Diario Vasco

«Si Cataluña opta por desviarse del carril del diálogo, va a producirse un choque»

Adela Asúa, cuyo puesto en el Constitucional será renovado en unas semanas, en un acto celebrado en el Tribunal Superior del País Vasco.
Adela Asúa, cuyo puesto en el Constitucional será renovado en unas semanas, en un acto celebrado en el Tribunal Superior del País Vasco. / LUIS ÁNGEL GÓMEZ
  • Con el telón de fondo del conflicto catalán, Adela Asúa, vicepresidenta del Tribunal Constitucional, defiende avanzar en el diálogo entre las comunidades más allá de la bilateralidad con Madrid

Adela Asúa Batarrita (Bilbao, 1948), catedrática de Derecho Penal y vicepresidenta del TC, afronta sus últimas semanas en el Tribunal que representa la cúspide del constitucionalismo español y que vuelve a encarar una renovación no sin controversia. Hace siete años, cuando fue elegida para esta magistratura, ETA aún seguía activa y el contencioso catalán no había implosionado. Celosa del rigor y sorteando aquellas preguntas sobre las que sabe que no puede pronunciarse -o no conviene que lo haga desde su posición-, Asúa atiende a DV en la semana en la que Artur Mas ha sido enjuiciado por desobeceder el 9-N al Constitucional.

-¿Qué se lleva de su paso por el TC?

-Un máster de equilibrista sobre los mimbres de la Constitución. El peso de la responsabilidad en la anulación de leyes y decisiones judiciales que desbordan el mapa de coordenadas constitucionales. Con la dificultad de interpretar una partitura a doce voces.

-¿Diría que se trata de una institución desprestigiada?

-No. Puede haber vaivenes en cuanto a la opinión sobre el Tribunal, pero no confundamos desacuerdos o críticas con desprestigio. La institución como tal tiene prestigio por su función de guardián del acuerdo democrático básico, la Carta Magna de los derechos y de la organización política de un Estado. Pero es cierto que en la importancia de esa misma función reside su vulnerabilidad: a los poderes que debe controlar no les gusta ser corregidos, y paradójicamente son quienes participan en la elección de los magistrados del Tribunal. La sospecha de nombramientos de conveniencia sí lo desprestigia. Si el Tribunal da muestras de resistencia, se prestigia porque simplemente cumple su función. Tenemos ejemplos patentes: Trump.

-¿Qué se juega el Constitucional con su renovación? El procedimiento de elección, con el PP y el PSOE pactando los nombramientos, ¿no vuelve a alimentar el descrédito del Tribunal sobre su profesionalidad?

-Es el turno de renovación del tercio de magistrados y magistradas que proponen las autonomías. Es la 'cuota' territorial que permite paliar la tendencia a designar magistrados situados en el centro de los poderes jurídicos y políticos de la capital del Estado. La deseable composición plural del Tribunal debe preservarse mediante una presencia equilibrada en función de la procedencia territorial, de especialidades y materias, de hombres y mujeres. Pluralidad que aporta fortaleza y mejores condiciones para desarrollar adecuadamente su trabajo. Un pacto de cuotas por partido, ajeno al logro de un consenso máximo sobre los criterios de equilibrio apuntados, no sería acorde al espíritu de la ley. Pero las decisiones del tribunal se adoptan colegiadamente, previo debate -a veces muy prolijo y largo- sobre borradores y documentación objeto de estudio. Su dinámica de funcionamiento obliga al contraste de razonamientos con alta exigencia de profesionalidad.

-Usted fue propuesta por acuerdo del Parlamento Vasco. El portavoz del PNV en el Congreso acaba de proclamar que «se coman la renovación del TC con patatas» y el soberanismo catalán ha renunciado a promover candidatos al considerarlo un árbitro comprado. ¿Crítica legítima o deslegitimación?

-La crítica es legítima cuando se basa en datos fehacientes. Pretender la deslegitimación del Tribunal insinuando que se trata de un 'árbitro comprado' es una grave sugerencia que parece ubicarse en exigencias del guion. Por otro lado, la renuncia a proponer candidaturas es una renuncia al esfuerzo para lograr ese equilibrio en la composición plural del Tribunal. En particular, lamento que el Parlamento Vasco haya desistido de participar en la propuesta y no considere pertinente tratar de mantener la presencia de un magistrado o magistrada vasca, o de apoyar la presencia de otro jurista de sensibilidad autonómica.

-¿Les condicionan unos letrados poco preparados? El presidente del Tribunal Superior vasco, Juan Luis Ibarra, sostiene que su selección no pasaría un test constitucional.

-El grupo de letrados y letradas del Tribunal está compuesto de excelentes profesionales, con funciones que son esenciales para la elaboración de informes y preparación de documentos a fin de gestionar los más de 7.000 recursos que nos llegan cada año. La selección es por currículum; la única observación sería sobre la posibilidad de mejorar la publicidad de la apertura de convocatoria de plazas.

-¿Cuánto ha pesado en el ánimo de usted y de sus compañeros la búsqueda de la unanimidad en todas sus decisiones sobre Cataluña?

-En todas las materias de especial proyección política o social hacemos un mayor esfuerzo por lograr una decisión unánime o de mayor consenso posible. Lo cual significa esfuerzo para consensuar el desarrollo de la argumentación que se plasma en la sentencia. Y el consenso requiere que todos cedamos, renunciando al argumento que cada uno piensa que es el mejor, para confluir en una línea intermedia.

