Un fallo severo

Alberto Surio
ALBERTO SURIO

La sentencia del Tribunal de Estrasburgo supone un serio varapalo al Tribunal Supremo que reconoce un caso de «tratos inhumanos y degradantes» que se produjeron en Arrasate en la detención de Igor Portu y Mattin Sarasola, los dos etarras autores del atentado de la T-4, según condena judicial. Pese a ese equilibrio que implica admitir «tratos inhumanos» pero no torturas, es un fallo severo que entra al fondo del asunto y no se limita a denunciar la falta de investigación de otras denuncias parecidas. Y que deja en buen lugar a la posición que en su día adoptó la Audiencia de Gipuzkoa, que en su momento admitió torturas, aun cuando su sentencia fue revocada por el Supremo. Cabe recordar hoy el papel desempeñado por el entonces fiscal-jefe de Gipuzkoa, Jaime Goiena, que mantuvo en el juicio, en 2010, la acusación contra los agentes de la Guardia Civil porque «no decían la verdad» y que siempre pensó que la lesiones de los detenidos no fueron fruto de un forcejeo, como sostenía la versión oficial. Y es que aquel fiscal también representaba al Estado.

El revés en la instancia europea exhibe la fuerza del Derecho. Se refleja la indiscutible superioridad moral que posee la democracia, que cuenta con sus correspondientes mecanismos de autodepuración cuando se producen abusos y excesos, y que deben ser sancionados y corregidos. La fuerza moral de un sistema de garantías es esta, aunque en este caso implique un varapalo para el Estado de fuerte calado político por tratarse de la primera condena por malos tratos a España.

La decisión de Estrasburgo permite echar la vista atrás. No es la primera vez que un tribunal europeo investiga a España por denuncias similares. Si se reivindican los derechos humanos no cabe mirar hacia otro lado en este tema. Sería una mutilación parcial e injusta. Pero la reacción de Sortu no es en absoluto de recibo: no es éticamente admisible utilizar de forma sesgada esta sentencia para avalar el imaginario de sus consignas o para compensar con argumentos su incapacidad política para mirar de forma autocrítica el pasado de una violencia que también ejerció un trato inhumano y degradante.

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