La Comunidad de Madrid paga la defensa a exdirectivos del Canal investigados en 'Lezo'

La administración regional, perjudicada en este procedimiento que se instruye en la Audiencia Nacional, dispone de una póliza de responsabilidad civil que ampara a altos cargos y funcionarios con problemas legales por actos que tengan lugar en el ejercicio de sus funciones. Y en el caso de la operación Lezo, que cuenta con unos 60 investigados en la actualidad, 19 de ellos forman parte de la pieza primera, referida al presunto desvió de dinero público en la expansión del Canal en Sudamérica.

De esta lista de encausados, que incluye a personalidades como el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González o al expresidente de Inassa (filial del Canal en Colombia) Edmundo Rodríguez Sobrino, ambos en prisión sin fianza tras ser detenidos el pasado 19 de abril, se encuentran tres investigados que han ejercido su derecho a la asistencia letrada que les facilita la ley 3/1999 y cuyas solicitudes visa la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, dependiente de la Consejería de Presidencia y Justicia.

Según fuentes del Canal, estos tres altos cargos en el momento de la investigación de la operación Lezo son la ex directora financiera María Fernanda Richmond, en prisión preventiva bajo fianza de cuatro millones de euros; el exgerente Adrián Martín, en libertad bajo fianza de 100.000 euros; y el exdirector de la Secretaría Técnica Fernando de Cevallos, que declarará en el juzgado de la Audiencia Nacional el próximo 18 de septiembre. Los tres fueron despedidos en junio de 2016 por el presidente del Canal, Ángel Garrido, consejero de Presidencia, por las «anomalías» detectadas en la compra por parte de Inassa de la sociedad brasileña Emissao.

Dicha operación fue aprobada por Canal Extensia, sociedad del Canal para los negocios en Iberoamérica, en la que participaron tanto Richmond como De Cevallos, marido de la diputada autonómica del PP Regina Plañiol, exconsejera de Presidencia y Justicia en el último gobierno de Esperanza Aguirre.

Esta operación está en el centro de la investigación por un presunto desfalco de 23,3 millones a las arcas de la empresa de la Comunidad de Madrid, la misma administración que ahora les paga la defensa legal a través de una póliza privada.

Las citadas fuentes del Canal señalaron que el seguro de responsabilidad civil para empleados existe desde 1995 (se renueva de forma periódica mediante concurso público) y es una tipo de póliza privada habitual en las empresas públicas para proteger a sus directivos y administradores por actos que comentan en el ejercicio de sus funciones, y aunque ya no estén en el cargo.

Esta póliza, precisaron las mismas fuentes, no cubre fianzas penales de los investigados (responsabilidad civil que hay que adelantar en caso de una futura condena bajo apercibimiento de embargo) y si éstos resultasen declarados culpables en sentencia firme «tendrían que abonar todos los gastos de defensa ocasionados a la empresa aseguradora, que es quien los paga, no la administración».

La razón de que la Comunidad de Madrid abogue por la externalización de una asistencia legal que debería de ofrecer los servicios jurídicos de la administración regional se debe al volumen de procedimientos judiciales, en todas las consejerías y de todo tipo, a los que se enfrentan funcionarios, empleados públicos o altos cargos, según señalan fuentes sindicales consultadas.

En cualquier caso, la Abogacía General suele derivar a la aseguradora aquellos asuntos espinonosos como son los investigados en casos de corrupción política. Más si cabe en causas penales como la 'operación Lezo', donde se ha generado un presunto perjuicio económico a la propia Comunidad de Madrid, que ya anunció que se personará como acusación particular pero que, de momento, le paga la defensa legal a tres exdirectivos del Canal, una de ellas en prisión, a través de un seguro.