¿Cómo se calcula el Cupo?

Imagen de archico de la reunión de la comisión mixta para ratificar el acuerdo sobre el Cupo. /EFE
Imagen de archico de la reunión de la comisión mixta para ratificar el acuerdo sobre el Cupo. / EFE

Las claves del sistema con el que Euskadi financia las competencias en poder del Estado

MANU ÁLVAREZ

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¿Qué es el Cupo?

Es la contribución del País Vasco a la financiación de las competencias que ejerce el Estado en exclusiva y que no han sido transferidas a la comunidad autónoma. El modelo de cálculo es un complejo mecanismo que tiene en cuenta el peso relativo de Euskadi en la riqueza de España y la financiación de las competencias no asumidas. Cada cinco años, se analiza el Presupuesto del Estado para valorar la cuantía consignada en competencias del Gobierno central y las que han sido transferidas. Euskadi financia un porcentaje de las primeras, entre las que se encuentran puertos, aeropuertos, trenes de largo recorrido, el Ejército, la Casa Real, Asuntos Exteriores o el propio Parlamento. Incluso una parte del sueldo de todos los ministros y del presidente del Gobierno.

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¿Cómo se fija el porcentaje a pagar?

Dice el Concierto Económico que debe ser el peso relativo de la renta vasca –el PIB– en proporción a la del conjunto del Estado. Aunque debe revisarse cada cinco años, lo cierto es que se ha mantenido la tasa calculada en 1981: el 6,24%. El pacto alcanzado ahora prevé mantener esa cifra que ya se ha convertido en algo casi mágico. Ninguna de las dos partes, ni el Gobierno vasco ni el central, quieren abrir el melón sobre esa discusión técnica, porque está cargada de aristas. Y ello pese a que en algunos momentos ha sido superior y en otros, como es el caso de los doce últimos años, inferior. En 2016, esta tasa era del 6,21%.

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¿Qué es la Ley Quinquenal?

Toda la metodología de cálculo del Cupo debe revisarse cada cinco años y plasmarse en una ley que sirve para realizar las cuentas del quinquenio siguiente. El primer Cupo de cada quinquenio es el más objetivo, ya que se calcula simplemente aplicando el 6,24% a las partidas del Presupuesto del Estado de las competencias no transferidas. A esa cifra se le aplican algunos ajustes. Es el caso que afecta a las políticas activas de empleo –una competencia asumida ya por el País Vasco– porque una parte, la formación, se financia con aportaciones de los trabajadores en sus nóminas que recauda la Seguridad Social. En el pago del Cupo anual, Euskadi descuenta esas cantidades del Cupo bruto. En 2017 serán aproximadamente 344 millones. Para los cuatro años siguientes del quinquenio y con el objetivo de evitar un cálculo tan laborioso, se utiliza un índice de actualización en base al aumento de los ingresos fiscales del Estado.

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¿Por qué surgió la discrepancia millonaria entre los dos gobiernos?

La Ley de Cupo tiene una base matemática, pero un sustrato político; y, además, como cualquier texto legal, está sometido a interpretaciones. Entre particulares, una diferencia de interpretación sobre una ley la resuelven los jueces, pero esa vía no está contemplada para el Cupo, ya que exige que sea un pacto el que resuelva las discrepancias. Ninguna de las dos partes, el Estado o la Administración vasca, puede imponer su criterio a la otra. No había duda alguna sobre el Cupo del año base, 2007, pero sí sobre los siguientes. Con posterioridad a la aprobación de la Ley Quinquenal, el Estado cedió a las comunidades autónomas un mayor porcentaje de la recaudación de impuestos. Sus ingresos reales cayeron y por tanto el índice de actualización del Cupo también "formalmente" negativo. A eso se agarró la Administración vasca para hacer sus cálculos, mientras que el Estado sostenía que había que hacer una interpretación más flexible pues los ingresos, antes y después de aprobar la Ley de Cupo, no eran homogéneos. El País Vasco también reclamó, como descuento del Cupo, el 6,24% de las cantidades entregadas por el Estado al resto de comunidades autónomas para financiar la Ley de Dependencia y la escolarización de niños menores de tres años, ya que son competencias transferidas y, por tanto, no financiables en principio por el Gobierno central.

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