Diario Vasco

El juzgado embargará a Alfredo de Miguel sus bienes si no hace frente a la fianza de 16,5 millones

Alfredo de Miguel, antiguo 'número dos' del PNV en Álava y diputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial (Urbanismo) hasta 2010
Alfredo de Miguel, antiguo 'número dos' del PNV en Álava y diputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial (Urbanismo) hasta 2010 / Iosu Onandia
  • La cantidad se ha calculado en base al volumen de todas las operaciones bajo sospecha en el caso que afecta como principal acusado al antiguo 'número dos' del PNV en Álava

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El juzgado tendrá que embargar a Alfredo de Miguel todos sus bienes si finalmente no es capaz de hacer frente a la fianza de 16,5 millones de euros que le reclama el fiscal Josu Izaguirre antes del juicio -aún sin fecha- que por fin dictará sentencia sobre la trama encabezada por el antiguo 'número dos' del PNV en Álava y diputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial (Urbanismo) hasta 2010, según confirmaron ayer fuentes cercanas al acusado a este periódico. Esta cantidad se ha calculado en base al volumen de todas las operaciones que están bajo sospecha entre las que destaca la recalificación de suelo en Zambrana, un proyecto cifrado en cerca de 65 millones. Además, su mujer, Ainhoa Bilbao, tendrá que depositar otro medio millón por ser la gerente de Kataia Consulting, una empresa 'pantalla'.

Uno a uno se les ha comunicado a los 26 imputados sus respectivas fianzas. Personas que de una u otra manera están realacionadas con oscuras operaciones como la compra de terrenos recalificables en Frúniz (Bizkaia), la adjudicación de trabajos que no llegaron a realizarse por parte del Departamento vasco de Cultura, la ampliación del parque de Miñano y -entre otras- la citada 'macro operación' prevista en Zambrana.

Precisamente, los mayores depósitos se les reclaman a quienes están relacionados con este frustrado 'pelotazo' en esta localidad alavesa de apenas 400 habitantes. A Iosu Arruti, amigo personal de De Miguel y a quien se le acusa de haber intentado captar inversores para el proyecto a través de la asesoría Sidepur, se le reclaman 9,2 millones y a su padre, Jesús, otros 7,6 millones por ser el titular de varias sociedades implicadas en esta rama del caso. A los tres antiguos responsables de la sociedad catalana Construcciones Riera (Francesc Fernández Joval, Placid Casas Baques y Joaquim Sabater Bou), por otra parte, se les ha impuesto una fianza de 6,5 millones, según publica este martes eldiario.es.

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