Diario Vasco

Los partidos se comprometen a consensuar la nueva ley contra la violencia de género

  • Urgen al Gobierno Vasco a que apruebe «cuanto antes» la norma para proteger a las mujeres de agresiones machistas

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El último zarpazo de la violencia contra las mujeres ha vuelto a remover las aguas para acabar, de una vez por todas, con esta desgarradora realidad. Cada año, la violencia machista se salda en Euskadi con una media de tres mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, unas cifras desoladoras que los partidos vascos no están dispuestos a tolerar.

Por eso, el compromiso de cada grupo parlamentario es poner todo su esfuerzo para alcanzar un consenso en la futura ley vasca contra la violencia de género. Se trata de uno de los primeros retos a los que se quiere enfrentar el nuevo Gobierno de coalición PNV-PSE antes de hincar el diente a los Presupuestos autonómicos.

Esta norma, que se dilucidará en el área de la propia Lehendakaritza a través del Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde, tomará el pulso de los distintos partidos políticos para comprobar si realmente escenifican un acuerdo y logran legitimar un código común que acabe en Euskadi con las agresiones machistas o si, por el contrario, su buena voluntad queda en agua de borrajas. Intención, desde luego, tienen. Al menos esa es la disposición inicial que muestran, consultadas por este periódico, las representantes de los distintos grupos políticos que conforman en la actualidad el Parlamento Vasco.

Leixuri Arrizabalaga (PNV), Oihana Etxebarrieta (EH Bildu), Eukene Arana (Elkarrekin Podemos), Rafaela Romero (PSE-EE), y Nerea Llanos (PP) urgen al gabinete de Urkullu a que apruebe «cuanto antes» la ley contra la violencia de género para evitar una de las pesadillas que hoy siguen sufriendo muchas madres, amigas o vecinas. Precisamente, situar la negociación de esta futura norma en la primera línea de la agenda política e institucional, coinciden las cinco, es un paso «primordial» para tratar de cerrar estas heridas abiertas que aún soporta gran parte de la sociedad femenina vasca.

Actualizar la normativa

Aprobar esta ley «es una urgencia», manifiesta contundente la socialista Romero y, por eso, «debemos llegar a un acuerdo». Como ella, el resto de parlamentarias coinciden en desvincular del debate partidista esta norma que hoy se encuentra integrada en la Ley de Igualdad vasca con un capítulo específico sobre la violencia de género. Un primer paso que se alcanzó en 2005 y que se busca actualizar «para responder a las nuevas necesidades» surgidas desde hace más de una década, según la peneuvista Arrizabalaga. La independentista Etxebarrieta, por su parte, cree que las agresiones machistas «son una lacra dolorosa» y que «urge, de una vez por todas, hacer un plan integral conjunto».

Precisamente, todas mencionan con firmeza la necesidad de alcanzar un pacto después del varapalo institucional que supuso no lograr un acuerdo en el anteproyecto de ley de prevención de la violencia machista que elaboró el Gobierno de Patxi López en 2012. Hoy, sin embargo, el arco parlamentario no está dispuesto a perder una segunda oportunidad para proteger a las mujeres maltratadas. «Tenemos que erradicar este problema estructural, y es una responsabilidad política que así lo hagamos», manifiesta la parlamentaria de la formación morada, Eukene Arana.

La jeltzale Arrizabalaga asegura que la preocupación del Ejecutivo vasco es máxima y que, por eso, preservar la integridad de las mujeres y fomentar la igualdad de géneros es una «prioridad» para esta XI legislatura que acaba de arrancar y que, desde su partido -y en coalición con los socialistas- «haremos todo lo posible para sacar cuanto antes esta ley». Así lo espera también la secretaria general del PP vasco, Nerea Llanos: «Es uno de los grandes asuntos de Estado en el que todos tenemos que ir a negociar con una visión de aportar cada uno nuestro granito de arena». «Luchar contra la expresión más grave de la desigualdad es una prioridad democrática de cualquier Estado», le sigue Romero.

La prevención como solución

Si hay algo en lo que coinciden todos los grupos que conforman la Cámara de Vitoria es que la ley contra la violencia de género tiene que contemplar, sí o sí, la prevención para evitar futuras agresiones. ¿Cómo? A través de la educación y la sensibilización social. Incidir en estos dos campos, aseguran las cinco, es la base para cimentar una sociedad igualitaria que recele con contundencia de las agresiones contra las mujeres y para que no se acepten actitudes aparentemente inofensivas que, sin embargo, llevan una carga importante de machismo detrás.

No obstante, explican, no se trataría de descuidar la atención de las víctimas, porque «hay que mantener los protocolos de seguridad», pero la nueva ley, según las protagonistas de esta página, debería incidir especialmente en sensibilizar a las nuevas generaciones.

«Educar a nuestros jóvenes en igualdad para que se conciencien en que nadie está por encima de nadie, y menos por tener un sexo diferente, es primordial. Porque así se evitarán comportamientos de desigualdad que, muchas veces, son la raíz de las actitudes violentas», dice Llanos. Arana también respalda las palabras de la parlamentaria popular. A su juicio, enfocar la nueva ley en la prevención y en la «culpabilización de los agresores» es la clave para actualizar la norma.

Mujer empoderada

En su mayoría, también apuestan por sumar a la labor de Emakunde la participación de otros agentes sociales, movimientos feministas y diferentes profesionales para «tener una visión más integral», sentencia Etxebarrieta. La parlamentaria de la izquierda abertzale, además, opina que la futura legislación debería «empoderar más a las mujeres en vez de tratarlas siempre como víctimas». Unas palabras que Arana respalda: «No debemos hacer una ley para mujeres inseguras y desprotegidas. Este asunto hay que abordarlo desde el punto de vista de que las mujeres somos seres autónomos y dueñas de nuestras vidas».

Sea como sea como se redacte la ley, cuyas negociaciones arrancarán en cuanto se retome la actividad parlamentaria, según Arrizabalaga, todas aseguran asumir este reto con «responsabilidad» para erradicar por fin esta violencia injusta.

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