-¿Le ha sorprendido hasta dónde han llegado las instituciones catalanas? ¿Concentrar a miles de ciudadanos, con su presidente a la cabeza, es intimidar al Tribunal?

-Un Tribunal profesional no se siente intimidado por una manifestación, por grande que sea. Los manifestantes escenifican su opinión, lo cual era previsible dadas las características del asunto.

-¿Qué se siente cuándo se escucha a un exjuez (Santiago Vidal) jactarse de hacer listas sobre las afinidades políticas de sus colegas?

-No comment.

-¿Hay espacio aún para la pedagogía constitucional? ¿Tiene arreglo nuestra convivencia?

-Siempre habrá, por definición, problemas de convivencia. La cuestión radica en cómo los manejamos y resolvemos, y sobre qué criterios construimos las formas de respetar las diferencias de entendimiento. Los criterios básicos asumidos por la experiencia tras grandes quiebras de la civilización, el respeto a los derechos humanos, han quedado plasmados en las constituciones democráticas. La pedagogía democrática es una tarea permanente, no solo para el aprendizaje de los jóvenes; también para que los ciudadanos adultos no bajemos la guardia ante cantos de sirenas.

-¿A qué le suena la oposición de la legalidad a la legitimidad política? ¿Hay democracia si se orillan las normas establecidas?

-Las leyes aprobadas por los parlamentos democráticos que representan legítimamente a la ciudadanía no podrán considerarse ilegítimas. A mayor calidad de representatividad, mayor legitimidad, claro. Pero en la complejidad institucional creciente, ¿serían menos legítimas las normas de Derecho de la UE por la menor conexión con los órganos de representación de la ciudadanía? Hay muchos incumplimientos de leyes y por ello no se quiebra la democracia; se quebraría si esos incumplimientos no fueran corregidos y reparados sus efectos, porque entonces se podría considerar que ya no rigen las leyes aprobadas por el parlamento.

«Por encima de todo»

-Usted es jurista, resuelve sobre problemas complejos. ¿Qué siente cuando escucha que nos encaminamos a un choque de trenes entre el Estado constitucional y la Cataluña independentista?

-Me suena a desafío y, a la vez, a una llamada a que se utilicen las oportunidades que ofrecen el diálogo y la política dentro de la Constitución para afrontar las demandas que se plantean desde Cataluña. Pero si Cataluña opta por desviarse del carril del diálogo, por no seguir las señales de circulación que marca la Constitución, va a producirse un choque. La voluntad de las partes tiene que emerger a un diálogo por encima de todo. Pero tengo la sensación de que se quieren forzar al límite las condiciones de ese diálogo. Y asumir la democracia es asumir los procedimientos constitucionales.

-¿Es irremediable una reforma de la Constitución para encajar la diversidad territorial?

-La reforma constitucional puede ser conveniente o inconveniente, no sé si irremediable. Dependerá de a qué aspiraciones de diversidad nos referimos. La reforma necesita un tiempo de maduración que puede empezar ya, pero no solo entre el Gobierno y Cataluña, sino que implica a todas autonomías que forman parte del Estado. Hay un desenfoque del problema, porque lo que parece necesario es que Cataluña hable también con otras comunidades autónomas, exponga sus propuestas y escuche las de otros. Para buscar un consenso teniendo en cuenta la realidad de un Estado compuesto. Hay campo para explorar estrategias horizontales de colaboración después de casi 40 años de Estado autonómico.

-Es una visión distinta. Cuando uno piensa en la reforma, se imagina una comisión partidaria en el Congreso con dos aspiraciones nacionales al fondo, Cataluña y Euskadi.

-Llevamos demasiado tiempo confiando en los acuerdos bilaterales, cuando sería conveniente un compromiso más activo de todas las autonomías y sus ciudadanos para el equilibrio territorial. Y que puedan llegar a respuestas y estrategias que hagan más verosímil un cambio en la Constitución. Que pacten entre todas la geografía constitucional, no solo Madrid con Cataluña o Euskadi. Una autonomía no puede hablar en solitario con el Estado sin tener en cuenta a las otras comunidades concernidas. Falta el desarrollo de ese poder horizontal que configuran las autonomías, cuya legitimidad ante los ciudadanos, sumada al diálogo sobre sus necesidades y aspiraciones, podría dar sus frutos. Hay que aprovechar la riqueza de la diversidad, no solo siguiendo la dirección del AVE que siempre acaba en Madrid.

-¿De verdad todos los contenciosos que les llegan son inevitables?

-Sí se tiene la impresión de que muchos de esos contenciosos entre los gobiernos autonómicos y el central podrían solventares en las comisiones bilaterales, a las que deben acudir las partes antes de llegar al Tribunal. No son pocos los asuntos que se resuelven en esa instancia.

-¿Vuelve de Madrid con una visión más pesimista sobre las posibilidades de entenderse en un Estado tan singular como el español?

-No. No voy más pesimista, sino con más visión de conjunto y moderadamente optimista. Como le decía, creo que tenemos pendiente el ensayo de una mayor colaboración y coordinación de las comunidades autónomas entre sí, que son las que conforman la realidad del Estado compuesto. Una colaboración y comunicación multilateral en estrategias y políticas comunes y no solo bidireccionales con el Gobierno central.

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