Diario Vasco

La sintonía entre gobiernos se estrena con un acuerdo sobre la Ley Municipal

Josu Erkoreka, Soraya Sáenz de Santamaría, Iñaki Arriola, Javier de Andrés, Manu Lezertua, Carlos Urquijo, Alfonso Alonso y Juan Luis Ibarra, ayer en la Delegación del Gobierno en Vitoria.
Josu Erkoreka, Soraya Sáenz de Santamaría, Iñaki Arriola, Javier de Andrés, Manu Lezertua, Carlos Urquijo, Alfonso Alonso y Juan Luis Ibarra, ayer en la Delegación del Gobierno en Vitoria. / EFE
  • Sáenz de Santamaría y Erkoreka encarrilan en Vitoria la retirada de este primer recurso

  • La coincidencia de ambos en la toma de posesión de De Andrés como delegado del Gobierno apuntala la primera prueba de entendimiento

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Los gobiernos vasco y central están a punto de cerrar el primer acuerdo concreto para que el clima de entendimiento que preconizan desde hace semanas empiece a materializarse en hechos. Esa primera piedra, que puede convertirse en la base para futuros pactos, es la Ley Municipal. Soraya Sáenz de Santamaría y Josu Erkoreka encauzaron ayer en Vitoria un principio de acuerdo para que el Ejecutivo del PP no presente un recurso contra esta norma ante el Tribunal Constitucional. Este sábado finaliza el plazo de seis meses con el que cuenta la comisión bilateral para tratar los conflictos competenciales, y fuentes del Gobierno Vasco anunciaron que la negociación «va por buen camino». También aseguraron que será «un buen acuerdo» para el Ejecutivo de Urkullu, ya que «se salvan casi todos los puntos» y «no se desnaturaliza» una ley que fue aprobada al final de la legislatura pasada por PNV y EH Bildu. En lo que queda de semana, la comisión bilateral explorará también un acuerdo sobre la Ley de Adicciones, un conflicto de menor trascendencia.

«Con tanta apelación al acuerdo, no se entendería que esta semana se cerrase sin ninguno. Eso sí que sería un buen titular», bromeaba Josu Erkoreka, consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, en un corrillo con periodistas tras escuchar el discurso de la vicepresidenta del Gobierno en Vitoria. Soraya Sáenz de Santamaría había acudido a la toma de posesión de Javier de Andrés como delegado del Gobierno en Euskadi y acababa de hacer un llamamiento a «la cooperación y la lealtad» entre instituciones, así como a «ver al otro como un interlocutor necesario para encontrar soluciones». La coincidencia de ambos dirigentes en el acto de Vitoria invitaba a pensar en un avance definitivo en las negociaciones, que ya habían progresado mucho en la comisión bilateral, y las previsiones se cumplieron.

Cuestión de media hora

Sáenz de Santamaría y Erkoreka esperaron al final de los fastos de la toma de posesión para mantener un encuentro y encauzar el acuerdo sobre la Ley Municipal. La conversación duró apenas media hora, pero ambos dirigentes demostraron que saben ir al grano cuando hay voluntad de acuerdo por ambas partes. También ayudó la buena sintonía que ambos protagonistas forjaron en el Congreso cuando ostentaban la portavocía de sus grupos parlamentarios, en la última legislatura de Zapatero. Tras este encuentro directo, la percepción del Gobierno Vasco fue que la retirada del recurso estaba encarrilada.

En el caso de la Ley Municipal, el inminente acuerdo entre gobiernos puede interpretarse como un primer triunfo del Ejecutivo de Urkullu en el tablero de los conflictos competenciales, ya que será el gabinete de Rajoy el que renunciará a presentar el recurso y, además, el texto de la ley no variará en lo sustancial. Erkoreka explicará hoy los detalles del acuerdo en la rueda de prensa posterior al consejo de gobierno, pero fuentes del Gobierno Vasco adelantaron ayer a este periódico que se trata de un «buen acuerdo». Reconocieron que el Gobierno central «se ha esforzado» para propiciar el pacto, que se podría firmar hoy o mañana. El acuerdo consiste en encontrar una «interpretación común» a los artículos en disputa.

La Abogacía del Estado había recurrido doce puntos de la Ley Municipal que PNV y EH Bildu aprobaron el pasado abril en el Parlamento. La principal discrepancia se centraba en la potestad de los ayuntamientos vascos para convocar consultas de carácter local y no vinculantes sobre decisiones que competen a los propios municipios. El Gobierno central consideraba que dar libertad absoluta a esas consultas suponía abrir la puerta a su utilización para fines políticos, como aquellas que se promueven en favor del derecho a decidir. El Ejecutivo vasco alegó que las consultas de los ayuntamientos no se pueden equiparar a los referéndums y remarcó que la Ley Municipal fija claramente los límites, al aludir solo a materias en las que los ayuntamientos son competentes.

Otra cuestión que chirrió a la Abogacía del Estado fue la referente al uso del euskera en los ayuntamientos, ya que la ley contempla la posibilidad de que las notificaciones oficiales se emitan solo en esa lengua. De hecho, este fue uno de los puntos que destacó EH Bildu cuando dio su apoyo a la norma en el Parlamento. Erkoreka quería chequear ayer la nueva interpretación de la ley con EH Bildu para cerciorarse de que comparte lo negociado.

Otros tres recursos

Una vez salvada la Ley Municipal, el foco girará ahora hacia los otros tres conflictos competenciales que están actualmente en la comisión bilateral entre los dos gobiernos. Por plazos, la negociación más urgente es la que afecta a la Ley de Adicciones, que también requiere de un acuerdo antes de este sábado. Si no es posible, el Gobierno central la recurrirá ante el Constitucional. La principal discrepancia en esta norma -que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento Vasco- se centra en el artículo que regula los clubes de cannabis. En principio parecía una de las normas más fáciles de acordar, pero Erkoreka ya advirtió ayer de que, en ocasiones, los gobiernos alcanzan un acuerdo sobre una de las leyes, pero otras acaban en los tribunales. En cualquier caso, fuentes del Gobierno Vasco no la daban ayer por perdida.

Aunque el recurso contra la ley de Adicciones siguiera su curso en los tribunales, el Ejecutivo de Urkullu concede más importancia a haber salvado la Ley Municipal, que para algo fue la norma estrella de la anterior legislatura. Algo parecido ocurre con las otras dos leyes que se deben negociar antes de abril: la de víctimas policiales y la de Iniciativa Legislativa Popular. El Ejecutivo de Urkullu ha marcado la norma sobre víctimas de represión ilícita como la piedra de toque para calibrar la verdadera voluntad política del Gobierno de Rajoy para llegar a acuerdos en materias sensibles. Y el asunto de las víctimas policiales es uno de ellos.

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