Diario Vasco

El Gobierno de Urkullu sondea al PP para actualizar la RGI a través del Presupuesto

Los populares De Andrés, Damborenea y Alonso charlan con el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, en los pasillos del Parlamento.
Los populares De Andrés, Damborenea y Alonso charlan con el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, en los pasillos del Parlamento. / B. CASTILLO
  • El Ejecutivo de coalición entre el PNV y el PSE tiene difícil llegar a un acuerdo con EH Bildu y Podemos, que exigen que se referencie al SMI

  • Los populares son claves para aprobar la disposición adicional que limita el incremento al IPC

En las últimas semanas se ha hablado mucho de la necesidad que tiene el PP de llevarse bien con el PNV de cara a la aprobación de los Presupuestos del Gobierno de Rajoy, pero la colaboración que pudieran establecer ambos partidos también tiene su incidencia en Euskadi. El Gobierno de coalición de PNV y PSE está a un escaño de la mayoría absoluta en el Parlamento Vasco, por lo que requiere del apoyo de al menos un partido de la oposición para sacar adelante sus iniciativas. Un contexto que coloca a los populares como uno de actores fundamentales de la legislatura, sobre todo a la hora de abordar cuestiones económicas como los Presupuestos. El Ejecutivo de Urkullu lo sabe y esta semana ha empezado a sondear al PP vasco para encontrar una solución a uno de los asuntos más polémicos en este inicio de año: la actualización de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) en las cuentas de 2017.

Según fuentes conocedoras de los contactos, la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal (PNV), ha mantenido ya las primeras conversaciones con dirigentes del PP vasco para explorar la disposición de este partido a respaldar en el Parlamento la propuesta del Gobierno Vasco de desligar la RGI del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Según la ley vasca de Garantía de Ingresos aprobada en 2008, las actualizaciones anuales de la RGI están referenciadas a una posible subida del SMI, que en 2017 se ha incrementado en un 8%, tras un acuerdo entre el PP y el PSOE en el Congreso. Ese aumento debería tener un impacto proporcional en la cuantía mensual de la RGI que perciben 64.000 ciudadanos vascos, pero el Ejecutivo de Urkullu plantea que, por «realismo» y para «garantizar la sostenibilidad del sistema», la subida de este año se ligue al IPC, que ronda el 1,5%.

Esta medida excepcional, que se llevaría a cabo mediante una disposición adicional en los Presupuestos vascos que el Gobierno Vasco espera aprobar en abril, cuenta por el momento con la oposición frontal de EH Bildu y Elkarrekin Podemos, que exigen que se cumpla la ley y la RGI se siga referenciando al SMI. Por tanto, el PP aparece como el interlocutor más claro para el Ejecutivo en este tema, porque los populares llevan varios años defendiendo la necesidad de reformar la RGI y ven «lógica» la propuesta inicial del Gobierno de Urkullu. Apuntan, eso sí, que el acuerdo no debería limitarse a una disposición adicional de unos Presupuestos concretos, sino que debe abordarse una «profunda modificación» de la ley.

Cambio novedoso

El mero tanteo de una consejera del PNV al PP vasco sobre este asunto ya es novedoso, porque la legislatura pasada el partido que lidera Alfonso Alonso se quedó solo en su reclamación de una reforma de la RGI. La situación parece que ha cambiado tras el incremento del 8% que se acaba de producir en el SMI que, si se aplicara a la RGI, conllevaría un aumento en el gasto público vasco de entre 30 y 40 millones de euros. Este impacto económico, que se dejaría notar en los próximos Presupuestos, ha llevado al Ejecutivo de Urkullu a proponer una reflexión sobre el futuro de la RGI. En cinco meses llevará al Parlamento una propuesta integral para adecuar la ley, pero antes requiere de soluciones urgentes para que las cuentas de 2017 no consoliden un incremento del 8% que, a juicio del Ejecutivo, podría poner en riesgo la sostenibilidad de esta prestación social.

Es ahí donde entra el juego el PP vasco, que ahora mismo se presenta como el socio más factible para sacar adelante la disposición adicional de los Presupuestos que limitaría la subida al 1,5% del IPC. Los populares, sin embargo, no le van a poner en bandeja esta salida al Gobierno de Urkullu, ya que entienden que es una cuestión que debería trascender a la aprobación de las cuentas. Además, consideran que no se puede meter en el mismo «paquete» una negociación presupuestaria convencional -para la que también parecen bien situados- y un acuerdo sobre una medida extraordinaria, por mucho que afecte a esas cuentas.

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, defendió ayer la postura del Gobierno de Urkullu de desligar la RGI del Salario Mínimo Interprofesional, pero también pidió «coraje» al Ejecutivo para acometer una «profunda modificación» de la ley que regula estas prestaciones. Opinó que no tiene sentido introducir este cambio a través de los Presupuestos y no mediante una reforma de la Ley de Garantía de Ingresos, por lo que emplazó al Gobierno Vasco a llevar cuanto antes al Parlamento un proyecto de modificación de dicha normativa. Para el líder popular, la ley de 2008 «está mal hecha» y hay que cambiar «todo el sistema».

«Debate interesado»

Mientras el PNV y el PP mantienen sus primeros contactos sobre este tema, la RGI demostró ayer que sigue siendo una cuestión polémica entre los partidos. Idoia Mendia, secretaria general del PSE, que comparte gobierno con los jeltzales, criticó el «debate interesado» que se ha suscitado sobre esta prestación entre algunos partidos, a los que acusó de «mentir» en relación al incremento de la RGI. Sin mencionarlos directamente, Mendia se refirió a EH Bildu y Elkarrekin Podemos para afirmar que «es falso que se hayan recortado derechos y prestaciones», ya que estas «se van a revalorizar» en función del IPC. Apuntó, no obstante, que «por parte del Gobierno Vasco se podría haber explicado mejor».

EH Bildu y Elkarrekin Podemos, mientras, insisten en que no hay razón para que el Gobierno Vasco deje de referenciar la RGI al Salario Mínimo Interprofesional. La coalición soberanista destacó ayer su «total disposición» a negociar los Presupuestos, pero calificó de «mal augurio que el Gobierno Vasco empiece a presentar medidas recortadoras». Podemos, por su parte, criticó «una decisión política que prioriza la contención del gasto frente a la inversión en los personas».

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