Diario Vasco

Los retos del nuevo Gobierno Vasco

Los retos del nuevo Gobierno Vasco
  • La mejora del empleo, el desarrollo del autogobierno y el blindaje de las políticas sociales son algunos de los desafíos a los que se enfrenta el Ejecutivo PNV-PSE

El nuevo Gobierno vasco, que tomará posesión la próxima semana, tras el acuerdo firmado por el PNV y el PSE y la investidura de Iñigo Urkullu como lehendakari se enfrentará a diversos desafíos de envergadura. Entre otros, los siguientes:

Presupuestos

Hacer mucho con tan solo un poco más de dinero

El nuevo Gobierno vasco está obligado a estirar el dinero e incluso a hacer magia con el Presupuesto de la comunidad autónoma porque el panorama a corto plazo es poco alentador. La experiencia de los últimos ejercicios ha demostrado que incluso con crecimientos económicos apreciables –en torno al 3% para este año– la recaudación de impuestos tiene ahora un comportamiento más modesto. Y eso pese a los incrementos de la presión fiscal que entraron en vigor en enero de 2015. El empuje de las exportaciones –que tiene un efecto negativo sobre el IVA– y los bajos precios de la energía –que tumban la recaudación de este mismo tributo en Bizkaia por su impacto en la venta de hidrocarburos– no dejan mucho margen. El Gobierno de Iñigo Urkullu ya ha experimentado lo que pasa cuando los presupuestos se hacen con un exceso de optimismo recaudatorio. Sucedió en 2015 –tuvo que cortar el gasto en unos 660 millones de euros en la recta final del año– y lo tendrá que volver a hacer en este ejercicio, aunque con una cifra algo más moderada. El Gabinete se verá obligado a un derroche de imaginación para subir de forma regular el salario de los funcionarios, mantener la calidad y las demandas de mejora en el sector sanitario y en el educativo, sostener el ambicioso gasto social y, además, sorprender con alguna iniciativa original que impulse la definitiva salida de la ya dilatada crisis. El corsé de la Unión Europea y los excesos del pasado son un freno. Euskadi ya está muy endeudada –a finales de año la cifra se situará en torno a 10.000 millones de euros–, de ahí que el margen para elevar ese guarismo sea muy limitado. Más bien al contrario, el nuevo Ejecutivo deberá pensar en rebajarla porque hay que comenzar a coger pulmón para el futuro. Un periodo de crecimiento como el actual tan sólo es la antesala de la próxima crisis y el consejero de Hacienda, sea quien sea, lo sabe bien.

Economía

Impulsar la industria para generar empleo

Rebajar la tasa de desempleo, o al menos intentarlo, será el objetivo primordial del nuevo Ejecutivo, como no podía ser de otra manera. La sociedad lo demanda. El propio Iñigo Urkullu ha formulado su compromiso de situar ese ratio por debajo del 10% a lo largo de la legislatura que se inicia –en la actualidad es del 12,6%– y para ello necesita que algunas cosas que no controla vayan bien: que el impacto del Brexit no hunda la demanda de los principales países de la Unión Europea; que el sector financiero del euro recupere la solvencia perdida y que el conjunto de la economía española mantenga un ritmo saludable. Pero, además de todo ello, el Gobierno está obligado a redoblar su apuesta por la industria y los servicios que se mueven en torno a ella. Con la inversión pública bajo mínimos –no hay perspectivas de un despegue fulgurante de nuevas infraestructuras–, el sector de la construcción seguirá bajo respiración asistida y en el subsuelo. El Ejecutivo está obligado a pasar ahora de las palabras a los hechos, porque ha sido precisamente la inversión en I+D una de las que más ha sufrido la contención del gasto público en la pasada legislatura. En 2015, sin ir más lejos, algo más del 26% del presupuesto anual del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad –en torno a 130 millones de euros– no fue ejecutado. Así figuraba en la liquidación presupuestaria del ejercicio, de donde se podía deducir que ese departamento, precisamente el encargado de impulsar el crecimiento industrial, había actuado de comodín para controlar el déficit público. El nuevo Gabinete también tendrá que lidiar con la creciente confrontación protagonizada por el sindicato mayoritario, ELA, que ya no oculta la existencia de un doble frente de batalla: el de la empresa privada, pero también el de una Administración pública que, interpreta, ha decidido darle la espalda para favorecer la posición de organizaciones sindicales con menor peso específico.

