«Aplicaremos lo que dice la ley del referéndum»

Puigdemont admite no tener contacto con el Gobierno central porque Rajoy y su gabinete «rehuyen hablar». El formato para declarar la república catalana aún no está claro y Junts pel Sí y la CUP lo debatirán hasta el último minuto

CRISTIAN REINO

La decisión tiene el máximo de trascendencia y marcará el futuro de toda una generación de catalanes. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pronunciará mañana el discurso más importante en años en la política española. En sus manos está optar por rebajar algo la tensión o seguir acelerando hacia la ruptura y provocar una colisión de efectos imprevisibles. El dilema que tiene es doble: hacer caso a lo que le dice la cabeza, la razón, o guiarse por el corazón, las emociones o el sentimiento. Más o menos lo que en catalán se reduce a la batalla entre el ‘seny’ (sensatez) y la ‘rauxa’ (arrebato).

Los sectores más irreductibles del independentismo piden al presidente de la Generalitat que vaya a por todas. Ahora o nunca, piensan. En esta línea están la ANC, Ómnium cultural, la CUP y una parte importante de Esquerra. Las dos entidades de la sociedad civil, que ocupan ya un sillón en el estado mayor del proceso, han vuelto este fin de semana a reclamar que la Cámara catalana declare la independencia mañana. «Los resultados del 1-O y la represión del Estado legitiman que se declare la independencia», afirmó Jordi Cuixart. «La situación volverá a acelerarse los próximos días», expresó a su vez Jordi Sánchez.

El formato no está claro y Junts pel Sí y la CUP lo debatirán hasta el último minuto. En todas sus apariciones públicas desde el 1-O, Puigdemont ha insistido en la idea de buscar una mediación para desencallar el pleito catalán. «La declaración de independencia, que nosotros no llamamos declaración ‘unilateral’ de independencia, está prevista en la ley del referéndum como aplicación de los resultados. Aplicaremos lo que dice la ley» avisó Puigdemont en un reportaje que emitió ayer TV3.

En esa misma entrevista, Puigdemont reconoció que no mantiene contacto alguno con el Gobierno central porque, según aseguró el president, Rajoy y su gabinete rechazan el diálogo. «Hace tiempo que no tenemos porque ellos rehúyen hablar de este tema. Ellos querrían -añadió- que de este tema no se hablara».

«Lo que está pasando en Cataluña es real, les guste o no. Son millones de personas que han votado, que quieren decidir, tenemos que hablar de esto. ¿De qué creen que hemos de hablar? ¿Por qué se piensan que la gente se mueve? La gente no se mueve y hace frente a la violencia policial por una reforma del modelo de financiación. Seamos honestos todos juntos. Tenemos que hablar de Cataluña y no quiere hablar de ello», incidió Puigdemont, que dio por válido el referéndum del 1-O que fue suspendido por el Tribunal Constitucional.

Buscar el diálogo

La televisión autonómica también entrevistó al delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, que se preguntó «¿por qué la solución de un conflicto debe ser un referéndum?». A su juicio, «un referéndum al final es el síndrome del 50 más 1. Hay ganadores y perdedores. Al día siguiente, ¿qué hemos arreglado? El conflicto sigue allí. No lo hemos resuelto. Soy partidario de buscar una fórmula de consenso. Dialogar mucho, buscar puntos de conexión, ceder todos un poco y seguir trabajando juntos», aseguró Millo.

La idea que tiene el secesionismo es que sin la mediación internacional, la declaración de independencia tendrá poco recorrido, pero al mismo tiempo es consciente de que sin proclamación de independencia, no habrá mediación internacional. «Son millones de personas las que han votado (2,2) que quieren decidir. De eso hemos de hablar», según Puigdemont. La gente ha salido a la calle y ha «plantado cara a la violencia» para defender el derecho de autodeterminación, no un nuevo modelo de financiación», advirtió. Si la elección es la DUI, el pleno podría votar una resolución para que haya proclamación solemne. En ese caso, Marta Rovira, como portavoz de Junts pel Sí, pedirá la palabra en medio del pleno, y de acuerdo a la facultad que tienen dos grupos parlamentarios de introducir cambios en el orden del día, propondrá el debate y votación del texto que están negociando los soberanistas. Una opción es la proclamación a las bravas y sin matices, la otra abre un periodo de ruptura escalonado, una declaración más bien de intenciones y de inicio de un proceso de reconocimiento internacional.

La decisión de saltar al precipicio sería ya un hecho, si en la semana de vértigo tras el 1-O lo único que hubiera ocurrido fuera la votación. Pero los acontecimientos han discurrido a tanta velocidad que muchos en el secesionismo, sobre todo en el PDeCAT, le han visto las orejas al lobo. No solo las empresas con más solera de Cataluña (Banco Sabadell, CaixaBank, Agbar, Gas Natural...) han trasladado sus sedes sociales fuera de Cataluña y dejado la plaza financiera de la Diagonal de Barcelona casi como un solar, sino que destacados dirigentes del soberanismo han pedido a Puigdemont que pare máquinas. Uno ya no está en el ejecutivo, Andreu Mas Colell, exconsejero de Economía, pero Santi Vila se sienta todos los martes en el consejo ejecutivo del Palau de la Generalitat y ha propuesto un alto el fuego y que se retase la declaración unilateral. El mundo de la empresa hizo el sábado un último intento, en una reunión en Girona entre Puigdemont y el presidente del Círculo de Economía, Juan José Brugera, quien pidió al dirigente nacionalista que renuncie a la declaración unilateral, porque «sería una bomba para la economía catalana».

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