Diario Vasco

El pacto sobre la Ley Municipal respeta el uso del euskera y limita las consultas locales

Sáenz de Santamaría habla con De Andrés, Erkoreka y Arriola el pasado lunes en Vitoria.
Sáenz de Santamaría habla con De Andrés, Erkoreka y Arriola el pasado lunes en Vitoria. / IGOR AIZPURU
  • El Gobierno central tiene previsto formalizar hoy el recurso a la Ley de Adicciones, aunque Euskadi apela a un pacto político para evitarlo

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El Gobierno central tiene previsto formalizar hoy ante el Tribunal Constitucional el recurso contra la Ley de Adicciones, aunque el Gobierno Vasco apela 'in extremis' a un pacto político que le lleve a cambiar de opinión y a anteponer el tímido clima de distensión por encima de la discrepancia competencial sobre los clubes de cannabis que no han logrado salvar. La negociación en la comisión bilateral ha llegado a su fin sin pacto. Pero en el Ejecutivo vasco apelaban a última hora de ayer a la política y mantenían la esperanza de que el gabinete de Mariano Rajoy diera un paso atrás y se olvidara de este recurso. Esa decisión supondría un importante gesto político para apuntalar la senda de entendimiento que ambas administraciones promueven al menos en sus declaraciones públicas. Pero la petición parece demasiado ambiciosa. De hecho, sería la primera vez que ocurriría algo similar. Por eso, de momento en el Gobierno Vasco, que ayer desconocía la posición final del Ejecutivo central, se ciñen al único acuerdo constatable: el pacto alcanzado sobre la Ley Municipal, que respeta la mayor parte de la norma aprobada al final de la legislatura pasada por el PNV y EH Bildu.

El acuerdo de cuatro páginas al que ha tenido acceso este periódico analiza punto por punto cada uno de los doce artículos y dos disposiciones de la ley vasca objetados. Con una argumentación jurídica difícil de desentrañar, el texto recoge la interpretación común que los equipos jurídicos han hecho sobre la redacción de la norma vasca, que en ningún caso se modificará. El objetivo es clarificar las dudas que podrían generar determinados preceptos, con el fin, sobre todo, de que la norma vasca no entre en colisión con la estatal de Base de Régimen Local.

Dos de los puntos cuestionados por el Gobierno central fueron el referido al uso exclusivo del euskera en las comunicaciones internas de los consistorios o notificaciones oficiales entre instituciones -nunca en las emitidas a la ciudadanía-. Y en la convocatoria de consultas populares sobre asuntos de ámbito local.

En el primer caso, el acuerdo respeta «en términos máximos» lo establecido en la ley vasca. Es decir, los ayuntamientos podrán redactar solo en euskera convocatorias, órdenes del día, mociones o dictámenes, y remitirlas así a las Administraciones autonómica o central. El Gobierno de Rajoy acepta, por tanto, una de las reivindicaciones principales de EH Bildu a la hora de suscribir esta ley, y legaliza una de las prácticas habituales en los ayuntamientos que gobierna la coalición, sobre todo en Gipuzkoa, y que en la pasada legislatura le costó enfrentarse a innumerables recursos del anterior delegado del Gobierno.

La única excepción, que ya contemplaba la norma vasca, es que en caso de que algún «miembro de la entidad local» alegue «desconocimiento del euskera», el Ayuntamiento debe procurarle la comunicación traducida al castellano.

Toros de Donostia

Donde sí se incorpora cierta limitación al texto vasco es a la hora de convocar consultas de ámbito local. El objeto siempre ha estado claro: cuestiones sectoriales o de competencia municipal. Pero el acuerdo acota la participación. Los ayuntamientos solo tendrán libertad para convocar cuando llamen a las urnas a una parte del «cuerpo electoral». Es decir, cuando no convoquen a todos los ciudadanos de su municipio con derecho a voto, sino a los residentes de un barrio o un distrito.

El resto deberá seguir teniendo el permiso previo del consejo de ministros, como ocurría hasta ahora. Es el caso, por ejemplo, de las consultas sobre residuos que se han llevado a cabo en diversos municipios, o la que Donostia quiere celebrar sobre la utilización de una instalación pública para celebrar corridas de toros, pendiente aún de una decisión del Gobierno central.

Pese a la limitación, el gabinete vasco aplaude el acuerdo y destaca que es la primera vez que el Ejecutivo central cede en un asunto tan sensible como éste, el de la convocatoria de consultas y el de la participación en ellas, como recoge la ley vasca, de mayores de 16 años y extranjeros con permiso de residencia. Un detalle, este último, que podría marcar la vía para el acuerdo en otra de las leyes en discordia, la de la Iniciativa Legislativa Popular, que junto a la de abusos policiales, se negociará en el próximo mes y medio.

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