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Juan Luis Ibarra: «Merece la pena jugar si los presos quisieran afrontar su deuda y resocializarse»

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El máximo responsable del TSJPV, en la terraza del Palacio de Justicia de Bilbao. :: / IGNACIO PÉREZ

  • Juan Luis Ibarra, Presidente del Tribunal Superior de Justicia vasco, Pide sacar de Interior la política penitenciaria para llevarla hacia «la Justicia memorial» y avala el traspaso de Prisiones a Euskadi

Juan Luis Ibarra acude a esta entrevista provisto de datos y de una convicción. Los datos hacen recuento de 314 asesinatos de ETA después de 1977 que no tienen autor condenado, lo que representa el 40% del total de los perpetrados; de ellos, 134 ya han prescrito y quedarán impunes. La convicción es que la política penitenciaria debe regresar a manos de la Justicia para restituir la verdad de los crímenes y la dignidad de las víctimas, pero también para favorecer la reinserción de los presos que quieran resocializarse.

-¿Tiene algo que ver la Justicia en el desarme de ETA?

-Sí. Y creo que habría llegado el momento de que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no permanezca en Interior y vuelva al Ministerio de Justicia, que es donde estuvo durante más de cien años, de 1889 a 1996. Fue con el primer Gobierno de Aznar cuando pasa a Interior, lo que hace que la mirada al tema del posterrorismo y política se produzca desde la seguridad y no desde lo que tiene una importancia muy grande, que es la Justicia. Las víctimas quieren una Justicia memorial y que se restablezca el derecho a la verdad respecto de los crímenes cuya autoría no se ha aclarado, cuyos autores no han sido encausados o que han prescrito. Y eso no tiene que ver con la seguridad, sino con la Justicia.

-¿Es realmente factible encontrar pruebas en los arsenales ocultos?

-Sí, los depósitos de armas de una organización delincuencial, como sus documentos, son piezas de convicción para los delitos cometidos. El Gobierno francés ha hecho un primer movimiento muy importante al entregar la documentación que se ha ido incautando, aunque parte de ella haya sido objeto de expurgo.

-¿Bastaría con que ETA revelara las coordenadas de sus zulos y se ejerciera un control judicial de ellos?

-El tratamiento de ese tema, como de casi todos los relacionados ahora con ETA, debe ser el de la normalidad. Se trata de la incautación de material para la comisión de delitos, no tiene ninguna particularidad desde la perspectiva de la Justicia. Pero sí es fundamental que el tratamiento de todo lo referido a la actividad delincuencial de ETA, al enjuiciamiento y a la ejecución de las penas, vuelva al Ministerio de Justicia. Que la labor de Interior se acote a la seguridad en las cárceles y se deje paso al ámbito de la Justicia memorial.

-Como magistrado, ¿qué le sugieren las detenciones de Luhuso?

-Si unas personas están manipulando armamento, aunque sean bienintencionadas, es lógico que la Policía francesa les detenga, porque los ciudadanos no pueden arrogarse funciones que son propias de los poderes del Estado. Otra cosa es la responsabilidad, que no tiene nada que ver con el tráfico de armas.

-¿Tan complicado es desarmarse?

-Pues no lo sé. Lo que es complicado de aceptar para quienes formaron parte de ETA es que el horizonte máximo al que pueden aspirar no es el de la Justicia transicional, sino el de la restaurativa. Es decir, aquella que reconoce el derecho a la verdad, al enjuiciamiento de responsabilidades y el resarcimiento de las víctimas. Y en el mismo plano, la que reconoce la posibilidad de reinserción para quienes hayan sido condenados. Eso no se puede hacer con brocha gorda, hay que hacerlo con brocha fina. Y estableciendo con claridad que el límite, frente a lo que dice el ministro de Interior, es que no se puede caer bajo ningún concepto en la tentación de emplear el Derecho como 'Derecho del enemigo'. Es el Derecho de las personas que tienen que ser juzgadas de acuerdo a un principio de común humanidad con sus víctimas. Víctimas y victimarios son seres humanos, y restablecer la dignidad de las víctimas es la única manera de que el victimario pueda restablecer la suya.

-¿ETA sigue buscando un precio final por renunciar a la violencia?

-Yo diría que cada vez menos. Si comparamos el documento de los presos de 2013 con el de ahora, es verdad que han transcurrido tres años para muy poquita cosa. Pero en todo caso, en el nuevo documento no hay ninguna propuesta de negociación, sino más bien una cierta aceptación del Estado de Derecho; eso sí, desde una mirada que no es democrática. Que se pretenda entrar en un tratamiento penitenciario prescindiendo del esclarecimiento de la verdad no es de demócratas. La finalidad del tratamiento de las penas es la resocialización del preso, y eso significa que hay que colaborar para el enjuiciamiento de los crímenes cometidos.

-El EPPK ha prohibido a sus integrantes que se arrepientan.

-Eso es una contradicción con el principio de humanidad. La única manera de restablecer la dignidad del condenado es que pueda mirar a las víctimas y establecer un diálogo en valores con ellas. Y para ello hay que reconocer el daño producido. Por eso digo que el documento de los presos no rezuma democracia. Pero nuestro ordenamiento jurídico no exige una democracia militante, ni que los condenados sean demócratas. Pero sí les ofrece la posibilidad de un tratamiento que permita progresar en el restablecimiento de la dignidad. Eso es la progresión de grado y el paso de un régimen penitenciario cerrado a uno abierto. Lo que no se puede aspirar es a la libertad condicional sin afrontar el arrepentimiento, llámese como se quiera.

