El Gobierno se muestra abierto a un cambio en la política penitenciaria con los presos de ETA

Sobre los presos catalanes, la portavoz del gabinete de Pedro Sánchez sí que añadió que están dispuestos a trasladar a cárceles catalanas a los políticos independentistas en prisión acusados de «sedición y rebelión», una vez el juez Pablo Llarena dé por concluida la instrucción, algo que podría producirse antes de que acabe el mes.

Fue precisamente la polémica sobre la situación de los dirigentes catalanes encarcelados la que dio pie también a abordar la cuestión de los presos de ETA en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Sánchez es sensible a las posiciones del PSE, que lleva tiempo defendiendo que, desaparecida ETA, mantener la dispersión sólo sirve para alimentar la «victimización» de la banda y crear un caldo de cultivo que permite que su «relato» cale en ciertos sectores de la sociedad vasca. Su portavoz no fue ayer tan explícita en su escueta respuesta a la pregunta de una periodista, e incluso señaló que el tema no se trató en la reunión ministerial de ayer. Pero con su frase llamando a adaptarse al nuevo tiempo, Celaá dejó abierta la disposición del Gobierno del PSOE a modular la estrategia penitenciaria, en línea con lo defendido cuando el PSOE estaba en la oposición, y como recoge el acuerdo del Gobierno Vasco firmado por PNV y PSE.

El Gobierno socialista es consciente de lo delicado del asunto y por ello ha confeccionado en el área de Interior un equipo equilibrado. Al frente, como ministro, está el juez Fernando Grande-Marlaska, auténtica 'bestia negra' judicial de Batasuna y ETA en el pasado, y muy bien considerado por las víctimas del terrorismo. Como complemento, al frente de Instituciones Penitenciarias, el Ejecutivo ha colocado a un perfil progresista, Ángel Luis Ortiz, mano derecha de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, de las plataformas de Podemos.

Respecto a Cataluña, la ubicación de los nueve presos preventivos del procés -el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; los exconsejeros Joaquim Forn, Carles Mundó, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull y Dolors Bassa; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los líderes de ANC y Ómnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart- se ha convertido en una patata caliente para el Ejecutivo, que se mueve entre su deseo de crear un clima de distensión con el Gobierno de Cataluña y la presión de PP y Ciudadanos para no ceder un milímetro.

Los ministros hasta ahora trataban de dar una patada al balón con el argumento de que, aunque la política penitenciaria depende del Gobierno, mientras se trate de presos preventivos es el juez el que decide su situación. Incluso Margarita Robles y Grande-Marlaska, ambos magistrados, se zafaron con esa respuesta, pero este jueves Llarena les dejó sin coartada al replicar que él no tiene competencia para decidir en qué centro penitenciario deben permanecer los reclusos mientras él continúe la instrucción del caso.

«Es una cuestión de matices -precisó ayer Celaá-. El Gobierno, y supongo que también el juez, son conscientes de que los presos en prisión provisional están a disposición del juez instructor y deben estar cerca del juez instructor; una vez concluidas las diligencias, ciertamente, la responsabilidad pasa a Instituciones Penitenciarias». La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ya dejó claro que ella vería «con buenos ojos» un acercamiento.

En este contexto, el president del Parlament, Roger Torrent, presentó ayer una querella contra Llarena por «vulnerar los derechos» de estos dirigentes encarcelados.