El Constitucional mantiene la suspensión de la Ley de Abusos Policiales porque puede «interferir» en la acción de la Justicia

Cree que se pueden vulnerar los derechos a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva de funcionarios y particulares

DV Y AGENCIASSan Sebastián

El Tribunal Constitucional mantiene la suspensión de varios preceptos de la Ley vasca de Abusos Policiales relacionados con el funcionamiento de la Comisión de Valoración que prevé la norma, y a la que "atribuye el esclarecimiento de los hechos relacionados con esas violaciones de derechos humanos", al considerar que existe "riesgo de interferencias" en la acción de la Justicia. Además, cree que se pueden vulnerar los derechos a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva de funcionarios y particulares a los que se les impute delitos "sin garantías de un procedimiento judicial previo".

En mayo de 2017, el Pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy contra la suspensión de la 'Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia de motivación política en el País Vasco entre 1978 y 1999', aprobada en el Parlamento autonómico el 28 de julio de 2016. De esta forma, procedió a la suspensión temporal de varios artículos.

El alto Tribunal, en un auto que ha sido notificado este martes, confirma la suspensión cautelar de algunos de estos preceptos, aunque levanta la de algunos que cree que no interfieren en la acción de la Justicia.

EH Bildu: «La decisión prueba la necesidad de un sistema judicial vasco»

EH Bildu ha defendido este martes que el auto del Tribunal Constitucional que mantiene la suspensión de la ley de víctimas de abusos policiales "evidencia una vez más que las decisiones legítimas del Parlamento Vasco no valen nada cuando no gustan al Estado español" y ha defendido la necesidad de contar con un sistema judicial vasco "que esté verdaderamente al servicio de la ciudadanía de nuestro país y que no esté supeditado, como pasa hoy, a las directrices del Estado".

"La ratificación por parte del TC de la suspensión de la ley de reconocimiento y reparación a las víctimas del Estado español es grave y al mismo tiempo clarificadora porque vuelve a demostrar que la supuesta bilateralidad con Madrid es absolutamente irreal y que las decisiones legítimas del Parlamento de Gasteiz no valen nada cuando desagradan al Gobierno español", ha criticado.

En su resolución judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press, el TC subraya que la actuación de esta comisión "puede lesionar derechos de terceras personas a las que se pueda hacer responsables de las lesiones de derechos humanos" que conllevaría el reconocimiento de la condición de víctima. Además, subraya que la Ley vasca de Abusos Policiales atribuye a la Comisión de Valoración "el esclarecimiento de los hechos relacionados con esas violaciones de derechos humanos, así como competencias para obtener información con esta finalidad".

A su juicio, "no es posible desvincular esa función investigadora y esclarecedora de las eventuales consecuencias penales que pudieran tener tales hechos". En este sentido, apunta que "existe el riesgo de que, al ejercer las funciones que la Ley le atribuye, la Comisión de Valoración pueda invadir la función jurisdiccional y llegar a conclusiones que interfieran en ésta, lo que sería difícilmente reparable".

Asimismo, el TC levanta la suspensión cautelar de los apartados 7 y 9 del artículo 14, y del artículo 15 de la Ley 12/2016, ya que "su lectura aislada, desvinculada de la de otros preceptos suspendidos", no permite deducir automáticamente interferencias entre la actuación de la Comisión de Valoración y la Justicia.

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El Tribunal Constitucional también considera que el funcionamiento de esta comisión, tal como alega la Abogacía del Estado, puede causar perjuicios relativos a los derechos al honor, a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia, previstos en los artículos 18 y 24 de la Constitución.

El TC rechaza que, con la suspensión de estos artículos de la norma, se produzca "un daño de índole moral, asociado a una posible revictimización", como argumentan el Parlamento y el Gobierno vascos.

En cuanto a las alusiones que las instituciones vascas realizan a que el Estado español debe cumplir sus obligaciones internacionales y ponderar los posibles perjuicios de las víctimas, el auto subraya que "ya existen en el ordenamiento jurídico estatal normas dirigidas a tutelar los derechos de las víctimas", como la Ley 52/2007 de Memoria Histórica, y la de Reconocimiento de las Víctimas del Terrorismo.

Asimismo, apunta que a ellas hay que añadir las leyes aprobadas en la Comunidad Autónoma Vasca, como la Ley de Víctimas del Terrorismo, o el Decreto 107/2012 de 'declaración y reparación de las víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia de la vulneración de sus derechos humanos, producida entre los años 1960 y 1978 en el contexto de la violencia de motivación política'.

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