El PSE se descuelga del informe del Gobierno sobre tortura por avalar la 'teoría del conflicto'

Trabajo final. El forense Paco Etxeberria, la investigadora y criminóloga, Laura Pego, y el responsable de paz, Jonan Fernández./UNANUE
Trabajo final. El forense Paco Etxeberria, la investigadora y criminóloga, Laura Pego, y el responsable de paz, Jonan Fernández. / UNANUE

El PP y Erne, el sindicato mayoritario de la Ertzaintza, rechazan un trabajo que incluye 336 denuncias atribuidas a la Policía vasca El dossier, que recoge 4.113 casos, abre una brecha entre los socios del Ejecutivo vasco

JORGE SAINZSAN SEBASTIÁN.

Se preveía que el informe del Gobierno Vasco sobre torturas levantara ampollas y así está siendo. No habían pasado ni quince minutos desde el final del acto de presentación cuando el PSE-EE, socio del PNV en el Ejecutivo, rechazaba con dureza el dossier que censa en 4.113 los casos de malos tratos policiales en Euskadi. Los socialistas vascos denunciaron como «un error entender que medio siglo de terror de ETA se resume en 840 asesinados y 3.400 torturados, una simplificación que alimenta la teoría de un conflicto que nunca ha existido» y propaga la idea de que la «tortura fue generalizada». En parecidos términos, el PP vasco teme que solo servirá para «criticar a las Fuerzas de Seguridad del Estado y la Ertzaintza». Asimismo, el principal sindicato de la Policía autonómica, Erne, se sumaba a las críticas censurando que se incluyan en el dossier 310 casos de la Ertzaintza sin sentencia judicial, sobre un total de 336 censados, señalaron.

El informe sobre el mapa de torturas en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1960 y 2014, elaborado en colaboración con el experto forense y profesor de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) Francisco Etxeberria, y la investigadora del Instituto Vasco de Criminología Laura Pego, ha llevado casi un año de trabajo, en medio de una gran discreción. Conscientes de lo delicado del asunto, el secretario de Derechos Humanos y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, se esforzó ayer tarde en San Sebastián en encuadrar el estudio en el marco de la «clarificación de las vulneraciones de derechos humanos». No obstante, la rápida crítica del PSE, casi a la vez que se hacía público el informe, evidencia que la elaboración del dossier no ha estado exenta de tensiones entre los dos integrantes del Gobierno de Iñigo Urkullu. Unas discrepancias que podrían repetirse en la ponencia de Memoria del Parlamento Vasco, a la que se trasladará el resultado final, que será también depositado en el Instituto Vasco de la Memoria, Gogora.

Los datos

4.113 casos censados
que afectan a 3.415 personas, ya que un 17% denuncia que sufrió torturas más de una vez. El 17% fueron mujeres y el 83% hombres.
336
casos atribuidos a la Ertzaintza frente a 1.785 de la Policía Nacional y 1.792 de la Guardia Civil.
454
expedientes pendientes de análisis dado el enorme volumen de información.
202
denuncias fueron sometidas al test pericial del protocolo de Estambul dando una alta fiabilidad y detectando que un porcentaje no inferior al 5% presentaba secuelas psicológicas importantes, señalan.
2014
Último año del que se tiene constancia de denuncias de torturas, con un total de tres.

De hecho, los socialistas se descolgaron de inmediato de su contenido desvelando que el informe tiene su origen en la pasada legislatura, cuando todavía ellos no estaban en el Gobierno. «No hemos participado, ni compartimos ni en el fondo ni en la forma», sentenciaron en una nota. El PSE-EE trasladó personalmente a Fernández que el trabajo adopta «una metodología meramente expositiva sobre las denuncias recogidas y llega a conclusiones que no se dirigen en la dirección necesaria para que se produzca una verdadera reparación de las víctimas» de todas las vulneraciones, por lo que apela a la Ley 12/2016, de reconocimiento y reparación de víctimas de motivación política, impulsada en origen por este partido. Los socialistas también defienden la labor de la «inmensa mayoría» de funcionarios policiales.

