Un año para decidir (o no)

El independentismo catalán tiene apenas un mes para clarificar qué quiere hacer. Rajoy encara un difícil segundo tiempo de legislatura. Y los partidos vascos deberán decantar la ponenciade autogobierno

Lourdes Pérez
LOURDES PÉREZ
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Empieza a haber a algunas razones para pensar que al presidente del Gobierno con etiqueta de inmovilista lo que le va, en realidad, es la marcha. La política, se entiende. Si Mariano Rajoy retiene todavía hoy la Moncloa es gracias al insólito órdago que lanzó en 2016 dejando pasar de largo la investidura, quemando al aspirante Pedro Sánchez y forzando, al fin, la celebración de unas segundas generales que apuntalaron su frágil mayoría. El jefe del Ejecutivo español volvió a jugársela el pasado 27 de octubre a una carta que, esta vez, él no quería utilizar: la aplicación del artículo 155 de la Constitución, aunque con la fecha de caducidad de las autonómicas del 21-D. Fue una convocatoria fulgurante de espaldas al sector más aznarista de su partido, que ha acabado resultando ruinosa para el PP por sus antecedentes en Cataluña, la coerción judicial contra los dirigentes del procés y el empuje de Ciudadanos. El Gobierno sale debilitado tras su batacazo en las urnas y la renovada hegemonía de los independentistas. Y, sin embargo, es más que dudoso que el secesionismo esté en condiciones de plantar una nueva batalla contra el Estado. Un Estado que se ha demostrado muy rocoso en la Europa que no quiere resquebrajarse y al que se aferra Rajoy en puertas de un dificilísimo segundo año de legislatura. Será, en efecto, que al presidente le va la marcha: el jueves se reunió con Albert Rivera –mejor tener cerca a tu enemigo íntimo– y el viernes se la volvió a jugar a un 155 veloz: usó sus atribuciones para fijar el 17 de enero, antes de plazo, la sesión constitutiva del Parlament. Presión para Puigdemont. Presión para Junqueras. Presión para un soberanismo tan ganador como dividido entre el retiro de Bruselas y la cárcel de Estremera.

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La falta de alternativa y la mezcla de cansancio y temor de todos ante un posible adelanto de las generales constituyen hoy el principal salvoconducto para la continuidad de Rajoy. Un Rajoy que parece más dispuesto a seguir explotando las posibililidades de la ley y las rencillas y contradicciones entre los secesionistas que a adentrarse, por ejemplo, en una procelosa reforma constitucional que ocuparía lo que resta de su complejo mandato. Paciente hasta exasperar a sus adversarios, el presidente sabe que el tiempo de la investidura pende sobre Junts per Catalunya y sobre Esquerra. Al acelerar la formación de la Cámara catalana al día 17, el separatismo tiene hasta el 31 para tratar de hacer valer su mayoría invistiendo al nuevo president. Con 19 diputados investigados por rebelión, Puigdemont y sus cuatro compañeros de viaje en Bélgica deberán decidir si vuelven o no; o si renuncian o no a sus actas para que corra la lista y no ver jibarizada la primacía independentista. La suerte de los tres encarcelados –Junqueras, Jordi Sánchez y Joaquim Forn– está en manos del Supremo. Es decir, a la mayoría vencedora en las urnas le queda apenas un mes para resolver no solo qué quiere hacer con sus electos imputados, sino también hacia dónde pretende orientar la legislatura. El retorno a la estrategia de ruptura unilateral e ilegal supondrá la reedición del 155. Y 2018 arranca con el interrogante añadido de si la baza del Estado con la excepcionalidad constitucional despertará en el arco catalán las ansias inconfesables de unas nuevas elecciones para primavera.

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Hay un tiempo que corre en paralelo al de la tormentosa legislatura de Rajoy y la incluso más endiablada legislatura catalána, aún por estrenar. Con el derecho a decidir erigido en elefante en medio de la habitación del pacto de gobierno PNV-PSE, los partidos vascos afrontarán un año decisivo en la ponencia parlamentaria sobre la actualización del autogobierno. Decisivo no tanto porque asome en el horizonte con nitidez la posibilidad de un consenso más amplio que el que sostiene el actual marco estatutario, sino, más bien, porque las fuerzas concernidas tendrán que resolver si siguen adelante o no, cómo y entre quiénes. Un acuerdo sobre el elefante de la autodeterminación entre jeltzales, EH Bildu y Podemos contravendría esa otra mayoría con los socialistas y el PP en la que se apoya el lehendakari Urkullu para amarrar la estabilidad de su mandato. El desafío de fondo no difiere en demasía del catalán: o un consenso hacia una bilateralidad de máximos cimentada en la mayoría soberanista o un consenso más transversal que module las pretensiones de cada uno.

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