La Generalitat denuncia a los guardias civiles que interrogaron a sus altos cargos

El Gobierno catalán acusa a los agentes de actuar con voluntad de intimidación y de coacción para atacar el proceso soberanista

R. C. MADRID.

La Generalitat recurrió ayer a la misma justicia que está dispuesta a desobedecer si se entromete en su camino hacia la república catalana. Lo hizo para denunciar a los agentes de la Guardia Civil que a lo largo de esta semana han interrogado a seis altos cargos del Gobierno autonómico en el marco de una investigación sobre supuestos preparativos para la celebración de la consulta prevista para el próximo 1 de octubre.

Dos de ellos, el secretario general de Presidencia, Joaquim Nin; y el director general de Comunicación, Jaume Clotet, entraron en la comandancia de la Guardia Civil de Barcelona como testigos, pero a mitad del interrogatorio se les informó de que pasaban a tener la condición de investigados policialmente -una figura que no implica cargos judiciales- al considerar los agentes que se habían incriminado con sus declaraciones. En concreto, podrían haber incurrido en revelación de secretos, malversación de caudales públicos, desobediencia, prevaricación y sedición.

Desde el independentismo se acusa al Gobierno central de lanzar una nueva persecución política llevada a cabo con los medios del Estado y que tiene como único objetivo amedrentar a «demócratas» que defienden «ideas legítimas». En concreto, la Generalitat atribuye a los agentes del instituto armado en su denuncia hasta cinco delitos: contra los derechos individuales, obstrucción a la justicia, usurpación de atribuciones, falsedad documental y violación de secretos.

Los letrados del Ejecutivo catalán consideran que se violaron los derechos fundamentales de los dos investigados. Ambos acudieron como medida de precaución con sus abogados, pero al llegar a la comandancia en calidad de testigos no entraron al interrogatorio. Sí lo hicieron después de que los investigadores pasasen a considerar que sus clientes podrían estar implicados en un delito. Además, según la denuncia, «habrían tratado de influir en la declaración de los testigos acusándoles insistentemente durante el interrogatorio de mentir y de los graves perjuicios que les podría comportar, al tiempo que habrían mantenido una actitud agresiva, contundente y de presión».

Pero la demanda no se ciñe solo a las declaraciones de los altos cargos. Desde la Generalitat se acusa también a la Guardia Civil de haber manipulado documentos o de asegurar que actuaba siguiendo órdenes del juzgado número 13 de Barcelona cuando no era así.

Según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, una vez registrada la denuncia irá ahora a reparto y, después, el juez al que le corresponda examinarla deberá decidir si la admite o no a trámite.

El consejero de Presidencia, Jordi Turull, exigió ayer rapidez a la justicia para aclarar si el instituto armado se extralimita en sus funciones. «Pedimos que haya la misma celeridad a partir de la denuncia de estos hechos que la que hay en todo lo que hace referencia al proceso catalán», afirmó Turull en una rueda de prensa convocada después de la presentación de la demanda. A continuación, insistió en que ningún juez ordenó a los agentes que realizaran esos interrogatorios y, aunque no lo nombró, apuntó directamente al Gobierno central como responsable. Según afirmó el consejero de Presidencia, «insinuar o querer imputar por sedición a trabajadores públicos, altos cargos de la Generalitat y personas de entidades por el hecho de participar en la web del Pacto Nacional por el Referéndum o el Registro de Catalanes en el Exterior es una desproporción absoluta, un desconocimiento de la realidad o, lo que nos tememos, una voluntad de intimidación y de coacción para poder atacar el proceso que vive Cataluña».

Protección contra la CUP

Una de las consecuencias de la polémica por los interrogatorios a los altos cargos ha sido la convocatoria mañana por la CUP de una protesta frente a la comandancia de la Guardia Civil en Barcelona. Ayer, la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) pidió a los Mossos d'Esquadra «una protección y un despliegue acorde a las amenazas» que se producirán durante la manifestación. Considera que, para «dar una vuelta más de tuerca al acoso a la Guardia Civil en Cataluña», la CUP ha convocado una manifestación en los exteriores del cuartel de la Travessera de Gràcia, donde recientemente «también aparecieron pintadas amenazadoras» contra el instituto armado.

«Esta manifestación es un paso más en su política de persecución no sólo contra los que hemos elegido a la Guardia Civil como nuestra profesión, sino también contra nuestras familias, contra nuestros hijos que son testigos silenciosos de este acoso», subraya la asociación de este cuerpo.

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