaciones soberanistas encarcelados, entre ellos el cabeza de lista de ERC y exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. Bajo la premisa de que «la judicialización de la política es negativa», el portavoz del Ejecutivo de coalición de PNV y PSE lamentó que la permanencia en prisión de dirigentes políticos no contribuye a la «normalización política e institucional» que necesita Cataluña en estos momentos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Erkoreka prefirió no valorar la última decisión del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de retirar la orden de detención internacional contra Carles Puigdemont y los otros cuatro exconsellers desplazados a Bruselas, aunque en una valoración general aseguró que «no es normal, y se puede considerar anómalo desde un punto de vista político», que algunos candidatos estén encarcelados. «Es aún más lacerante cuando se inicia una campaña electoral y algunos candidatos no tienen la oportunidad de participar directamente en ella al estar privados de libertad», añadió.

Ante las preguntas de los periodistas, Erkoreka señaló que el Gobierno Vasco no tiene previsto posicionarse «ante cualquier auto judicial que se produzca», en relación a la última decisión del juez Llarena. «Veremos cómo acaba todo este proceso judicial y entonces realizaremos una valoración», añadió. Recalcó, no obstante, que es «un grave error» que se incida en la «judicialización de la política».

«Enmendar la plana»

Algunos dirigentes del PNV sí reaccionaron ayer a la decisión del juez Llarena de retirar la orden de detención internacional contra Puigdemont y cuatro exconsellers. El portavoz jeltzale en el Congreso, Aitor Esteban, dijo tener «la sensación» de que la decisión de revocar estas órdenes se debe a que «Bélgica iba a enmendar la plana a los jueces españoles».

En declaraciones a los medios en el Congreso, Esteban señaló que el juez «seguramente valoró que había un riesgo evidente de que la Justicia belga no viera los delitos de sedición y rebelión de la manera en que los están calificando los jueces españoles». A juicio del portavoz jeltzale, ante el «riesgo evidente» de divergencias en la calificación de los delitos, la justicia española ha optado por «dar un pasito atrás».

Por su parte, la presidenta del Bizkai Buru Batzar, Itxaso Atutxa, aseguró ante las últimas decisiones judiciales que «la normalidad tiene que volver definitivamente a Cataluña», aunque reconoció que «decisiones como la del Supremo siguen dificultando ese objetivo».

La dirigente jeltzale también se refirió al futuro del autogobierno vasco, que se debate actualmente en la ponencia del Parlamento, y reiteró que el modelo del PNV «se basa en la bilateralidad, pero sobre todo apostamos por el consenso en Euskadi». Defendió «un acuerdo entre diferentes» porque Euskadi es «muy plural, y obviarlo sería ignorar la realidad de este país».

Por ello, Atutxa consideró que, «cuando se logre un consenso previo en este país», lo idóneo sería llevar a cabo una «consulta habilitante» para que la sociedad vasca refrendase el acuerdo. «Esa consulta es importante para saber si la ciudadanía vasca apoya ese futuro acuerdo antes de ir a Madrid y hacer un planteamiento», manifestó en una entrevista radiofónica.

Para la presidenta del BBB, la «unilateralidad está demostrando que lleva a imposiciones». «Y creo que eso no es aceptable, cuando no lo aceptamos tampoco por parte del Gobierno español», concluyó.

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