El Gobierno Vasco urge a Madrid a salvar cuatro litigios competenciales antes de fin de año

Las palabras de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría abriendo la puerta a «replantearse» alguno de los recursos presentados alentó las expectativas sobre el deshielo en la relación. Pero en el departamento de Josu Erkoreka rebajan de momento la euforia, e insisten en que por ahora solo hay buenas palabras. El consejero encargado de la función pública y de velar por el respeto al autogobierno, de hecho, no tiene previsto de momento reunirse con su homóloga en Madrid, aunque ambos reconozcan su buena sintonía personal. Más allá de la foto, en realidad no haría falta un 'cara a cara' si ambos gabinetes se avienen a acordar. Basta con «desbloquear de arriba abajo» la negociación que desde hace seis meses se mantiene en la comisión bilateral Euskadi-Estado.

Dicho foro es el que debe reunirse antes del día 31 para dirimir sobre los recursos presentados por el Gobierno central contra algunos de los artículos de cuatro de las últimas leyes que aprobó el Parlamento Vasco antes de concluir la décima legislatura. En concreto, la Abogacía del Estado recurrió doce artículos de la Ley Municipal, referidos al uso del euskera o al carácter vinculante de los procesos de participación; dejó en suspenso la conocida como ley de abusos policiales al cuestionar «la comisión de valoración» de los casos; y recurrió la ley de Adicciones en lo referente a la regulación de los clubes de cannabis y la ley de Iniciativa Legislativa Popular. Los cuatro conflictos se encuentran en el trámite de negociación bilateral previo a su derivación al TC, y en este margen de negociación técnica, pero también política, el Ejecutivo Urkullu confía en llegar a sendos acuerdos que abran paso a una legislatura menos judicializada. No hay fecha fijada para esa reunión, pero antes de fin de año los equipos jurídicos de ambos gobiernos deben resolver si consensúan una interpretación de la ley (que será publicada en los boletines oficiales del Estado y del País Vasco) o dejan la discrepancia en manos de los jueces del alto tribunal. En 2016, se han alcanzado dos acuerdos totales en el seno de esta comisión, uno en torno a la ley vasca de derecho civil y otro sobre la protección social de los trabajadores del sector marítimo-pesquero.

El TC tiene entre manos otros seis conflictos positivos de competencias, es decir, litigios sobre normativas que no tienen rango de ley, como el decreto que anuló en Euskadi el copago sanitario o el que garantizó la cobertura sanitaria universal. Junto a ellos, el tribunal tiene pendiente también de resolver los recursos de inconstitucionalidad interpuestos sobre 14 de leyes, la mayoría estatales, que fueron impugnadas por el Ejecutivo vasco por considerar que invadían competencias propias, como las ayudas al empleo o las pagas extra de los funcionarios. Sobre este último asunto, el TC sentenció el pasado octubre en contra de la decisión del Ejecutivo Urkullu de abonar la extra navideña de 2012, aunque la sentencia no se ha ejecutado -es decir no se va a reclamar la devolución del dinero-, por considerarse que el perjuicio sería mayor.

Además del TC, en la vía contencioso-administrativa hay otra quincena de conflictos abiertos, entre ellos, los recursos contras las OPE de la Ertzaintza que tanto han molestado al Ejecutivo Urkullu. Retirado el de 2014, aunque al final no se resolvió el fondo del conflicto -la tasa de reposición de la plantilla-, el problema se centra en el de 2015, que el Gobierno Vasco lo ha recurrido ya en casación ante el Supremo. La clave es que 250 agentes, ya diplomados aunque aún en prácticas, lograron plaza en una oferta pública cuya validez judicial está en el aire, ya que el Ejecutivo central no admite más de 111 plazas. La OPE fue anulada en julio en primera instancia, pero no fue paralizada hasta que el TS resuelva definitivamente el asunto. En caso desfavorable para Urkullu, el Gobierno Vasco confía en que la política vuelva a salvar, vía Junta de Seguridad, un conflicto que, en su opinión, no debería haber salido de ese foro bilateral.

La reunión del pasado lunes entre el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro y el consejero Pedro Azpiazu buscó ese acercamiento político, más allá de las cuestiones sectoriales -en su caso el Cupo o la financiación del TAV-. Y con ese propósito se están produciendo conversaciones entre Mariano Rajoy y Andoni Ortuzar, Sáenz de Santamaría y Erkoreka, o las reuniones ya confirmadas que Arantxa Tapia tendrá a principios de enero con dos de los ministros de su ramo, Tejerina y Nadal.