Diario Vasco

El Constitucional rechaza ampliar la indemnización a las familias de Lasa y Zabala por pertenecer a ETA

  • No tramita las demandas con el criterio contrario de dos magistrados, que subrayan que no se probó judicialmente que fueran terroristas

El Tribunal Constitucional (TC) rechaza ampliar la indemnización a las familias de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala por pertenecer a ETA. No admite a trámite las demandas, no obstante, con el criterio en contra de dos magistrados, la vicepresidenta Adela Asúa y Fernando Valdés, que subrayan que no se probó judicialmente que fueran terroristas. El Constitucional avala de esta manera, por cuatro votos frente a dos, la negativa del Ministerio del Interior de recompensar económicamente a los familiares de los secuestrados, torturados y asesinados por los GAL en Alicante en 1983.

Así lo acordó la Sección II del alto tribunal porque en la sentencia en la que fueron condenados los autores de sus secuestros y asesinatos -cuatro guardias civiles y un exgobernador civil-, se afirma que eran miembros de ETA. Sin embargo, la decisión cuenta con el voto en contra de Asúa y Valdés, que recriminan a sus compañeros que esta resolución «genera incertidumbre» y junto a ello, recuerdan que la norma europea que regula las indemnizaciones no está traspuesta. El Ministerio de Interior concedía siempre dichas indemnizaciones hasta que modificó su criterio en virtud del convenio europeo sobre remunerar a las víctimas de delitos violentos del 24 de noviembre de 1983. Ese marco regulatorio entró en vigor en España el 1 de febrero de 2002 y contempla la posibilidad de reducirlas o suprimirlas en algunos supuestos, como el de pertenencia a banda terrorista.

La noticia fue recibida «con impotencia» por Axun Lasa, hermana de Joxe, que anoche aseguró a este periódico que «por desgracia, la justicia no funciona. A ver cuándo, de verdad, empieza a ser igual para todos». Aseguró que este auto supone un «nuevo golpe y genera mucha impotencia» porque «lo que hace daño es el hecho en sí más que el dinero». Pili Zabala, hermana de Joxi, por su parte, prefirió no hacer declaración alguna al respecto y valorará esta decisión con más calma y sosiego.

Las familias de Lasa y Zabala defienden el derecho a la indemnización porque, a su juicio, así lo recoge la ley de reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo. Sin embargo, los jueces del Constitucional deniegan la compensación porque en la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó al exgeneral Enrique Galindo, al teniente coronel Ángel Vaquero, a los guardias Enrique Dorado y Felipe Bayo y al exgobernador civil de Gipuzkoa Julen Elgorriaga por sus muertes, se afirmó que eran miembros de ETA. Esta resolución judicial avala la decisión del Ministerio del Interior que fue ratificada por la Audiencia Nacional. En este fallo se incluyó un informe de septiembre del 2014 en el que afirma que Zabala «asumió tareas o funciones» de manera que la organización terrorista «lo consideraba como miembro de la misma». A juicio del alto tribunal, estos hechos impiden que sus familiares puedan ser compensados porque la ley de protección de las víctimas limita la indemnización cuando los solicitantes han participado en la delincuencia organizada.

No obstante, los votos de Asúa y Valdés acusan a la Audiencia Nacional de haber efectuado «un claro veredicto de culpabilidad» sin que haya existido persecución ni procedimiento penal en el que Zabala haya podido defenderse. Y rechazan que se puedan considerar como prueba el informe policial aportado a la causa porque es «insuficiente» para «dar probada la actividad criminal».

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