La vía de las consultas de Urkullu no logra el apoyo de las grandes familias políticas europeas

El lehendakari Iñigo Urkullu explicó su proyecto en un encuentro con embajadores de la UE celebrado el 10 de enero de este año./
El lehendakari Iñigo Urkullu explicó su proyecto en un encuentro con embajadores de la UE celebrado el 10 de enero de este año.

El conflicto soberanista de Cataluña complica el debate sobre una directiva de Claridad en la UE. Los nacionalistas, conscientes de que la propuesta toca la médula de la Unión, admiten que la discusión «es una carrera de fondo»

ALBERTO SURIOSAN SEBASTIÁN.

Canadá está muy lejos de la UE: a 6.618 kilómetros. Un alto funcionario del Parlamento Europeo dicta su sentencia cerca de la catedral de Estrasburgo, frente al pub Exils, un lugar acogedor donde se sirven las mejores cervezas alemanas de la ciudad. La propuesta del lehendakari Iñigo Urkullu para que la Unión Europea elabore una directiva de Claridad que regule posibles consultas legales ha encendido un debate sobre el futuro de Europa. Lo que para los nacionalistas es una herramienta de 'más democracia', en sintonía con el espíritu fundacional de la Unión, para sus corrientes ideológicas tradicionales puede ser un error que propicie el efecto dominó de las tensiones nacionalistas. El aperitivo de la discusión tendrá lugar el 15 de junio, en un encuentro entre eurodiputados vascos y una representación del Parlamento Vasco.

En política, el sentido de la oportunidad es un principio de oro. Urkullu mantiene una buena interlocución con los dirigentes de la UE. Pero su propuesta ha tocado 'hueso' en la Unión. Hasta el momento, ni los democristianos ni los socialdemócratas ni los liberales -las tres familias clásicas del Parlamento de Estrasburgo- han avalado la propuesta del lehendakari, que sí tiene respaldos entre las minorías nacionalistas y los verdes. El presumible incremento de los liberales después de las próximas elecciones europeas y el posible retroceso de los socialistas mantendrá esa equilibrio de fuerzas, desfavorable para los nacionalistas, que confiaban en que las imágenes de la Policía en la consulta del 1 de octubre en Cataluña cambiarían las coordenadas emocionales del debate.

Pero, en perspectiva, la resaca del 'Brexit' deja un sabor amargo en la UE a la hora de reabrir el espinoso debate sobre las soberanías nacionales. Al igual que los movimientos eurófobos y ultranacionalistas en Europa oriental, con complejos problemas de minorías nacionales, que están 'congelados' pero no resueltos, en Hungría, Rumanía, Eslovaquia, Chequia y Polonia. Un polvorín.

La elaboración de cualquier directiva que afecte al Tratado de la Unión, que reconoce en su artículo 4 la competencia de los estados para mantener su 'integridad territorial', requeriría un delicado proceso de maduración que pasase previamente innumerables filtros jurídicos y políticos. La iniciativa legislativa para promover una directiva correspondería exclusivamente a la Comisión Europea. Mientras tanto, todos están de acuerdo en admitir que el conflicto soberanista en Cataluña complica extraordinariamente la discusión. La conclusión es compartida: hasta que este problema se encauce, el debate de fondo resulta inviable.

La claridad de Quebec

La Directiva de Claridad pretendería reproducir en la UE la Ley de Claridad puesta en marcha en Canadá para encauzar el contencioso de Quebec. En aquella provincia francófona se llevaron a cabo dos referéndums de soberanía, uno en 1980 y otro en 1995. En ambos venció el no a la independencia, aunque en el último por muy poco margen. Ambas consultas se llevaron a cabo sin el visto bueno de la federación canadiense pero tampoco con un veto expreso de la misma, según señala el catedrático Alberto López Basaguren. Existía, matiza, un vacío constitucional porque «el referéndum es un elemento extraño a la tradición jurídica anglosajona». Ante ese vacío, y a requerimiento del Gobierno federal, el Supremo de Canadá fijó en un dictamen la tesis de la Claridad, es decir, que solo tendría validez un proceso de acceso a la soberanía a partir de una pregunta clara, avalada por una mayoría también clara, que daría lugar a una negociación constitucional con el resto de Canadá, excluyendo el derecho unilateral a la autodeterminación. Posteriormente fue el Parlamento federal el que estableció la Ley de Claridad. Los soberanistas quebequeses la cuestionan porque, en su opinión, fuerza que cualquier solución pase al final por una negociación con el resto de la Federación.

López Basaguren se muestra sorprendido por esta paradoja: que lo que los soberanistas rechazan para Quebec, sea útil en Europa. Pero piensa que la propuesta no tiene ninguna viabilidad, ni en la forma ni en el fondo. En el procedimiento, porque una directiva de Claridad, que tiene que ver con el Tratado de la Unión, jamás puede plantearse como un asunto bilateral con la Comisión, ya que son los estados los signatarios de la UE en el seno del Consejo. En el fondo, porque Europa no está en condiciones para abrir ese debate de la soberanía al margen de la voluntad de los estados, que son los protagonistas de la Unión. «Se trata», cree López Basaguren, de «una propuesta de consumo interno, que reabre la caja de Pandora en una Europa que nació unida precisamente como una idea de unidad marcada a fuego frente al principio de nacionalidades del período de entreguerras y sus traumáticas consecuencias».

