Diario Vasco
Francisco Nicolás Gómez Iglesias.
Francisco Nicolás Gómez Iglesias. / J.J. Guillén (Efe)

Las acusaciones piden el ingreso en prisión del 'pequeño Nicolás'

  • Podemos y un sindicato policial reclaman las cautelares tras la condena por injurias al CNI, la acusación del fiscal y los negocios del joven en Guinea

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Las acusaciones populares pidieron este martes al juzgado la detención por riesgo de fuga y la prisión provisional sin fianza para el presunto estafador Francisco Nicolás Gómez Iglesias y para el cabo de la Policía Municipal de Madrid Jorge González Hormigos, investigado por trabajar para el primero.

Podemos, personado en este procedimiento, solicitó al juez de Madrid Arturo Zamarriego, instructor de la causa, el ingreso en prisión del joven mientras que la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU) reclamó la aplicación de medidas cautelares: retirada del pasaporte y la firma en el juzgado «todos los martes de cada mes y cuando sea requerido».

Estas peticiones se producen después de que se haya oscurecido el horizonte procesal del 'pequeño Nicolás', quien sigue de plató en plató televisivo defendiendo su inocencia. Primero tras la reciente condena por calumnias al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), con los consiguientes antecedentes penales que ello supone, y después de que el fiscal, que se había negado a acusarle hasta hace una semana, haya solicitado siete años de prisión por la pieza separada referida al viaje a Ribadeo (Lugo), que será remitida a la Audiencia de Madrid para su próximo enjuiciamiento.

A esto se suma la lista de delitos que le imputan en la pieza principal del caso, donde Gómez Iglesias está siendo investigado por «estafa, revelación de secretos, malversación de fondos públicos, usurpación de funciones públicas, cohecho y falsedad documental».

También está siendo investigado en una pieza separada referida a la grabación realizada a agentes del CNI y Asuntos Internos, en la que está investigado el comisario jubilado José Manuel Villarejo, y la falsificación de un DNI. La acusación popular se basa además en el negocio que junto con otros miembros de su entorno iba a desarrollar en Guinea Ecuatorial, y que «el CNI llevaba tiempo siguiendo los pasos».

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