Los cinco primeros años

-¿Puede un preso, entonces, mejorar su situación si no está dispuesto a asumir el daño causado?

-El artículo 90 del Código Penal es muy complejo. La pena tiene que cumplir unas fases y el final propio es el de la libertad condicional cumplidas las tres cuartas partes de la condena. Para los sentenciados por terrorismo, el precepto se convierte en un cierto galimatías, porque hay una descompensación entre unas finalidades muy ambiciosas y una acreditación que solo es formal.

-La carta aceptando su responsabilidad que firmaron los presos del grupo de Nanclares.

-Sí, ese es el requisito. El resto, la labor de los técnicos de la Administración Penitenciaria, no se explicita, y ahí hay mucho camino por recorrer. La experiencia de Nanclares es lo más interesante que se ha conocido en la aplicación del artículo 90. Creo que, inexorablemente, se pasará por un procedimiento parecido. Aunque los técnicos advierten de que los condenados se juegan esa resocialización en la primera parte de su condena.

-¿En los cinco primeros años?

-Sí. Es ahí donde se marcan las líneas de tratamiento y se ven efectos. Pero es ETA la que ha prohibido a sus miembros que iniciaran esa fase, la que no ha permitido que se experimente con las potencialidades de la norma. En todo caso, yo no sería pesimista. No descarto que cuando descubran las ventajas del tratamiento y se sitúen en el ámbito de la Justicia restaurativa, quieran seguirlo. Y no hay que marcar ninguna línea roja. Es una oferta y, si se garantiza la libertad de decisión individual, puede ser que se abra un camino imparable.

-¿Cuántas de las movilizaciones en torno a los presos acaban resultando contraproducentes?

-Hay que intentar que el contexto en el que se produzca la resocialización sea adecuado a ese objetivo: la vida en una sociedad que responde a los principios del Estado de Derecho. Este es el reto. Desde esta perspectiva, se puede hacer política penitenciaria. Y sería más fácil llevarla a cabo si se cumplen las previsiones del Estatuto y la ejecución penitenciaria se transfiere a la Comunidad Autónoma Vasca. Pero existe una contradicción que tendrán que resolver. Porque si Sortu rechaza en sus estatutos la violencia, tiene que ser consecuente: quien la haya empleado no puede ser acogido ni como héroe ni como militante de la paz.

-¿Se persigue una exoneración social de la culpa?

-Claro. Y la política debe jugar en ese campo, sin miedo: enfrentar a quienes van a volver a la sociedad con la realidad de esa sociedad. Durante muchos años la liturgia sobre los condenados ha sido hagiográfica, casi religiosa, para llevarlos a los altares. Ese es un error del que hay que salir. Y luego hay que jugar. La alternativa es no hacer nada y esperar a que quede un reducto quizá de cien presos, con cumplimientos máximos de hasta 40 años. Pero merece la pena jugar siempre que en ese grupo humano haya interés, porque no se trata de imponer nada, sino de ofrecer posibilidades con expectativas realistas. Si los presos quieren afrontar su deuda, recibirán el apoyo institucional para que tengan todos los derechos como ciudadanos. Si además se descubren como ciudadanos demócratas, mucho mejor.

-¿Renuncia el ministro de Interior a hacer esa política cuando sitúa como listón la disolución de ETA, el desarme, el arrepentimiento, la petición de perdón y las compensaciones a las víctimas?

-El problema es que dice que para hablar deben consumarse primero esos cinco objetivos. Objetivos que no son solo lícitos, sino sumamente convenientes. Pero la exigencia del arrepentimiento y de que pidan perdón no es un requisito para el tratamiento, porque lo que este persigue es, precisamente, que el preso tome conciencia. Sin tratamiento es difícil llegar al arrepentimiento. Y el pago de las indemnizaciones tampoco es un problema de Interior, es de ejecución de sentencia. El interno tiene derecho al tratamiento si quiere entrar a él. Y si es efectivo, acabará satisfaciendo los objetivos que se persiguen.

-¿Ayudaría a ello que se trasladara a los presos a cárceles vascas?

-Pues depende. Si están en un proceso de tratamiento individualizado y voluntario, seguro que sí.

-¿Cuánta importancia tiene para usted la presencia de la izquierda abertzale en la apertura del Año Judicial y su reunión posterior con Jone Goirizelaia y Julen Arzuaga?

-Es muy importante, pero a dos niveles. En el plano institucional, no me planteaba ninguna duda ni ningún problema recibirlos, agradecer su asistencia e interesar que se pasaran por mi despacho por si pudiera resultarles de utilidad para su trabajo. En el plano humano, a mí me resultó difícil, como supongo que le resultó a Jone Goirizelaia, por motivos distintos. Hay un problema de convivencia muy fuerte, y no creo que debamos perder la memoria. Goirizelaia y yo tenemos mucha vida social y política de por medio y, por lo tanto, no puedo prescindir de esa vivencia personal en lo personal. Pero en lo institucional, sí. Y para mí tuvo mucho interés conocer los planteamientos de EH Bildu sobre la Administración de Justicia.

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