«Sería conveniente que en el ámbito estatal se reconociera el daño injusto a las víctimas de torturas» Jonan Fernández | Secretario de Derechos Humanos

«Es un error resumir medio siglo de terror en 840 asesinados por ETA y 3.400 torturados» PSE-EE | Comunicado

«Responde al afán de la anterior legislatura de poner contra las cuerdas al Estado en vez de a ETA» Carmelo Barrio | Parlamentario del PP vasco

El parlamentario del PP vasco Carmelo Barrio también encuadró el informe en el plan de Paz de la legislatura anterior que tenía como «afán poner contra las cuerdas al Estado y la Policía, olvidándose de la exigencia de condena a ETA».

Por el contrario, los autores de la investigación, con Etxeberria a la cabeza, sí que concluyeron que «la tortura ha sido más que esporádica». De hecho, Jonan Fernández, en su exposición, hizo un ejercicio de autocrítica al considerar que las torturas y sus víctimas «necesitaron una mayor atención y respuesta» del Gobierno Vasco. Agregó, asimismo, que «en el ámbito estatal» debe «realizarse una reflexión crítica y reconocerse el daño injusto causado a las víctimas».

Fernández también se esforzó en diferenciar cuantitativa y cualitativamente la actitud de la Ertzaintza de la de Policía Nacional y Guardia Civil. Tras resaltar la inexistencia de condenas judiciales por malos tratos de la Policía vasca, pese a tener censadas en el dossier más de trescientas denuncias, puso en valor el «modelo preventivo» de este cuerpo. En febrero, cuando se divulgó el avance de este informe, se produjo una gran polémica por las concentraciones de Sortu ante comisarías de la Ertzaintza denunciando los supuestos malos tratos del cuerpo autonómico. La coalición EH Bildu se pronunciará hoy sobre el informe.

La gestión de este informe con los responsables de la Policía autonómica también ha exigido cierta pedagogía interna, al incluir el dossier 336 casos registrados a cargo de la Ertzaintza. No obstante, el principal sindicato del cuerpo, Erne, se mostró ayer también muy crítico por la inclusión de 310 casos relacionados con la Policía vasca y cuatro de policías locales sin que exista ninguna sentencia. «Solo se puede entender desde un punto de vista de equidistancia del Gobierno Vasco entre una organización terrorista y los que verdaderamente han sufrido las torturas y malos tratos por parte de una organización terrorista que ha asesinado y perseguido a dichos agentes», añadieron.

Denuncias perdidas

Las críticas eclipsaron un trabajo en el que el equipo liderado por Etxeberria ha analizado y archivado más de 26.113 documentos y ha recabado 500 testimonios directos de víctimas de tortura y malos tratos, a los que se suman otros recopilados con anterioridad en audio y en vídeo hasta alcanzar las 1.027 declaraciones. El censo se fija en 4.113 casos que afectan a 3.417 personas, ya que en un 17% de los damnificados se produjeron los abusos más de una vez. 2.246 casos (59%) han sido ratificados, según el estudio. Etxeberria agregó que el número de casos seguramente es mayor pero no se han podido rescatar muchas denuncias de la época de la dictadura y principios de los ochenta. Además, siguen pendiente de estudio unos 454 expedientes más.

El equipo investigador ha aplicado a 202 casos la metodología de comprobación y análisis de las consecuencias y secuelas establecidos en el Protocolo de Estambul, un trabajo que ha determinado que al menos el 5% de los denunciantes padecen «secuelas psicológicas importantes que requieren atención especializada». El dossier recoge que existen 20 condenas ratificadas por el Tribunal Supremo de torturas y malos tratos a 31 víctimas, de las que derivan 49 condenados, 21 de ellos policías nacional y 28 de la Guardia Civil. Enumera que los métodos de tortura fueron evolucionando desde el daño físico hasta otros «más difíciles de detectar en exámenes forenses» como «maniobras de asfixia como la bolsa, posturas forzadas o ejercicios extenuantes, amenazas y humillaciones, desnudo forzados y vejaciones sexuales». Y señala la incomunicación del detenido como factor clave.

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