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Los familiares de los condenados por la agresión de Alsasua recurrirán la sentencia de la Audiencia Nacional

El tribunal falla que el altercado no fue terrorismo y las penas oscilan entre los dos y trece años de prisión por los delitos de atentado a los agentes de la Autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas

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Viernes, 1 de junio 2018, 13:21

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Padres y madres de los ocho jóvenes condenados a penas de entre 2 y 13 años de cárcel por la agresión a dos guardias civiles en Alsasua el 15 de octubre de 2016 han anunciado que sus abogados ya trabajan en los recursos de la sentencia, que tildan de «barbaridad», pese a que la Audiencia Nacional haya desestimado el delito de terrorismo.

Los familiares de los jóvenes condenados han comparecido ante los preriodistas en un local de la calle Mayor de Pamplona. Han protagonizado na rueda de prensa entre los aplausos de una multitud de personas, que han coreado consignas en la que reclamaban la puesta en libertad de los procesados.

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a los 8 acusados de la agresión en Alsasua a dos guardias civiles y sus novias a penas que oscilan entre los 2 y 13 años de prisión por delitos de atentado a los agentes de la Autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas. La Sala rechaza las acusaciones de delitos terroristas al considerar que no ha quedado acreditada la finalidad terrorista de la acción y tampoco la vinculación de los acusados a Organización terrorista. Pero por la gravedad de los hechos y porque se cometieron por motivos ideológicos y de animadversión a la Guardia Civil, la Sala aplica las agravantes de abuso de superioridad y de odio e impone las penas máximas previstas en el Código Penal.

Isabel Pozueta, madre de uno de los condenados, ha señalado posteriormente que esta sentencia es «una venganza«, que tiene »una intencionalidad clara de generar dolor«. »Estamos muy dolidos, pero vamos a seguir adelante«, ha declarado Pozueta, que ha instado a la sociedad a salir a la calle para decir »basta ya« y en ese sentido ha anunciado una manifestación para el próximo día 16 en Pamplona.

Tras resaltar que «no nos vamos a quedar paralizados por el dolor», Pozueta ha denunciado «la utilización de nuestros hijos e hijas con una intencionalidad política» y ha considerado que «no es una casualidad» que la sentencia se haya conocido hoy.

Desde el primer momento, ha recordado, los familiares de los jóvenes han afirmado que los sucesos que tuvieron lugar en el exterior del bar Koxka de Alsasua «no eran terrorismo». Sin embargo, ha lamentado, «sabiendo que el caso de terrorismo iba a quedar en humo», el proceso se trasladó a la Audiencia Nacional, porque en todo caso «las penas iban a ser más duras».

Sortu: «La Audiencia ha llevado al límite el castigo»

Sortu considera que la Audiencia Nacional «ha llevado al límite el castigo» contra los ocho jóvenes de Alsasua juzgados y ha pedido a la ciudadanía que «salga a la calle» para denunciar la sentencia y solidarizarse con los condenados. Ha señalado que «ni el mismo Kafka pudo haber imaginado este proceso» y que el fallo judicial evidencia «que en el régimen postfranquista no hay ni democracia, ni separación de poderes ni justicia, sino ansias de guerra». Añade que, «mientras haya jueces con tricornio», no será posible «construir una convivencia estable ni una paz duradera» y que la sentencia le reafirma en su «determinación de romper amarras con el Estado».

«Sortu, al igual que la mayoría de la gente de este país, está indignada y enfadada con este escándalo, con todo el procedimiento y con la falta de democracia del régimen postfranquista. Todas las personas que vivimos en este país merecemos vivir dignamente, con garantías, no en esta democracia amañada», asevera.

Esta sentencia «es una venganza política», pero «no vamos a caer en la provocación», ha declarado Pozueta, que ha resaltado que no desean la cárcel «ni para nuestros hijos ni para nadie».

