Diario Vasco

Erkoreka recomienda a los intermediarios que sean «prudentes y discretos»

  • El Gobierno francés ratifica que no se opone a la entrega de armas de ETA, pero advierte que deberá respetar las reglas de la Justicia

El Gobierno Vasco está convencido de que existe una «posibilidad cierta» de que ETA esté completamente desarmada para el 8 de abril, aunque ayer hizo un llamamiento a la «cautela y discreción» de los intermediarios de la sociedad civil de Iparralde para que «nadie pueda impedirlo o dificultarlo desde la imprudencia». El portavoz del Ejecutivo de Urkullu, Josu Erkoreka, eludió culpar a nadie de esas «interferencias», pero sus palabras iban destinadas en gran medida al miembro del grupo de Luhuso 'Txetx' Etcheverry, que el sábado aseguró a este periódico que los intermediarios ya «gestionan» en estos momentos el armamento de ETA, a la espera de traspasar la localización de los zulos a la Comisión Internacional de Verificación el próximo día 8.

Erkoreka señaló en una entrevista radiofónica que el desarme es una cuestión en la que «la discreción es obligada», por lo que destacó la necesidad de obrar «con sobriedad, contención y prudencia», ya que se está ante «una operación muy delicada, una entrega de armas que en el pasado han podido ser usadas para cometer delitos muy graves». Reconoció que tampoco se puede cubrir todo «con un manto de opacidad, ya que el resultado puede ser contraproducente», pero animó a todos los agentes implicados a encontrar «un equilibrio» en las tres semanas que quedan hasta la fecha anunciada.

«No sería bueno que el proceso se malograra por la imprudencia de quien ha considerado que tenía que hacer pronunciamientos o tomas de posición pública que quedan fuera de la prudencia», valoró el portavoz del Gobierno Vasco, que destacó que en el Ejecutivo consideran que existe una «posibilidad cierta, verosímil, de que se produzca un desarme legal, definitivo y sin contrapartidas».

Según explicó Erkoreka, durante los últimos meses el Ejecutivo de Urkullu ha tenido claro que su misión fundamental con los grupos de Iparralde con los que ha mantenido interlocución consistía en «dejar claro los criterios que habían de regir un proceso de desarme de estas características». La principal condición fue que «la operación sea plenamente legal, ya que las armas han podido ser utilizadas para cometer delitos muy graves. Por ello, es preciso que los pasos que se den se realicen con tiento y sin quebrantar lo que establece el ordenamiento jurídico y las exigencias de la Justicia». Asimismo, el Gobierno Vasco incidió en la necesidad de que el desarme sea «definitivo, total, y en un solo acto», así como «irreversible, verificable y sin contraprestaciones».

Erkoreka explicó que «el lehendakari informó» la semana pasada al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, del inminente anuncio de desarme «con absoluta lealtad. Información completa de lo que iba a suceder y, a partir de ahí, esperar a que el proceso tenga lugar». Indicó que lo que se espera de los gobiernos español y francés ahora es que «acepten que, en cuanto se den las condiciones y se disponga de la información sobre la localización de las armas, puedan ponerse en manos de la Justicia francesa». Un proceso en el que confió que no aparezcan «interferencias, obstáculos o dificultades».

El portavoz del Ejecutivo vasco también consideró que «sería algo equivocado» la entrega de armas «achatarradas» que impidieran la «labor investigadora».

Erkoreka advirtió que la culminación del desarme «no significa que el proceso de fin de ETA haya concluido del todo, ya que quedarán asignaturas pendientes», entre las que mencionó «la disolución, que debería ser un paso lógico, y el reconocimiento del daño injustamente causado».

«Es algo sencillo»

Desde el Gobierno francés se ratificó ayer la disposición a recibir las armas de ETA, aunque se insistió en la necesidad de que todo el proceso se lleve a cabo a través de los cauces legales. El primer ministro francés, Bernard Cazeneuve, afirmó que «si se quiere restituir las armas no hay nada más fácil que esto, hay que entregarlas dentro del respeto de las reglas del Estado de derecho: ir a la Justicia que lleva a cabo las investigaciones y decir 'hemos decidido poner fin a la violencia, entregamos todas las armas'».

Cazeneuve subrayó que, «obviamente, ningún gobierno puede oponerse» a que armas que se han utilizado en actos violentos sean entregadas, aunque recalcó que su entrega debe respetar «las reglas judiciales». «¡Eso se llama Estado de derecho! Y ningún primer ministro puede afirmar otra cosa», enfatizó.

Por su parte, el ministro de Interior español, Juan Ignacio Zoido, señaló ayer que «lo que tiene que hacer ETA es disolverse, no solo entregar las armas», aunque aseguró que «aplicando la legislación vigente, no hay ningún problema».

Ayer también entró en escena el Grupo Internacional de Contacto (GIC) que ha intervenido en algunas fases del final de la violencia de ETA, aunque dice estar desvinculado del actual proceso de desarme. El mediador Alberto Spektorowski reclamó a los gobiernos francés y español que, «si no se van a implicar, al menos no molesten».

Por su parte, el intermediario con ETA de Iparralde 'Txetx' Etcheverry defendió que este desarme «desbloqueará un cierto número de cosas que son consecuencia de un conflicto que nace con el golpe de Estado de 1936» en España.

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