«La propuesta de Urkullu es de consumo interno y no cumple ningún procedimiento» Alberto López Basaguren, Derecho Constitucional UPV

«La propuesta es acertada aunque los estados cerrarán filas para evitar que 'vuele'» Juanjo Álvarez, Derecho Internacional UPV

«Las instituciones europeas no van a permitir un simulacro de derecho de autodeterminación» Juan José Solozábal, Derecho Constitucional UAM

«La UE es un proyecto de integración basado en la voluntad de los estados... Eso no va a cambiar» Joaquín Almunia, Excomisario de la UE

«La génesis de esta iniciativa surgió mucho antes de que estallase el asunto catalán» Izaskun Bilbao, Eurodiputada del PNV

«Nadie en Europa quiere reabrir en serio la caja de Pandora de las viejas tensiones nacionalistas» Maite Pagazaurtundúa, Eurodiputada de UPyD

«Y la ley»

Maite Pagazaurtundúa, europarlamentaria de UPyD y miembro de la Alianza de los Liberales Europeos, comparte esa visión, sobre todo en una coyuntura marcada por el trauma de 'Brexit' y el auge de los «nacionalismos feroces» en la Europa Oriental que hacen revivir «los peores fantasmas». En su opinión, el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, ha expresado su hostilidad a cualquier planteamiento que pretenda generar más problemas. Pagazaurtundúa recuerda su última visita a Quebec con miembros de la Comisión Constitucional de la Cámara de Estrasburgo. Allí le gustó el mensaje que le plantearon los liberales: «Ser quebequés es nuestra manera de ser canadiense». Y allí replicó desde la tribuna a un dirigente soberanista que pedía la necesidad de respetar del principio de la mayoría democrática. «Y de la ley, señor», exclamó la eurodiputada guipuzcoana.

El Manifiesto de Estrasburgo

Izaskun Bilbao, europarlamentaria del PNV, mantiene una opinión bien diferente. «Somos conscientes de que estamos ante una carrera de fondo y propuestas como esta, que conectan con nuestro ADN europeísta, se hacen más necesarias que nunca como solución a los problemas territoriales de la Unión», afirma. «Llevamos años trabajando en este asunto a través del Intergrupo de minorías, y con un manifiesto que ya recogia la idea y que fue firmado por más de 80 eurodiputados», sostiene. Bilbao subraya que «hemos mantenido esa misma posición en infinidad de debates, incluso en el abierto sobre la reforma de la UE por el 'Brexit'». Y apunta un dato relevante: «Toda la génesis de la propuesta, su debate y aprobación, se produjeron mucho antes de que estallase el asunto catalán». Para Bilbao, «el concepto de Unión Europea requiere adhesiones voluntarias y es distinto al de unidad, que responde a esquemas del pasado».

La unidad de los estados

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid, Juan José Solozábal, se muestra crítico. «A algunos, incomprensiblemente, les cuesta entender que la unidad constitutiva de Europa son los estados, no solo porque los estados, a través de sus tratados, la han fundado, sino porque componen sus instituciones y garantizan su funcionamiento. Europa no es un mega-estado, pero tampoco la base de Europa pueden ser las regiones o nacionalidades que solo ofrecerían incertidumbre y precariedad».

Para Solozábal, «las instituciones europeas no van a consentir, y menos animar, que se cuarteen los fundamentos de los estados, propiciando un simulacro del derecho de autodeterminación».

Premisas con garantías

Sin embargo, el catedrático de Derecho Internacional Privado de la UPV, Juanjo Álvarez, mantiene otra tesis. «En primer lugar, creo que se han exacerbado ciertas críticas a esta propuesta». De entrada, porque, en su opinión, se han buscado equivocadamente analogías con la vía catalana: «Nada más lejos de la realidad, porque la triple exigencia de que se trate de un proceso de consulta legal, pactado y con garantías marca tres premisas de enorme importancia que rechazan la unilateralidad».

El catedrático de la UPV cree que la propuesta es «acertada» cuando habla de estatus de «soberanía, cosoberanía o interdependencia». Pero admite los problemas que suscita. «Es perfectamente admisible en el marco jurídico de la UE, pero los estados en el Consejo cerrarán filas para evitar que tal propuesta 'vuele', es decir, que salga adelante; y tal negativa estará anclada más en motivos políticos que jurídicos».

En su día, esta discusión pudo canalizarse a través del Comité de las Regiones. Pero éste perdió personalidad cuando entraron las ciudades y se diluyó su peso como foro de las regiones con competencias legislativas, opina escéptico un funcionario de la UE. En Estrasburgo, un virulento temporal de nieve ha dejado aislados a muchos eurodiputados y ha colocado a la capital de Alsacia en el ojo de la tormenta. Toda una metáfora de los vientos que soplan.

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