Diario Vasco

El juicio por los pagos de Kutxabank a Mikel Cabieces se celebrará en febrero

Mikel Cabieces, junto a sus abogados, acude a declarar en 2015 tras la denuncia.
Mikel Cabieces, junto a sus abogados, acude a declarar en 2015 tras la denuncia. / TELEPRESS
  • La Fiscalía y la acusación popular han anunciado que pedirán penas de dos o tres años de cárcel para el exdelegado del Gobierno, el letrado Rafael Alcorta y el expresidente del banco Mario Fernández, en función de si los hechos se califican como «administración desleal» o «apropiación indebida»

El juicio por el pago de Kutxabank de 240.000 euros en tres años al exdelegado del Gobierno en el País Vasco Mikel Cabieces se celebrará en la Audiencia de Bizkaia en febrero, según ha informado la acusación particular ejercida por sindicatos nacionalistas, consumidores y pensionistas.

La Audiencia de Bizkaia acordó abrir juicio por los posibles delitos de administración desleal y/o de apropiación indebida, más falsedad documental, por el cobro irregular por parte de Cabieces de una retribución de más de 240.000 euros en tres años (de 2012 a 2014), pagada por Kutxabank por supuestos trabajos realizados para el banco desde la firma de abogados laboralistas que dirige el letrado Rafael Alcorta.

Las sesiones del juicio serán los días 14, 15 y 16 del próximo mes de febrero, aunque previamente, el día 1 de ese mismo mes, se tratarán las cuestiones previas a la vista.

En este caso, destapado por Gregorio Villalabeitia a su llegada a la presidencia de Kutxabank, están acusados el socialista Mikel Cabieces, Rafael Alcorta y el entonces presidente del banco, Mario Fernández, que durante el proceso restituyó de su bolsillo los algo más de 240.000 euros en los que se estima el quebranto económico sufrido por el banco y que declaró que contrató a Cabieces porque el PP le pidió que ayudara a buscarle una salida profesional por su vinculación en la lucha contra ETA.

Tanto la fiscalía como la acusación popular, dirigida por la abogada y parlamentaria de EH Bildu Jone Goirizelaia, han anunciado que pedirán para los tres acusados penas de dos o tres años de cárcel, en función de si los hechos se califican como «administración desleal» o como «apropiación indebida», respectivamente.

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