CATALUÑA: UNA CAUSA, CUATRO DEFENSAS

Aunque el secesionismo ha tratado de proyectar una imagen de coordinación perfectamente engrasada, lo cierto es que los primeros compases ante los tribunales han dado lugar a cuatro líneas de defensa no coincidentes

Lourdes Pérez
LOURDES PÉREZ

El Supremo afronta este jueves una jornada que se anticipa determinante en el devenir de las causas abiertas en el alto tribunal y en la Audiencia Nacional contra los miembros destituidos del Govern y de la Mesa del Parlamento catalán a los que la Fiscalía acusa de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos.

Con Oriol Junqueras y siete exconsellers encarcelados ya por decisión de la jueza de la Audiencia Carmen Lamela, el instructor del Supremo Pablo Llarena tomará declaración a Carme Forcadell y a sus compañeros Lluis María Corominas, Lluis Guino, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet en medio de un contexto político envenenado.

Si Llarena opta por seguir la misma vía que Lamela, la convulsión se redoblará ante lo que representaría enviar a prisión a los integrantes de una Cámara elegida en las urnas y ahora disuelta en virtud del artículo 155 de la Constitución con el que el Estado ha respondido a la declaración unilateral de independencia. Si adopta otra decisión -cualquier medida cautelar que no sea el encarcelamiento-, la colisión entre el Supremo y la Audiencia está servida, con la consiguiente desorientación para la opinión pública. Y si finalmente se entorna la puerta para que el Supremo acumule para sí toda la causa, no pocos jueces respirarán con alivio. Porque con esa fórmula se evitará una dispersión contraproducente y porque la ‘auctoritas’ del alto tribunal parece hoy más salvaguardada que la de la Audiencia Nacional.

Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Santi Vila y Carme Forcadell.
Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Santi Vila y Carme Forcadell. / AGENCIAS

Así las cosas, el encausamiento del desafío independentista lanzado por Carles Puigdemont y los suyos ha dado lugar ya -y esto no ha hecho más que comenzar- a cuatro estrategias de defensa, que serían cinco si se suma el procedimiento que mantiene también en prisión a los dos 'Jordis' (Sánchez y Cuixart, los líderes de la ANC y Ómnium Cultural) por las revueltas en Barcelona del 20 y del 21 de septiembre. Aunque el secesionismo ha tratado de proyectar una imagen de coordinación perfectamente engrasada, lo cierto es que los primeros compases ante los tribunales han dado lugar a cuatro líneas de defensa no coincidentes y con resultados divergentes. Una disparidad que va en paralelo a la ausencia, al menos por ahora, de una plataforma electoral única de las fuerzas soberanistas y que podría verse acentuada, aventuran algunos juristas, si parte de los investigados siguen en prisión en tanto que otros -con Puigdemont a la cabeza- conservan su libertad.

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Puigdemont y los huidos a Bruselas. El expresident y los cuatro consellers cesados que se encuentran autoexiliados con él en Bruselas han eludido su obligada comparecencia ante los tribunales españoles refugiándose en la capital belga. El objetivo es doble: intentar dejar en evidencia «la politización» de la Justicia en el Estado y persuadir con ello a la UE para que intervenga en el problema catalán. La paradoja es que Puigdemont sigue siendo un hombre libre que puede hacer campaña, pero sin moverse de Bélgica hasta nueva orden.

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Junqueras y los personados ante la Audiencia. El contraste es evidente entre esta vía de defensa y la de los miembros del Govern que sí se personaron el jueves pasado ante la Audiencia Nacional acabando encarcelados esa misma noche. De hecho, Junqueras ya ha impugnado su ingreso en prisión con el argumento central de que ello vulnera su derecho a concurrir a las elecciones del 21-D, mientras Puigdemont, que había renunciado en su día a ser candidato, se postula hoy para liderar un movimiento pan-independentista que alivie el declive del PDeCAT.

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Santi Vila acepta las reglas. Santi Vila, que abandonó ‘in extremis’ el barco de la DUI, es el único exconseller al que la jueza Lamela permitió sortear la cárcel previo pago de una fianza de 50.000 euros. El miembro díscolo del Govern de Puigdemont ya no pretende solo levantar una carrera política diferenciada, sino que su situación procesal contraviene la del resto de sus correligionarios. Porque la magistrada valoró en él que ya no existe riesgo de «reiteración delictiva». Y porque él sí aceptó someterse a las preguntas de la Fiscalía, contraponiéndose a las acusaciones de indefensión lanzadas contra el sistema judicial por los demás investigados.

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Mesa del Parlament: los aforados. Dos circunstancias apartan a los miembros del Govern de los de la Mesa del Parlament citados ante el Supremo. Mientras los primeros no son ya aforados al haber disuelto Rajoy el Ejecutivo separatista, los segundos conservan el privilegio porque aunque la Cámara también ha visto suspendidas sus funciones, ellos prosiguen en la comisión permanente. El segundo aspecto que los aleja, al menos en apariencia, tiene intrigados a algunos juristas. Unos expertos que no terminan de entender qué pretendían los letrados de los consellers cuando pidieron por escrito, sí, que se aplazara la declaración del pasado jueves para disponer de más tiempo para estudiar las querellas de la Fiscalía, pero lo hicieron en el decanato de la Audiencia -a sabiendas de que Lamela no podría leerlos hasta más tarde- y evitaron trasladar su petición a la jueza de viva voz, tal y como constata ella misma en su auto. Las defensas de los parlamentarios se ocuparon de manera más explícita de que el instructor del Supremo atendiera su reclamación. Por ahora, han ganado una semana para preparar sus declaraciones, mientras el conjunto de la clase política vuelve a contener el aliento ante lo que pueda resolver Pablo Llarena en la decisión seguramente más trascendental hasta ahora de su carrera.

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