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El juicio contra Artur Mas por la consulta del 9-N ha caldeado de nuevo la presión social y política en el año clave para la independencia de Cataluña. La hoja de ruta del Govern prevé convocar el referéndum sobre la República catalana, con o sin permiso del Ejecutivo de Mariano Rajoy, en septiembre, o incluso antes del verano. Un órdago político sin retorno para el que la Generalitat busca, aún y todo, estrategias que favorezcan su celebración y dificulten las previsibles prohibiciones que lleguen desde los tribunales a instancias del Gobierno central.

Una de las posibilidades que se barajan en la Generalitat, según fuentes solventes, es la convocatoria de unas elecciones autonómicas en Cataluña pero con dos urnas, una oficial para el Parlamento y otra, quizás gestionada por voluntarios, para el referéndum soberanista. Pero la estrategia no está exenta de riesgos. Si bien puede favorecer la logística y reprimir la acción judicial por parte del Estado -es más complicado impugnar unos comicios autonómicos legales-, se expone a una respuesta contundente del Gobierno central y plantea dudas sobre qué pasará una vez elegido el Parlamento, que sigue siendo convencional.

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