Reforma del Estatuto

El desafío de un acuerdo transversal y avalado en Madrid

Todos los grupos que han obtenido representación en el nuevo Parlamento, excepto el PP –que propugna cambios «hacia dentro» para reforzar la autonomía foral–, defienden la necesidad de reformar, en mayor o medida, el Estatuto de Gernika de 1979, que no ha sufrido ni un retoque desde su aprobación. Pero eso no garantiza, ni de lejos, que el acuerdo parlamentario vaya a ser sencillo. Todo lo contrario, a pesar de la nueva y amplia mayoría favorable al derecho a decidir y de las sorprendentes coincidencias en las propuestas de PNV, EH Bildu y Podemos, que, sobre el papel, permitirían pronosticar un rápido compromiso. Los tres defienden una consulta a la ciudadanía y, como novedad, están de acuerdo en reclamar las transferencias pendientes. Una exigencia que comparte el PSE -así figura expresamamente en el acuerdo de Gobierno que acaba de firmar con el PNV- e, incluso, el PP, aunque con una interpretación de algunos traspasos que no coincide con la de las demás fuerzas políticas. Pero las coincidencias llegan hasta ahí. Urkullu, y ése es el quid, siempre ha abogado por un acuerdo «amplio, incluyente y transversal» en el que nacionalistas y no nacionalistas se sientan representados. No se plantea forjar compromisos de gobernabilidad con el PSE, como los que acaba de sellar, y dejar a sus socios fuera del consenso estatutario. «Hace veinte años eso habría sido posible, ahora los socios lo son para todo». En todo caso, el camino no será fácil. Las diferencias entre ambos aliados en cuestiones como el derecho a decidir o el reconocimiento de Euskadi como nación -que los socialistas aceptarían, aunque limitado al ámbito cultural- les han empujado a dejarse mutua libertad en esta materia para defender sus respectivas posiciones durante la legislatura, sin haber cerrado compromiso alguno. Urkullu tiene muy claro que «el portazo de Ibarretxe no se puede repetir», por lo que el acuerdo en Euskadi -respetuoso con la legalidad vigente, según se ha encargado de subrayar- debería incluir al menos a otra fuerza (posiblemente Podemos) para que pueda afrontar con garantías el trámite en Cortes Generales. Pero también es consciente de las dificultades para encajar las posiciones del PSE y de la izquierda abertzale, que plantea sin ambages una consulta independentista en el plazo de dos años y apuesta por una ruptura con España al margen de lo que dicten las leyes en un órdago similar al lanzado por los soberanistas de Cataluña. Hará falta encaje de bolillos para que la tarea pueda culminarse esta legislatura.

Servicios sociales

Políticas de familia para frenar el envejecimiento

El nuevo Gobierno vasco deberá planificar su agenda de políticas sociales con una amenazadora espada de Damocles sobre su cabeza: el acelerado envejecimiento de la población, que podría hacer perder cien mil habitantes a Euskadi en una década y encarecer el desembolso en sanidad y ayudas a la dependencia. El problema demográfico preocupa, y mucho, a Iñigo Urkullu, que ha anunciado en campaña su compromiso de incrementar en un 50% las ayudas a las familias para estimular la alicaída natalidad vasca. De este modo, y si se atiene a la letra del programa electoral del PNV, las subvenciones públicas por el nacimiento del segundo hijo pasarían de dos a tres anualidades de entre 400 y 900 euros. Para impulsar la conciliación, el candidato jeltzale ha avanzado además su intención de implantar permisos de maternidad y paternidad progresivamente iguales e intransferibles y quiere duplicar las plazas de haurreskolak, además de impulsar 250 proyectos piloto de guarderías dentro de empresas en colaboración con el sector privado. El principal problema de aumentar los estímulos públicos para contribuir a la sostenibilidad del sistema es de dónde sale el dinero. El Ejecutivo confía en que el empleo se recupere y pueda ahorrar en prestaciones por paro. Lo que no contempla es la idea, expresada en voz alta por algunos dirigentes del PNV como el exconsejero Juan María Aburto, de subir los impuestos para mantener el Estado del bienestar. Urkullu llevará a rajatabla su máxima de no recortar en sanidad, educación ni en ayudas sociales y tampoco contempla ampliar ni restringir la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), a pesar de la viva controversia que genera entre quienes la ven insuficiente, desde la izquierda, y quienes, como el PP, hacen bandera del control de los recursos. «El modelo es el que está diseñado por ley. El fraude es de menos del 0,5%, pero el reto es intentar que sea cero», apuntan en el Ejecutivo.

Convivencia

El desarme de ETA y la acogida a los refugiados

Iñigo Urkullu y su secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, encaran la próxima legislatura como un tiempo para asentar y mejorar sustancialmente la convivencia entre vascos. Pero, cinco años después del final de la violencia de ETA, ese reto no pasa únicamente por cerrar las heridas abiertas después de décadas de terrorismo etarra, sino que plantea desafíos novedosos como la coexistencia de diferentes cultos religiosos o la acogida de refugiados.

Urkullu sigue siendo partidario de lo que su Gobierno denomina «final ordenado» de ETA, aunque es consciente de que ni el desarme de la banda ni la política penitenciaria ni la necesaria reflexión autocrítica de la izquierda abertzale están estrictamente en su mano. Esos son, de hecho, los tres objetivos que se ha marcado, muy consciente a su vez de que la sociedad vasca ha dado por amortizada a ETA hace tiempo y ya no figura entre sus principales preocupaciones. No obstante, la disolución definitiva de la banda parece congelada en el tiempo –no hace tanto se pronosticaba la entrega de las armas para antes de las elecciones autonómicas–, el acercamiento de los presos depende de un Gobierno central de incierto pronóstico y EH Bildu sigue enrocada en un doble lenguaje que no le será fácil de abandonar. La atención a las víctimas, con la nueva ley que engloba a la de abusos policiales recién aprobada, seguirá siendo prioritaria esta legislatura. El Gobierno maneja una «agenda emergente» en la que figura como prioridad la elaboración de un «marco de acogida» a los refugiados. Según el cupo fijado por la UE, a Euskadi le correspondería recibir a más de un millar de desplazados, pero a mediados de verano los refugiados, la mayoría procedentes de Siria y Líbano, frisaban los 40. Aunque la tensión intercultural está muy lejos de la de países como Francia, el Gobierno se plantea también impulsar programas de fomento de la «diversidad».

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