Francia investiga por vez primera una denuncia por torturas en España

Acepta la petición de la exdirigente de ETA Iratxe Sorzabal y designa a un perito para que evalúe la verosimilitud de un testimonio recogido por la Guardia Civil

FERNANDO ITURRIBARRÍA PARÍS.

La Justicia francesa ha aceptado por primera vez investigar la verosimilitud de una denuncia de torturas realizada en España por un preso de ETA, a pesar de que fue archivada por un tribunal madrileño. La inédita iniciativa ha sido adoptada por el juez instructor del sumario abierto en París contra la exdirigente Iratxe Sorzabal Díaz 'Ezpela' quien, a petición de la defensa, ha designado a un perito psicólogo para que evalúe la fiabilidad de su testimonio a la luz del Protocolo de Estambul, mecanismo reconocido internacionalmente y avalado por la ONU. El médico experto, con consulta en París, fue nombrado el pasado mes de junio por el magistrado antiterrorista que le dio de plazo hasta el próximo 15 de noviembre para que emita su prueba pericial psicológica. Esta circunstancia justificó ayer el aplazamiento hasta el 6 de diciembre por la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París de las tres euro-órdenes cursadas por la Audiencia Nacional que reclaman la entrega de Sorzabal, quien compareció en la vista.

Las demandas imputan a la reclamada los estragos terroristas causados por bombas que explosionaron en 1995 y 1996 en el aeropuerto de Alicante, la aduana de Irun, el Palacio de Justicia de Gijón y una farmacia de esta ciudad asturiana propiedad del esposo de la exsecretaria de Estado para Asuntos Penitenciarios María Paz Fernández Felgueroso. La exdirigente e interlocutora de ETA alega que las euro-órdenes obedecen a declaraciones autoinculpatorias que le fueron arrancadas mediante torturas por la Guardia Civil.

Sorzabal (Irun, 1971) fue detenida el 30 de marzo de 2001 en Hernani y no ratificó su confesión ante el juez, al que denunció haber sido sometida a torturas. El 30 de setiembre de 2002 la Audiencia Provincial de Madrid ordenó el archivo de la denuncia, que seis meses antes había sido desestimada por una jueza madrileña. El caso fue recogido en el informe anual sobre la tortura del relator especial de la comisión de Derechos Humanos de la ONU, el holandés Theo Van Boven. El Gobierno Vasco llegó a pedir información del caso al Ministerio del Interior.

En la denuncia sobreseída figuran las fotografías que le fueron realizadas a Sorzabal a instancias de un médico forense de la Audiencia Nacional, que la visitó en dependencias de la Guardia Civil y, a la vista de su estado y de su testimonio, ordenó su ingreso hospitalario para ser sometida a pruebas médicas. En el informe pericial se constataron una contractura cervical, una subluxación y dermatosis en el costado derecho, donde la denunciante declaró que le fueron aplicadas descargas eléctricas. El Protocolo de Estambul contiene estándares y procedimientos reconocidos internacionalmente de cómo reconocer y documentar síntomas de tortura. Fue adoptado por la ONU o la UE.

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