La Abogacía del Estado perseguirá a los autores de las acciones

«Parece que algunos añoran los tiempos más negros de nuestra historia. No toleraremos ninguna infracción», advierte De Andrés

R. C. MADRID.

El Gobierno central ha decidido tomar la iniciativa para frenar los ataques contra el turismo que han proliferado los últimos días en Cataluña, Baleares y Euskadi de la mano de las juventud de la CUP y Sortu. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha dado instrucciones a la Abogacía General del Estado para que adopte las medidas necesarias para denunciar estas acciones. El Gobierno responde así a los destrozos y actos violentos contra autobuses turísticos, bicicletas de alquiler y diversos intereses del sector. El Ejecutivo se ha marcado el firme propósito de actuar con contundencia y perseguir este tipo de actos vandálicos hasta sus últimas consecuencias.

Según justifica el departamento que dirige Álvaro Nadal, uno de los factores diferenciales de España es precisamente poder garantizar una alta seguridad a los visitantes, y estos hechos perturban el desarrollo pacífico y ordenado de la actividad turística, por lo que ponen en riesgo esa ventaja competitiva esencial.

La Abogacía no es la única herramienta que utilizará el Estado. La Delegación del Gobierno en Baleares ha abierto un expediente sancionador al responsable del ataque protagonizado por el grupo independentista Arran contra un restaurante del Moll Vell de Palma y ha propuesto una sanción total de 1.200 euros. Tras la acción, que tuvo lugar el 22 de julio y que fue posteriormente difundida a través de las redes sociales, la Policía Nacional denunció a A.M.M. como responsable de una concentración no comunicada en la que participaron unos 40 jóvenes.

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier De Andrés, defendió al sector turístico vasco frente a «las amenazas y ataques de sectores radicales» y destacó que el turismo emplea a 75.179 personas en Euskadi repartidas en 9.845 empresas. En un comunicado, advirtió de que el Estado «no va a tolerar ni la más mínima infracción de una campaña orquestada contra la principal empresa española y una actividad creciente en Euskadi».

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