Constitucionalistas plantean que los estatutos puedan definir como nación a Cataluña y Euskadi

Presentan en Madrid una propuesta de reforma de la Carta Magna para dar cauce al conflicto catalán y procurar un nuevo «reencuentro» del país

LOURDES PÉREZSAN SEBASTIÁN.

El mundo académico mueve pieza, en medio de las divergencias partidarias sobre si es preciso afrontar una reforma de la Constitución de 1978, sobre su alcance y sobre si podría bastar para encauzar las pulsiones territoriales y, singularmente, la crisis catalana. Ayer una decena de catedráticos de Derecho Constitucional y Administrativo, entre los que figura el vasco Alberto López Basaguren, presentó en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, un documento de 19 folios con sus «ideas» para modificar la Carta Magna. Los autores no han querido ir más allá de esa formulación genérica ni optar por un título más ampuloso. Pero la pluralidad de esos mismos firmantes, su acreditada trayectoria y las propuestas que formulan -con el foco en la implosión del independentismo en Cataluña y la aplicación del artículo 155- otorgan relevancia a un texto que aboga por un «reencuentro» colectivo dentro del marco constitucional y sugiere iniciativas susceptibles de generar debate y controversia. Como la posibilidad de que sea cada estatuto el que pueda definir como «comunidad nacional» a las autonomías que así lo acuerden. La iniciativa menciona a Cataluña, pero es obvio que se hace extensiva para Euskadi.

Los expertos coordinados por Santiago Muñoz Machado y Eliseo Aja parten de la premisa de que el Estado sufre «la crisis más grave» desde 1978 derivada de «un conflicto político que debe ser abordado». Pero constatan que otros países han afrontado problemas similares y que España «también puede hacerlo». A su juicio, el contencioso en torno a Cataluña bebe de dos fuentes principales: una, la sentencia del Constitucional de 2010 que cercenó el Estatut y la desatención por el Gobierno del «flanco político» para intentar reconducir las tensiones; la segunda es la apuesta de la Generalitat por la vía unilateral hacia la independencia, «pretendiendo disociar democracia y Constitución». Los expertos creen inexcusable «el restablecimiento del orden constitucional» socavado por la DUI. Pero también se muestran convencidos de que es preciso renovar el acuerdo del 78 para procurar un «reencuentro» en la convivencia; otro «pacto territorial» que «limite los intentos secesionistas» pero garantizando al tiempo «las aspiraciones de autogobierno»; y una «legitimidad» reforzada de la Carta Magna.

Alberto López Basaguren
Eliseo Aja Fernández
Santiago Muñoz Machado
Francesc de Carreras Serra
Ana Carmona Contreras
Víctor Ferreres Comella
Enric Fossas Espadaler
Javier García Roca
José Antonio Montilla Martos
Joaquín Tornos Mas

El documento aboga por activar la vía dialogada para tratar de solventar la crisis, aunque descarta que el Gobierno deba hablar en formato bilateral con el separatismo catalán. Y sus autores fijan cuatro premisas de partida. Una, el diálogo debe encararse «desde la Constitución», lo que exige hacer «pedagogía constitucional». Dos, ha de estar «institucionalizado»: es decir, su lugar es el Congreso, aunque los catedráticos advierten de que el debate de una eventual reforma tiene que resultar «más transparente y participado» que en la Transición. Tres, es al «Gobierno del Estado» al que le corresponde «liderar» la búsqueda de acuerdos. Y cuatro, ese diálogo parte de dos únicos límites. «No se puede mantener el 'statu quo'», sentencia el texto, pero «el referéndum de independencia no puede ser la primera opción sin haber explorado otras posibilidades menos traumáticas». La conclusión es que el cambio en la Constitución debe alumbrar «un nuevo marco de autogobierno» que sea sometido a refrendo «tanto en Cataluña como en el conjunto de España».

Creen que Cataluña podría denominarse «comunidad nacional» sin afectar a la soberanía españolaAbogan por un Senado territorial que negocie y evite la elevada conflictividad ante el TC

Los autores, que subrayan «la supremacía de la Constitución», precisan que su propuesta es para reformarla, no para promover un proceso constituyente con vuelcos «radicales». Llaman, por ello, a «desterrar del ideario colectivo el miedo» al cambio, sobre la base de que a diferencia de las normas constitucionales de estados como Alemania o Italia, la española carece de «cláusulas de intangibilidad»; o lo que es lo mismo, toda ella es modificable. Citan las vías de reforma del artículo 167 y la agravada del 168, aunque ven posible culminar la actualización en una legislatura. En cuanto a las mayorías, no consideran imprescindible que el consenso sea tan cerrado como en la excepcionalidad de 1978, cuando la Constitución recibió el aval de 325 de los 350 diputados del Congreso. Y matizan que, en todo caso, el acuerdo ha de alcanzarse al final del debate, no como premisa para emprenderlo.

El federalismo es el modelo por el que se inclinan los redactores para lanzar «un tiempo de reformas», aunque sin sacralizar la formulación. Abogan por reconvertir el Senado en una verdadera Cámara de representación territorial -con el Poder Ejecutivo de cada autonomía, a la manera del Bundesrat alemán- que consagre la implicación de las comunidades en la toma de decisiones y una mayor colaboración entre ellas y con el Estado. Para los constitucionalistas, esta reforma, unida a una mayor concreción legal del reparto de competencias, evitaría el colapso del Tribunal Consticional por la elevada conflictividad existente entre la Administración central y las autonómicas. Y reclaman, asimismo, una nueva financiación para las comunidades negociada en ese nuevo Senado y no en el actual Consejo de Política Fiscal y Financiera.

«No se trata de negociar las reivindicaciones de los partidos independentistas», rechazan los firmantes, sino de «atender a la percepción de la sociedad en la que se manifiestan». Por ello, proponen 'empoderar' a los estatutos frente a la sentencia del TC sobre el catalán de 2010, hasta el punto de que cada uno de esos estatutos pueda incluir la denominación de la comunidad que «mejor responda a su identidad histórica», los rasgos simbólicos y las competencias exclusivas en su autoorganización interna. Traducido: Cataluña podría llamarse «Comunidad nacional de Cataluña» sin que eso afecte «a la soberanía, residenciada en el pueblo español». No se menciona a Euskadi, pero se da por sobreentendido que lo mismo valdría en su caso. Junto a ello, los expertos instan a reconocer la singularidad catalana recuperando «contenidos estatutarios desactivados» por el veredicto del Constitucional.

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