Los enigmas del 'procés' que esconde la Generalitat

La presentación de la ley de Transitoriedad sigue sin aclarar las dudas sobre el proceso soberanista, que sus impulsores mantienen opacas de forma deliberada

ÓSCAR B. DE OTÁLORA

Los impulsores del proceso secesionista catalán presentaron ayer la Ley de Transitoriedad con la que pretenden poner en marcha el paso de la autonomía a la independencia a partir del referéndum convocado para el próximo 1 de octubre. Este proyecto está sumido en una atmósfera de política-ficción absoluta en el que las aspiraciones nacionalistas se enfrentan a la intención del Gobierno de Mariano Rajoy, con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos, de impedir que se ponga el marcha el 'procés'. Las estrategias de la Generalitat y de la Moncloa son en estos momentos un juego del gato y el ratón en el que ambas instituciones esconden sus cartas. Y en ese escenario, el Gobierno de Puigdemont y sus socios siguen sin resolver muchas de las dudas que presenta todo el movimiento. La presentación de esta denominada 'ley de desconexión', en ese sentido, no resuelve muchas de las claves que los independentistas mantienen ocultas. Estas son algunas de las zonas de sombra del 'procés':

La fecha de aprobación

Todo el 'procés' está pendiente del referéndum del 1 de octubre. Si sale el sí -y partiendo de la base de que se celebren esas elecciones- entraría en funcionamiento el articulado legal que ayer se presentó. Sin embargo, los partidos independentistas no han aclarado en qué fecha lo llevarán a la cámara catalana para aprobarlo y que así entre en vigor. Es previsible que en el momento en que se dé ese paso el Gobierno de Madrid lo recurrirá para que sea paralizada la norma. En cualquier caso, la previsión soberanista es que esté en vigor seis meses, hasta que se celebren las elecciones constituyentes para elegir al Parlamento que redactará la Constitución de la nueva República. Todo hipótesis y diseños sobre el papel.

¿Dónde están las urnas?

Todo depende del referéndum del 1 de octubre pero esa cita no solo tiene en contra la legalidad sino también la logística. El Gobierno de Puigdemont no consiguió sacar adelante su proyecto para comprar las urnas en las que los ciudadanos podrían depositar su voto. En sus últimas declaraciones han dejado ver que ya disponen de ellas y que no tendrán problemas en sacarlas a la luz dentro de un mes pero todo es una incógnita. Las urnas, no obstante, son la punta del iceberg. La Generalitat no ha resuelto todavía quiénes formarán parte de los equipos electorales ni qué funcionarios tendrán que trabajar ese día. Sobre ellos, no obstante, pesa la doble amenaza de ser expedientados por el Ejecutivo catalán o los jueces. En ese contexto, la 'ley de desconexión' ya avanza que las personas sancionadas por participar en el'procés' serán indultadas.

¿Quién pagará impuestos...y dónde?

a Generalitat se arroga con el proyecto de norma la capacidad de recaudar impuestos para todos los ciudadanos catalanes. El problema que no resuelve es que muchas empresas, con intereses en toda la península, deberán continuar pagando también a la Hacienda española, ya que no estar al día de algunas de sus obligaciones tributarias les supondría un notable problema para continuar trabajando fuera de Cataluña. La Ley de Transitoriedad también se refiere a la deuda de la comunidad con el Estado. Los soberanistas se limitan a señalar que si el Gobierno central ellos no asumirán los pagos que deben.

¿Habrá moneda propia?

Como todo el proceso es a fecha de hoy una cuestión de política ficción una de las preguntas que cabe hacerse es qué moneda tendrá Cataluña si su declaración independentista le deja fuera de la Unión Europea. Es un terreno casi de mera especulación pero estar fuera de la comunidad no implica solo dejar de tener el paraguas legal e institucional de la UE sino también cuestiones más prácticas como la capacidad de utilizar una moneda común. La 'ley de desconexión' no entra en ese terreno.

¿Se podrán realizar extradiciones?

Más cosas sin aclarar. Según la redacción de la norma, la Generalitat asumirá el control de las fronteras y, desde el punto de vista legal, continuará aplicando las normas de derecho de la Unión Europea, el derecho internacional general y los tratados internacionales -aunque no detalla estos últimos-. La Generalitat no tiene firmado ningún acuerdo con otros países para cuestiones clave como las extradiciones o el reconocimiento de documentos internacionales de identificación por lo que es un enigma saber cómo se diseñarán esas relaciones con otros países.

¿Habrá un Ejército?

La Ley de Transitoriedad establece que el Ejército español deberá salir de Cataluña una vez que entre en vigor. Los autores del articulado, no obstante, no mencionan si Cataluña dispondrá de sus propias fuerzas armadas. En principio, esta discusión estará pendiente de la asamblea constituyente que se convoque. Distintas organizaciones de la sociedad civil de corte soberanista sí que han elaborado diversos documentos en los últimos años en los que defendían la necesidad de que una república catalana contase con sus propios soldados.

¿Cuál será el Código Penal?

Si la desconexión supone anular la legalidad emanada de las Cortes españolas, ¿cuáles serán las normas legales que rijan en Cataluña? Se aplicará el Código Penal español, por ejemplo, o estará en vigor otro tipo de normativa. Nada de esto se aclara en la redacción presentada ayer. La principal referencia a las cuestiones judiciales es que el Tribunal Superior de Justicia pasará a ser el Tribunal Supremo y sería una especie de instancia constitucional. Todo lo demás es misterio.

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