Diario Vasco

Erkoreka confía en que Madrid renuncie a recurrir la Ley de Adicciones aunque no pacten

Erkoreka y Sáenz de Santamaría, el lunes en Vitoria en la toma de posesión de De Andrés.
Erkoreka y Sáenz de Santamaría, el lunes en Vitoria en la toma de posesión de De Andrés. / IREKIA
  • El consejero vasco y la vicepresidenta firman hoy el acuerdo sobre la Ley Municipal, el primero de calado político que salvan de un litigio en el TC

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El acuerdo sobre la Ley Municipal que ha desatascado el bloqueo entre el Gobierno central y vasco se presumía como uno de los más complicados en origen, pero al final ha resultado menos gravoso de lo esperado. La discrepancia en torno a las consultas populares que convoquen los ayuntamientos o el permiso para que los consistorios redacten solo en euskera las notificaciones oficiales se han salvado con una interpretación común sobre los límites de la norma estrella de la pasada legislatura, aprobada por PNV y EH Bildu. Josu Erkoreka y Soraya Sáenz de Santamaría firmarán hoy un acuerdo que debe ser comunicado al TC antes de mañana, cuando expira el plazo de negociación. Pero hay otro recurso en el aire que aún no tiene un resultado definido: el que pesa sobre la ley vasca de Adicciones. En Euskadi creen que si existe voluntad política, ese litigio también podría resolverse aunque estrictamente no haya un acuerdo entre ambas administraciones, algo que parece a estas horas improbable. Pero el Gobierno Vasco incide en que el central podría no materializar el recurso ante el Tribunal Constitucional, si confía en que el punto de la discordia, la gestión de los clubes de cannabis, se limite en el reglamento, más detallado, que la propia ley contempla y que el Ejecutivo vasco tiene intención de desarrollar próximamente.

El breve encuentro que el lunes mantuvieron en Vitoria el consejero Erkoreka con la vicepresidente del Gobierno sirvió para dar el último empujón al acuerdo, encarrilado desde la semana pasada, sobre la Ley Municipal. En concreto, sobre los artículos referidos, sobre todo, a las consultas populares convocadas por los ayuntamientos o al uso exclusivo del euskera en las notificaciones oficiales. Los equipos técnicos y jurídicos de ambas administraciones se cruzaron durante varias semanas textos y correcciones para llegar a una interpretación que satisficiera a ambos gabinetes, y aunque de inicio se presumían más insalvables estas discrepancias que las que ha suscitado la Ley de Adicciones, al final el acuerdo ha sido posible.

El Ejecutivo central ha sido el encargado de redactar el texto definitivo, que hoy llegará a manos de Erkoreka para que lo firme y lo remita de nuevo a la vicepresidenta. Con la rúbrica de los dos responsables de las respectivas administraciones públicas, el viernes se remitirá la correspondiente notificación y copia del acuerdo al Constitucional para dar por zanjado este litigio. La obligada publicación del acuerdo en los boletines oficiales vasco y estatal, por primera vez, se pospondrá hasta la próxima semana, dada la falta de tiempo para hacerlo con antelación.

Cuestión competencial

Resuelto ese conflicto, el primero que contribuye a avanzar en la etapa de deshielo que el Gobierno Vasco reclama y el central asegura dispuesto a desarrollar, en 24 horas se tiene que resolver el que persiste sobre la Ley de Adicciones. En este caso, la discrepancia es de origen. De cuestión competencial pura. Y por eso, el problema no se resuelve pactando una interpretación de la norma vasca.

La clave está en que el Gobierno central entiende que la norma vasca, en los artículos 83 y 84 que regulan los clubes de cannabis y de fumadores, invade las competencias de Farmacia y Código Penal exclusivas de la Administración central. Mientras, el Ejecutivo vasco argumenta que la ley, que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento Vasco, se ciñe a una cuestión de Salud Pública y de prevención sanitaria. «Es una ley integral sobre adicciones», defienden las fuentes consultadas. Y además esgrime que la propia norma recoge que la gestión de estos clubes privados se concretará y limitará mediante un reglamento expreso, que aún no se ha redactado.

En el gabinete de Iñigo Urkullu aseguran que están a la espera del último texto que les remita el equipo técnico de Madrid. Pero asumen que es improbable que antes de mañana se alcance un acuerdo. Su esperanza para evitar llegar al TC es que el Gobierno central, en un gesto de buena «voluntad política», rehúse a materializar el recurso ante el alto tribunal, y confíe en que el desarrollo futuro del reglamento clarifique sus dudas sobre la supuesta invasión a las competencias del Estado.

Salvar estos dos litigios supondría un buen comienzo de año para esa nueva etapa de entendimiento que PP y PNV, y sus respectivos gobiernos, quieren emprender esta legislatura. E incrementa las opciones sobre un acuerdo sobre las otras dos leyes en discordia, la de Iniciativa Legislativa Popular y la de víctimas de abusos policiales, que aún no se han tratado en la comisión bilateral, pero que requerirán, sobre todo la última, grandes dosis de cintura política para evitar el TC.

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