Los Artesanos esperan que Macron inicie los gestos con los presos antes de fin de año

Imagen de la cabecera de la manifestación del sábado en París. / EFE
Imagen de la cabecera de la manifestación del sábado en París. / EFE

Rechazan que la disolución de la banda sea condición previa pero creen que su retirada del escenario favorecería nuevos avances

J. SAINZ SAN SEBASTIÁN.

Los colectivo vascofranceses impulsores de la manifestación y los electos de Iparralde que la secundan confían, tras el buen devenir de la marcha, en que puedan producirse nuevos gestos del Gobierno francés para flexibilizar la situación de los reclusos de ETA en las cárceles. Los Artesanos, incluso, no descartan que se produzcan antes de final de año. Y aunque rechazan que la disolución de la organización ya desarmada sea una condición previa para mejorar la situación de los internos, sí que entienden, al mismo tiempo, que la futura desmovilización o desaparición de ETA en los próximos meses será otro elemento positivo para allanar, asimismo, un nuevo escenario que facilite avances.

Los activistas por un proceso de paz, también conocidos como el 'grupo de Luhuso', que impulsó en abril la materialización del desarme de ETA, llevan meses trabajando y creando un clima de confianza con el Gobierno francés de Emmanuel Macron. De momento, han logrado algunos frutos relevantes como abrir un «espacio conjunto» de trabajo con el Ministerio de Justicia, a través de la jueza Helene Davo, la subdirectora de gabinete de la ministra y profunda conocedora de la problemática, ya que fue magistrada de enlace entre España y Francia. Los Artesanos y el colectivo Bake Bidea también lograron que se retirara el estatus de peligrosidad a siete relevantes reclusos de la organización ya desarmada, entre ellos exdirigentes como 'Susper' o Jon Salaberria. Tras la manifestación, el portavoz del Ministerio de Justicia galo, Youssef Badr, señaló que «no tenemos una oposición de principio a las demandas de acercamiento de los presos vascos, desde el momento en que estas se hagan a nivel individual».

Los Artesanos prevén celebrar nuevas reuniones con el Ministerio de Justicia después de la pasada movilización. Quieren ser cautos sobre posibles nuevos pasos del Gobierno francés, para no levantar expectativas y conscientes de que hasta ahora Francia ha seguido la rueda de España en este tema, con un Gobierno del PP que reiteró además hace unos días su apuesta, de momento, por mantener la dispersión.

No obstante, desde el grupo de Luhuso están convencidos de haber sembrado el camino andado y entienden que del trabajo y los contactos realizados con el Ministerio de Justicia, el Estado francés debe marcar un perfil propio y no seguir actuando únicamente en función de lo que dicte España.

En este sentido, para que el Ejecutivo de París atienda sus reclamaciones, puede ser decisiva la transversalidad de las voces que desde el País Vasco francés reivindican el final del alejamiento de los reclusos de la banda. Una reclamación institucional encabezada por el presidente de la Mancomunidad de Iparralde y alcalde de Baiona, el centrista Jean-René Etchegaray, y que agrupa en torno a ella a los miembros del partido de Macron, los socialistas, la derecha republicana o los abertzales. Un escenario de unidad en el que ha sido clave el hecho de que en Iparralde no hubiera atentados mortales de ETA, mientras que en la Comunidad Autónoma Vasca la herida de los asesinatos provoca que los consensos sobre estos asuntos vayan más despacio. El objetivo de los Artesanos y electos vascofranceses, por otra parte, no es tanto forzar al Gobierno español del PP a que cambie de estrategia carcelaria, sino crear unas condiciones en Francia que puedan favorecer posibles pasos desde Madrid y, a la vez, crear un nuevo clima político y social en Euskadi favorable al acercamiento de los presos.

La principal demanda de la marcha de París, en la que se lanzaron mensajes más bien en clave constructiva al Gobierno galo, es que con ETA desarmada y debatiendo sobre su desaparición, es hora de que Francia elimine el régimen de excepción sobre los presos vascos condenados por terrorismo y que en adelante sean regidos por las mismas normas que los presos comunes. Una de las principales consecuencias sería el fin del alejamiento y la dispersión de los 62 internos repartidos por 20 cárceles.

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