El origen del conflicto del Cupo: un acuerdo precipitado

Hace ahora diez años, el Gobierno socialista, en minoría parlamentaria y distanciado de CiU en vísperas de unas elecciones en Cataluña, cortejaba al PNV para ganarse el apoyo de los nacionalistas vascos a los Presupuestos de 2008. La flor que empleó como primer regalo fue aceptar las tesis del Gobierno Vasco en torno a la imputación en el Cupo de las subvenciones y ayudas incluidas en la Ley de Dependencia. Una decisión que permitió rebajar la factura vasca con el Estado.

Lo que fue un logro político en su día se convirtió con el tiempo en un caramelo envenenado. La urgencia con que se firmó la ley que regula el Cupo hizo que en las negociaciones que lideraron los entonces responsables de Hacienda (Idoia Zenarruzabeitia por parte vasca y Pedro Solbes del lado español) se dejaran cabos sueltos que han tardado una década en atarse.

¿Qué calcula el Cupo?

El Cupo vasco no consiste más que en valorar, tomando como partida los Presupuestos del Estado, cuál es el coste de las competencias que asume éste en Euskadi (defensa, policía, actividad exterior, ferrocarriles estatales, puertos y aeropuertos...). Como no es posible territorializar muchos de los gastos, está establecido que a Euskadi le corresponde pagar el 6,24% de cada una de esas partidas. La cifra equivale al peso asignado al País Vasco en el conjunto de la economía española.

Euskadi paga por esos servicios porque en virtud del Concierto Económico, y a diferencia del resto de comunidades salvo Navarra -con un sistema similar al vasco-, los impuestos que pagan los ciudadanos no van a parar a la Hacienda del Estado, sino que se quedan en Euskadi.

A esa factura se le suma otro tipo de ajustes, como el IVA de los productos que se consumen en Euskadi pero que se fabrican fuera u otros impuestos especiales como el alcohol, la gasolina, el tabaco...

Pero lo que parece ser un simple ejercicio de sumas y restas es más complicado. Sobre todo cuando hay partidas de carácter extraordinario que Madrid aporta a todas las comunidades y que no llegan a Euskadi porque se producen en materias en las que el País Vasco tiene transferida la competencia (Sanidad, Educación, Política Social...) pero sobre las que el Gobierno Vasco cree tener el mismo derecho a disponer de esos recursos adicionales. La solución reclamada es en estos casos rebajar la factura del Cupo en la cantidad correspondiente.

El problema de fondo y fuente de discusiones es que el Presupuesto del Estado tiene innumerables partidas, y la cuestión a dilucidar es cuáles son objeto de reparto a todas las comunidades y, por tanto, también a Euskadi y aplicables al Cupo, o cuáles obedecen a iniciativas en las que el País Vasco ni pincha ni corta.

Ley de Dependencia, Escuela 2.0...

El caso que ha tardado diez años en acordarse tiene varios orígenes concretos. Entre ellos, la Ley de Dependencia y la escolarización de niños menores de tres años dentro del programa 'Escuela 2.0'. El Gobierno central argumentaba que se trata de iniciativas que no se enmarcan dentro del Presupuesto, por lo que Euskadi no tiene derecho a reclamación ya que lleva a cabo sus políticas sociales y educativas propias.

Vitoria, en cambio, cree que cuando el Estado entrega dinero "extra" para competencias ya transferidas, Euskadi también tiene derecho a recibir el 6,24%, descontándolo por tanto de la factura a pagar del Cupo.

Pero el auténtico caballo de batalla de la negociación ha sido el índice de actualización. Al tratarse de leyes quinquenales, cuando se renuevan, se calcula el Cupo base a pagar un año y a partir de ahí se actualiza año a año según la recaudación del Estado, algo así como si fuera la subida del IPC sobre los salarios.

En este caso, el origen de la discrepancia vino motivada por la decisión de Madrid de cambiar en 2009 el sistema de financiación de las comunidades, otorgándoles una mayor participación de la recaudación tributaria. La consecuencia fue obvia: bajaron los ingresos del Estado. Ese cambio en las reglas del juego llevó a Euskadi a estar convencida de que su factura a pagar, por tanto, también debía minorarse.

El intento de López con Zapatero

En estos diez años de desencuentro, Vitoria y Madrid se han ido reteniendo cantidades en los diferentes pagos que deben hacerse, hasta que la bolsa ha alcanzado los 1.600 millones de euros. Ni siquiera cuando hubo coincidencia de colores en ambas administraciones, con los socialistas Zapatero y Patxi López al frente de los respectivos gobiernos, fue posible el acuerdo.

López intentó aprovechar la coincidencia de ejecutivos socialistas en Vitoria y Madrid para tratar de cerrar el conflicto en 2011. No fue posible. Con la crisis ya campando a sus anchas por las venas de la economía española y especialmente en las cuentas de las administraciones públicas, el Ejecutivo central incluso decidió dar un paso más y comenzó a retener ese año en los pagos que le correspondían lo que consideraba que Euskadi le adeudaba.

Ahí comenzó una espiral de retenciones por ambas partes que se ha prolongado durante años. El Estado en las transferencias que realiza a Euskadi con carácter cuatrimestral (abril, julio, octubre y diciembre) por la compensación de IVA e impuestos especiales y el Gobierno Vasco en los pagos de Cupo que efectúa cada cuatro meses (mayo, septiembre y diciembre).

Hasta ahora. Una vez más, la experiencia ha demostrado que la solución se sustenta en acuerdos políticos en función de las necesidades puntuales de uno u otro gobierno o partido. En este caso la necesidad del Gobierno de Rajoy de que el PNV apoye los Presupuestos de 2017.

El acuerdo de 2017 no es una excepción. Así sucedió también en 2007 con la renovación de la Ley quinquenal de Cupo. O en 2004, cuando el PNV decidió respaldar los primeras cuentas del Gobierno de Zapatero a cambio de que la Administración central diese su brazo a torcer y pagase al País Vasco 42,7 millones de euros retenidos por el Estado también por discrepancias en el Cupo.