Edurne Goikoetxea, madre de otro de los condenados, ha asegurado que la situación de las familias, ante esta «sinrazón», es «muy delicada» y «sólo lo compensa la solidaridad de la gente». Sus hijos «ni son linchadores ni son agresores«, sino que son »unos buenos chavales«, ha subrayado Goikoetxea, que ha manifestado que »el pueblo de Alsasua no se merece esto« y ha advertido de que van a llegar »hasta donde haga falta« para defender la inocencia de los condenados.

Al respecto, ha hecho un llamamiento a los partidos que «con la 'coletilla' de terrorismo no se quisieron acercar a este caso» a que ahora se interesen por el mismo y les escuchen «sin ese prejuicio».

Otra de las madres de uno de los condenados ha comentado que este viernes mismo ha podido hablar con su hijo, que le ha comentado que estaba «contento porque lo de terrorismo ha caído» y le ha tranquilizado, confiando en los recursos que se van a presentar.

Sentencia

El tribunal considera probado que fue el acusado Jokin Unamuno, condenado a 12 años de prisión, quien inició los actos de hostigamiento a los dos guardias civiles y sus novias, secundado por Ohian Arnanz, condenado a 13 años de prisión, y Jon Ander Cob, condenado a 9 años de cárcel. También resultan condenados a 9 años Julen Goicoechea y Aratz Urrizola. Los otros dos restantes, Adur Ramírez a 12 años e Iñaki Abad a 13 años. Excepto Ainara Urquijo, que resulta condenada por delito de amenazas y desórdenes públicos a dos años de prisión, el resto de los acusados son condenados por los delitos de atentado a los agentes de autoridad y lesiones. En el caso de Abad y Arnanz se les condena también por desórdenes públicos.

No ha quedado plenamente acreditado la finalidad terrorista de su acción y tampoco su vinculación o pertenencia a ETA

Por vía de responsabilidad civil deberán indemnizar al teniente en 9.200 euros por lesiones; al sargento en 3.750 euros y a sus novias en 6.100 euros a cada una por las lesiones. Además, por las secuelas y daños morales, la Sala fija 45.000 euros para la novia del teniente y 25.000 euros para la novia del sargento.

La sala aprecia las agravantes de abuso de superioridad y de odio y considera probado que los acusados actuaron movidos por la animadversión y menosprecio hacia la Guardia Civil y por motivos claramente ideológicos, pero entiende que no ha quedado plenamente acreditado la finalidad terrorista de su acción y tampoco su vinculación o pertenencia a ETA. No obstante, ante la gravedad de las conductas, la Sala impone las penas más altas previstas para estos delitos porque «no puede permitirse que en el siglo XXI, y en un Estado democrático y de derecho, se prive a unas personas, solamente porque tengan la condición de Guardias Civiles y a sus novias, de poder moverse en libertad por la localidad de Alsasua, y que solamente pueden acudir a determinados lugares y no pueden salir por la noche a pasar un rato de ocio y diversión».

Valoración de Covite

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Covite, que interpuso una denuncia por estos hechos ante la Audiencia Nacional y estaba personado como acusación popular, ha señalado en un comunicado que el fallo constata «la gravedad de una brutal agresión y las motivaciones políticas que movieron a los agresores, que apalearon a las víctimas por su condición de guardias civiles y de parejas de guardias civiles». «La teoría de la 'pelea de bar' ha quedado totalmente desacreditada», afirma.

El colectivo de víctimas ha explicado que en su denuncia, además del delito de terrorismo, estaban incluidos «todos por los que los procesados han sido condenados» y ha remarcado que el tribunal ha considerado «dos de las tres agravantes solicitadas: la discriminación o el odio y el abuso de superioridad».

A su juicio, la sentencia deja en evidencia que «en Alsasua, y en otras muchas localidades de Navarra y del País Vasco, se impone un clima dominado por los radicales y un ecosistema de odio».

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