Familiares de los detenidos de Alsasua denuncian la «desproporción» de las penas

Centenares de personas respaldaron a los familiares de los acusados ayer por la tarde en Alsasua./EFE
Centenares de personas respaldaron a los familiares de los acusados ayer por la tarde en Alsasua. / EFE

Su crítica es compartida por los gobiernos navarro y vasco, que ven excesivo que la Fiscalía pida hasta 62 años de cárcel para alguno de los acusados

MIGUEL VILLAMERIELSAN SEBASTIÁN.

La decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de pedir penas de hasta 62 años de prisión para los ocho acusados de la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua generó ayer un gran revuelo institucional y provocó que los familiares de los detenidos ofrecieran una rueda de prensa para denunciar el «miedo y desamparo» que sienten. La inmensa mayoría de los posicionamientos políticos que se realizaron ayer apuntaron a una «desproporción» entre los hechos que se juzgan y las condenas solicitadas por el fiscal. En este sentido se pronunciaron el Gobierno foral de Navarra y el Ejecutivo vasco, mientras que formaciones como Sortu fueron más allá y calificaron de «crueldad extrema» la petición de la Fiscalía.

Familiares de los ocho jóvenes detenidos el pasado octubre por la agresión a dos guardias civiles, para los que la Fiscalía pide penas que suman 375 años por un presunto delito de terrorismo, ofrecieron una rueda de prensa en Alsasua en la que aseguraron sentir «miedo, preocupación, desamparo y total desconfianza». Denunciaron que, con su petición de cárcel, la Fiscalía ha aportado «mayor dolor y preocupación» a las familias, ya que las calificaciones de terrorismo «se enmarcan dentro de la desproporción más absoluta».

«Delitos muchísimo más graves, como homicidios, violaciones en grupo, violencia de género o infanticidios, reciben unas penas considerablemente menores», criticaron los familiares, que afirmaron que «produce terror tanta desproporción». En este caso, agregaron, se asiste a «una sobreactuación judicial» y una «utilización extensiva del delito de terrorismo», lo cual «vulnera el principio de legalidad y el derecho a un juicio justo».

La rueda de prensa de las familias fue secundada por centenares de personas ayer por la tarde en Alsasua

Aseguran sentir «miedo, preocupación y desamparo» por el desarrollo judicial del caso

Los familiares de los jóvenes, tres de los cuales continúan encarcelados, aclararon que no piden «impunidad», sino que reclaman a la sociedad y las instituciones que defiendan el derecho a la presunción de inocencia y «el derecho a un juicio con garantías procesales, el derecho a que la ley no sea utilizada de manera extensiva y torticera».

Los familiares recibieron ayer parte del apoyo institucional que reclamaban. Los gobiernos navarro y vasco, así como partidos como Sortu y Podemos, coincidieron en calificar de «desproporcionada» la petición de la Fiscalía. La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, subrayó que el gabinete de Uxue Barkos «condena» los hechos de Alsasua, como lo hizo desde el primer momento, pero también, como entonces, «no lo entiende como delito de terrorismo» y por tanto ve en la postura de la Fiscalía una «desproporción no compartida».

Los partidos que sostienen al Gobierno foral de Navarra -Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-E- han presentado también una declaración institucional en el Parlamento foral en la que destacan su «discrepancia».

Críticas del Gobierno Vasco

El Gobierno Vasco, por su parte, confió en que «en lo que resta de proceso» judicial contra los ocho jóvenes de Alsasua «impere el sentido de la proporcionalidad por el bien de todos». El secretario general de Derechos Humanos y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, explicó que el Ejecutivo vasco «se identifica con el posicionamiento que han definido el Gobierno de Navarra y el Parlamento foral».

La reacción más contundente correspondió a Sortu, que denunció la «crueldad extrema» y el «ensañamiento» de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En opinión de la formación de la izquierda abertzale, el «ensañamiento» de la Fiscalía «resulta extremo y desproporcionado». «Esta esperpéntica petición demuestra la inhumana crueldad que instancias del reino están dispuestas a aplicar ante cualquier expresión que desagrade al régimen».

Por su parte, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, aseguró que el terrorismo y ETA «forman parte del pasado», pero lamentó que la decisión de la Fiscalía supone «volver a la excepcionalidad».

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