La gestión de los presos en Francia reabre las tensiones entre Sortu y el Gobierno Vasco

Manifestación. Un hombre muestra una bandera contra la dispersión en la marcha de París del pasado día 9./JULIEN DE ROSA / EFE
Manifestación. Un hombre muestra una bandera contra la dispersión en la marcha de París del pasado día 9. / JULIEN DE ROSA / EFE

La izquierda abertzale no entiende la postura del gabinete autonómico y considera que responde a que al lehendakari «no le gusta lo que no controla». El Ejecutivo de Urkullu relativiza la marcha de París y su influencia en el Ejecutivo francés

JORGE SAINZSAN SEBASTIÁN.

La gestión del futuro de los presos de ETA en Francia está reabriendo tensiones entre el Gobierno Vasco, por un lado, y la izquierda abertzale y los grupos sociales que trabajan para que el Gobierno de París acerque a los reclusos. En el mundo de Sortu y en grupos como los Artesanos de la Paz no han caído bien algunas de las últimas declaraciones públicas del Ejecutivo autonómico. Unas afirmaciones que cuestionan que la intermediación de las asociaciones y electos vascofranceses vaya a provocar realmente «cambios significativos en la política penitenciaria» gala, y que critican que se están alimentando «falsas expectativas». Por ejemplo, el secretario general de Derechos Humanos y Convivencia, Jonan Fernández, ha relativizado estos días el valor de la manifestación del pasado día 9 en París por los presos, señalando que no supone «un antes y un después», como defendieron los organizadores. Lo propio hizo con la retirada del estatus de peligrosidad a siete relevantes reos.

En la izquierda abertzale entienden que palabras como las de Fernández obedecen a un intento de buscar protagonismo en una cuestión, la del diálogo abierto entre el Ministerio galo de Justicia y los activistas y electos de Iparralde, que el Gobierno Vasco «no controla», denuncian fuentes independentistas.

Distintos medios conocedores del trabajo discreto en Francia precisan, en este sentido, que la gestión de la política penitenciaria gala está siendo abordada exclusivamente en un «marco político de la República Francesa», entre representantes del Ejecutivo de Emmanuel Macron y los activistas civiles y electos de la Mancomunidad Única de Iparralde, con su presidente, el centrista y alcalde de Baiona, Jean-René Etchegaray, al frente. Un Etchegaray que se ha puesto a la cabeza de la pancarta y que es muy celoso a la hora de preservar la autonomía de gestión del ente administrativo creado hace un año bajo el auspicio de París.

No cree que el Ejecutivo de Macron se desmarque en exceso de Rajoy, que sigue sin cambiar de estrategia Gobierno Vasco

Confía en que el espacio de diálogo abierto con París por electos y activistas de Iparralde pueda dar frutos Izquierda abertzale

El Gobierno Vasco, en todo caso, también tiene interlocución con el Ministerio de Justicia, a través también de Hélène Davo, subdirectora de gabinete de la ministra, Nicole Belloubet, y encargada de despachar, con los Artesanos de la Paz y los políticos de Iparralde. Antigua jueza de enlace entre España y Francia, Davo tiene buena relación con el Gobierno de Madrid, por lo que se antoja difícil creer que el gabinete de Mariano Rajoy no esté al corriente de los pasos que pueda dar Francia. En este sentido, en Ajuria Enea dudan de que Macron vaya a desmarcarse en exceso de la rueda de España, que sigue sin modificar su estrategia sobre la dispersión. Y creen que ETA debe profundizar en la autocrítica tras lamentar la semana pasada el asesinato del gendarme Nérin, un gesto dirigido al Gobierno galo que ha sido rechazado por la familia.

Pese a la lógica prudencia a la que obliga una materia tan sensible, la izquierda abertzale confía en que el espacio de diálogo abierto con el ministerio dé paulatinamente frutos. Los electos y colectivos vascofranceses celebrarán en breve otra reunión en París con Justicia y esperan un gesto antes de fin de año. La magnitud de esos posibles pasos será clave para calibrar la voluntad gala.

«Desmovilización»

No es la primera vez que hay tensiones entre el independentismo vasco y el Gobierno Urkullu. Ya en la gestión del desarme de abril discreparon sobre la necesidad o no de hacer un acto final público en Baiona y el protagonismo del Ejecutivo vasco. Así se desprende de documentos confidenciales del Foro Social Permanente conocidos estos días. Incluso hace tres años, en pleno domingo de Santo Tomas, al anuncio por los verificadores internacionales de que el sellado de armas avanzaba, el Gobierno Vasco respondió con un comunicado exprés proponiendo un comité de desarme, algo que la izquierda abertzale considero una «contraprogramación».

Donde parece haber coincidencia es respecto a la futura desaparición de ETA. Los mensajes de Fernández parecen más convencidos respecto al posible cierre de la persiana en los próximos meses de la organización ya desarmada. De hecho, el responsable vasco de Paz y Convivencia dio por bueno el término «desmovilización», uno de los que baraja la banda para oficializar su final, siempre que implique sin género de dudas que «deja de existir». Unas garantías que la propia ETA pretende dejar claras, como avanzó este periódico.

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