Diario Vasco

Los presos de ETA esperan que la «mayoría» ciudadana acote el margen del Gobierno central para mantener su política penitenciaria

El expreso y exdirigente abertzale Juan Mari Olano, el pasado martes en Bilbao anunciando las movilizaciones de diciembre en apoyo a los reclusos.
El expreso y exdirigente abertzale Juan Mari Olano, el pasado martes en Bilbao anunciando las movilizaciones de diciembre en apoyo a los reclusos. / TELEPRESS
  • Los reclusos buscan cobertura social y política para salir del bloqueo en los próximos meses

  • Debaten la adopción de nuevas medidas como la posibilidad de pedir cambios de grado

Los presos de ETA buscan cobertura social y política para dar en los próximos meses nuevos pasos a través de las vías legales y salir del bloqueo actual. Los reclusos prevén efectuar nuevos movimientos de la mano de la «mayoría social y política vasca» que, a su juicio, defiende el final de la dispersión y la flexibilización de la política penitenciaria, según fuentes conocedoras de la realidad de las prisiones. Cinco años después del cese definitivo de ETA, ante la falta de mejoras en su situación y la continuidad en el Gobierno del PP de Mariano Rajoy, los reclusos profundizarán en el debate interno que tienen activado desde hace unos meses.

El colectivo oficial, EPPK en sus siglas en euskera, recibió de hecho el pasado martes un nuevo espaldarazo de los expresos y exhuidos de la banda, que tras la gran manifestación de abril promoverán ahora para las fechas navideñas movilizaciones sociales en las calles que arropen a los encarcelados en el camino para seguir explorando nuevas vías legales. La izquierda abertzale apoya estas convocatorias, bajo el lema 'Kalera, kalera!', para mantener encendida la llama de las reivindicaciones y que servirán de prólogo a la multitudinaria manifestación del 14 de enero de la red social Sare. Los internos de ETA esperan, al mismo tiempo, que esta «mayoría social y parlamentaria» que detectan en Euskadi en favor de sus reivindicaciones acote el margen del Gobierno central para mantener su actual política penitenciaria, principalmente la dispersión y el encarcelamiento de una decena de reos con graves enfermedades.

El proceso de reflexión interno de los reclusos, que se prevé complejo al estar sus participantes dispersados y alejados en cárceles de toda España y Francia, se centra en estudiar qué nuevos pasos unilaterales pueden dar para lograr que se flexibilice su situación una vez constatado que el renovado Gobierno del PP se mantiene en el esquema de que «la dispersión solo terminará cuando la organización terrorista se disuelva».

Entre los nuevos pasos que el colectivo oficial EPPK analiza, se encuentra la posibilidad de pedir cambios de grado penitenciario para pasar del primero (el régimen más duro, en el que está clasificado el grueso de etarras encarcelados y que impide beneficios penitenciarios) al segundo, que abre la puerta al posterior tercer grado, que permite periodos de libertad condicional. No obstante, las reflexiones sobre esta y otras cuestiones siguen abiertas, según los medios consultados. En su comunicado de septiembre, el EPPK ya avanzó su intención de realizar «aportaciones» con el objetivo de «seguir vaciando las cárceles».

Las bases de 2013

Los presos siguen manteniendo como base la declaración del 28 de diciembre de 2013, en la que reconocían el «daño causado» y asumían la legalidad vigente para intentar el acercamiento a cárceles vascas y tratar de acelerar su salida de prisión. «El arrepentimiento y la delación» son las dos líneas rojas que no traspasarán, y que enmarcan en la «legislación excepcional de venganza» del Estado español, principalmente la Ley Orgánica 7/2003 aprobada en la época de José María Aznar, imponiendo el cumplimiento íntegro de 40 años de prisión para los delitos más graves y mayores trabas para acceder a beneficios penitenciarios. Un tapón que complica sus planes.

Ante estas dificultades, el colectivo oficial de reclusos está dispuesto a moverse, explorando vías legales y analizando si pueden profundizar en el reconocimiento del daño causado. Prevé efectuar estos eventuales movimientos con la 'percha' de «acuerdos de país» transversales de carácter político y social en favor de un cambio de la política penitenciaria del Estado. Los presos entienden que el nuevo mapa político tras las elecciones autonómicas de septiembre les es propicio. La mayor parte del nuevo Parlamento Vasco está a favor de otro escenario. PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos lo repiten constantemente, mientras que el PSE-EE, por boca de su secretaria general, Idoia Mendia, también ha abogado por el traslado de los presos a Euskadi y una política penitenciaria «flexible y legal». La red ciudadana Sare, paralelamente, trabaja por ensanchar el apoyo social a estas reivindicaciones a sectores amplios, más allá del independentismo vasco.

Situación en Francia

La izquierda abertzale, por su parte, destaca el «hito» que protagonizó el EPPK en diciembre de 2013, pero entiende que el Gobierno del PP ha operado con los presos igual que cuando intentó «frenar el debate» del mundo de Batasuna para abrazar las vías pacíficas, con la operación policial del caso Bateragune que llevo a Arnaldo Otegi a prisión. «El Gobierno español ha querido desde el principio dificultar el debate en las prisiones y los nuevos pasos de los presos con operaciones como las de Herrira o contra los abogados», critican desde esta formación.

Tampoco en Francia parece haber mejorado la situación carcelaria pese a la existencia de sectores en el Gobierno socialista de François Hollande partidarios de modular la política carcelaria, como evidenciaron algunos acercamientos a Mont-de-Marsan, el penal más próximo a Iparralde. No obstante, en las últimas semanas el Ejecutivo galo ha adoptado medidas como incluir en el fichero FIJAIT, de «infracciones terroristas» y creado a raíz de los atentados yihadistas en París y Niza, a decenas de presos y expresos vascos.

Al igual que el EPPK, ETA también busca cobertura social e institucional en Euskadi para dar nuevos pasos unilaterales hacia la entrega de armas. No obstante, el arresto hace nueve días en el País Vasco francés de Mikel Irastorza, el presunto miembro de la organización armada que intentaba gestionar ese proceso, evidencia la presión del Gobierno español para cortocircuitar un desarme pactado con las instituciones vascas.

Por otro lado, el colectivo ATA, formado por un pequeño grupo de expresos críticos con Sortu y que se ha quedado fuera de la órbita de la izquierda abertzale, ha convocado una marcha en Bilbao para el sábado día 26 bajo el lema 'amnistia osoa'.

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